Milei desafía al Congreso con tropas de Estados Unidos en suelo argentino

En "La Hora de los Pueblos" (1968), Juan Domingo Perón enfatizó la importancia estratégica del Atlántico Sur y la Antártida para el futuro de Argentina, vinculándolos al reclamo soberano de Malvinas y su papel en la región, como un elemento fundamental para la seguridad y el desarrollo del país.

Cincuenta y siete años después, en un movimiento que expone la fragilidad de las instituciones democráticas argentinas, el presidente Javier Milei ha autorizado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025 el ingreso de tropas estadounidenses al territorio nacional para realizar ejercicios militares conjuntos, sin someterlo al examen del Congreso.

Esta decisión, publicada el 30 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial, no solo contraviene la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 28), sino que pisotea directamente la Ley 25880, sancionada en 2004 para regular la introducción de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales.

En particular, el artículo 5 de esta norma establece un procedimiento claro y anual para las "ejercitaciones combinadas": el Poder Ejecutivo debe presentar un proyecto de ley en la primera semana de marzo de cada año, cubriendo un programa que abarque desde el 1 de septiembre del mismo ejercicio.

El "Ejercicio Tridente", programado del 20 de octubre al 15 de noviembre de 2025 en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, ignora por completo este plazo.

La Ley 25.880, promulgada para salvaguardar la soberanía en un contexto pos Guerra de Malvinas donde la vigilancia sobre presencias militares extranjeras es vital, no deja resquicios para interpretaciones antojadizas. Define "tropas extranjeras" en su artículo 3 como elementos de fuerzas armadas o instituciones similares con fines operativos, excluyendo solo a personal diplomático.

El Tridente involucra a las Fuerzas Navales de Operaciones Especiales del Comando Sur de Estados Unidos (Ussouthcom), con énfasis en interoperabilidad, defensa naval y asistencia humanitaria simulada.

Esto no califica como excepción bajo el artículo 6 -que permite autorizaciones ejecutivas solo para ceremonial, emergencias naturales o rescates-, sino que cae bajo el régimen estricto de los artículos 5 y 7, requiriendo al menos cuatro meses de anticipación para actividades no programadas anualmente.

Al optar por un DNU, Milei no solo evade el debate legislativo, sino que socava el equilibrio de poderes, un pilar de la democracia argentina. La Comisión Bicameral Permanente del Congreso tiene diez días para revisar el decreto, pero en un Congreso fragmentado por las elecciones del 26 de octubre, su validez pende de un hilo.

Este acto no es aislado, sino parte de un patrón de alineamiento incondicional con Washington, en medio de negociaciones financieras urgentes con la administración del presidente Donald Trump.

Menos de veinticuatro horas después de una visita fallida a Ushuaia —marcada por protestas locales que obligaron a Milei a alterar su agenda de campaña—, el decreto autoriza también la salida de fuerzas argentinas a Chile para el ejercicio "Solidaridad" (6 al 10 de octubre en Puerto Varas), enfocado en desastres naturales.

Aunque esta maniobra con Santiago parece rutinaria, su empalme con Tridente levanta sospechas: ¿es un señuelo para normalizar la presencia estadounidense en el Cono Sur? ¿O acaso la gambeta a la Ley 25.880 obedece a condicionalidades del Tesoro estadounidense por un salvataje financiero?

Ushuaia no es un sitio cualquiera; es un bastión geoestratégico de primer orden para Estados Unidos. Ubicada en Tierra del Fuego, a escasos 1.000 kilómetros del Pasaje de Drake -la puerta de entrada al continente antártico-, controla rutas marítimas vitales.

En un mundo multipolar, donde China y Rusia disputan influencia polar mediante bases en la Antártida y exploración de recursos como hidrocarburos y minerales raros, Ushuaia es para Washington un punto de proyección ideal para el reabastecimiento de submarinos nucleares, vigilancia satelital y operaciones de "disuasión" en el Atlántico Sur.

La Base Naval Ushuaia, con su acceso privilegiado al Canal de Beagle y su proximidad a las Islas Malvinas, permite monitorear reclamos británicos y chinos en la región. Históricamente, Argentina rechazó tales presencias para cumplir con el Tratado Antártico, firmado en 1959.

La duda, para algunos analistas es si, en términos geopolíticos, ejercicios como Tridente podría allanar el camino para una base integrada que convertiría a la Argentina en un peón del Indo-Pacífico extendido.

Por lo pronto, las consecuencias para Argentina son profundas y multifacéticas. Políticamente, acelera la erosión institucional: al evitar el Congreso, Milei normaliza el uso del DNU para temas sensibles, debilitando el control civil sobre las Fuerzas Armadas y fomentando un presidencialismo autoritario.

En materia de defensa, además, compromete la autonomía estratégica; la "interoperabilidad" con Ussouthcom ata a las Fuerzas Armadas argentinas a doctrinas norteamericanas, alejándolas de la integración sudamericana.

Económicamente, si es un trueque por dólares -como insinúa el secretario del Tesoro, Scott Bessent-, hipoteca soberanía por alivio fiscal efímero. Por otra parte, socialmente, genera repudio: una encuesta de Zuban Córdoba muestra rechazo de más del 70% al establecimiento de una base estadounidense en Tierra del Fuego a cambio de firmar un acuerdo económico.

Y para finalizar, internacionalmente, tensa los lazos con Brasil y Chile, y revive fantasmas malvinenses, ya que una presencia estadounidense podría interpretarse como apoyo tácito a Londres.

¿Permitirá Argentina que su soberanía se negocie en los pasillos de Washington?

Analista internacional argentino, especializado en Defensa en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, profesor de Ciencia Política.