Una mirada estructural del caso Floyd

Jorge Gustavo Onel

Fiscal Federal
Doctor en Ciencias Jurídicas

La muerte de una persona de origen afroamericano ­George Floyd­, que falleciera luego de que un policía de raza blanca del estado de Minneapolis le presionara el cuello con su rodilla durante casi 9 minutos, en circunstancias de haber sido

arrestado tras intentar utilizar un billete de 20 dólares falsificado para pagar una cuenta, ha desatado en Estados Unidos una ola de protestas que se extiende por séptimo día consecutivo en las ciudades más importantes de ese país. Tales protestas incluyen saqueos a comercios, quema de automóviles policiales, y agresiones de distinto tipo a personas y bienes. Esta compleja situación determinó que las autoridades hayan decretado el toque de queda en muchas ciudades, en las que se han desplegado unos 15.000 efectivos de la Guardia Nacional, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad ciudadana.

De acuerdo con medios internacionales, los disturbios de esta semana son los más graves que se reportan en Estados Unidos desde 1968, cuando fuera asesinado el activista contra la segregación racial ­y Premio Nóbel de la Paz en 1964­ Martin Luther King (1).

El desgraciado hecho que tuvo como víctima a Floyd, resulta sin dudas el disparador actual de un estado de cosas para cuya interpretación, entendemos, debe acudirse a razones históricas, políticas y jurídicas, sobre las cuales en estas líneas intentaremos reflexionar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2) ha destacado en un informe del año 2018, el “carácter estructural” de la discriminación racial en el sistema policial y judicial estadounidense, originada en el legado histórico de esclavización, marginación y segregación de la población de raza negra.

Al respecto, es preciso destacar que con anterioridad a la década de 1960, la actividad policial en Estados Unidos se hallaba enmarcada en un contexto de marcado racismo que permitía todo tipo de abusos contra las minorías afroamericanas.

La década de 1960, signada en el ámbito internacional por la disputa ideológica entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética como una de las aristas de la “guerra fría” ­en cuyo contexto resultaba funcional para los intereses estadounidenses poner de resalto el respeto por los derechos individuales en aquél país­, provocó que la protección constitucional frente a los abusos del poder policial llegara a todos los sectores de la sociedad, beneficiando no solamente a las minorías étnicas. A esa década pertenece la famosa “Corte Warren”, en referencia al entonces presidente del máximo tribunal de justicia, que dictó una copiosa jurisprudencia sobre la materia. A modo de meras ejemplificaciones, en “Miranda contra Arizona” puso límites a los interrogatorios policiales, los que a partir de allí debían estar rodeados de determinadas garantías tendientes a asegurar la libertad y voluntariedad de una eventual confesión, poniendo en cabeza de los funcionarios policiales la obligación de formularles a los imputados las advertencias que hoy se han hecho famosas: que tiene derecho a guardar silencio, que tiene derecho a un abogado, que si no puede pagárselo el Estado le proporcionará uno, etc.; por su parte, en los casos “Mapp contra Ohio”, “Elkins contra California” ­entre otros-, se estableció que las pruebas obtenidas en violación a las garantías constitucionales de los acusados no pueden ser usadas en el proceso (doctrina de la regla de exclusión probatoria), mientras que en “Terry contra Ohio” se estableció que la policía solo puede detener a una persona si tiene sospecha razonable de la presunta comisión de un delito, sospecha que debía basarse en hechos específicos y no en una simple corazonada.

Importa señalar aquí que la jurisprudencia es una de las principales fuentes del derecho en Estados Unidos, de modo tal que resultan los jueces quienes a través de sus sentencias delimitan de manera preponderante las posibilidades de afectación a los derechos de los habitantes.

Así las cosas, y no obstante aquella promisoria tendencia, en las décadas siguientes se produjeron en Estados Unidos distintos fenómenos que dieron lugar a una jurisprudencia que tendió a limitar la protección de los derechos individuales, casi

siempre en perjuicio de las minorías afroamericanas. En efecto, a partir de la década de 1970, ante el avance de la criminalidad y la inseguridad en los grandes centros urbanos, comenzaría un proceso caracterizado por el dominio de las tendencias conservadoras en el máximo tribunal de aquél país. A partir de la década de 1980 en el marco de la llamada “lucha contra las drogas”, y a partir de la década de 1990 so pretexto de la “guerra contra el terrorismo”, aquel proceso se vería acentuado, independientemente de qué partido político ocupe el gobierno.

En tren de determinar las causas endógenas de dicho proceso, el criminólogo italiano Massimo Pavarini (3) asegura que desde finales de la década de 1970, la idea política de democracia y orden social ha cambiado radicalmente en Estados

Unidos, pues los espacios democráticos se han visto reducidos de manera considerable y el manejo de la economía a favor de la primacía absoluta del mercado, han llevado necesariamente a adoptar políticas de control social tendientes a gobernar unas masas crecientes de excluidos. Así, del estado de bienestar (“welfare state”) se ha pasado al estado de prisión (“prison state”). En la actualidad, Estados Unidos es el país con el mayor porcentaje de personas privadas de su libertad en relación con su población, la mayoría de los cuales no pertenece a la raza blanca. Es también una de las pocas naciones industrializadas que aún conserva la pena de muerte, al menos en 20 de sus 52 estados.

Las doctrinas judiciales imperantes a partir de entonces, influidas por la hegemonía del pensamiento conservador, han contribuido de este modo a las políticas de control social y criminal.

La Comisión Interamericana, en el informe señalado más arriba, ha propuesto llevar adelante reformas sistemáticas con el fin de transformar de manera efectiva la situación en el futuro: se sugiere allí la adhesión de Estados Unidos a los instrumentos internacionales de protección de derechos individuales y la adopción de un amplio catálogo de medidas en todos los espacios gubernamentales para evitar la discriminación racial.

Estas breves líneas intentan contribuir a explicar los lamentables hechos que están ocurriendo por estas horas en una de las naciones más desarrolladas del mundo ­que además es el primer estado constitucional del planeta­. Tales hechos posiblemente también se hayan visto agravados a causa de los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19 en ese país, que a la fecha se ha cobrado la vida de más de cien mil personas y ha ocasionado la pérdida de más de 30 millones de puestos de trabajo, con una tasa de desempleo cercana al 15 por ciento, la mayor desde la “Gran Depresión” de los años ’30, luego de llegar a niveles mínimos históricos a finales del año pasado.

(1) Fuente www.bbc.com

(2) Fuente www.oas.org “Violencia policial contra afrodescendientes en Estados Unidos”, informe del 26 de
noviembre de 2018.

(3) Virgolini, Julio E. S., La razón ausente. Ensayo sobre criminología y crítica política, Editores del Puerto, Bs. As., 2005.