Cuando el árbol tapa el bosquecito

Las provincias que tienen planes de forestación y programas de promoción del arbolado público eficientes dejan a la vista sus resultados. Rutas arboladas, personal encargado de su riego, implantaciones de especies adecuadas, recuperación de áreas degradadas por el hacha y la motosierra y, sobre todo, esfuerzos sostenidos durante décadas.

Los buenos ejemplos están en otras regiones del país y se destaca la de Cuyo, sobre todo Mendoza desde sus orígenes porque agua, árboles y cultivos se han cuidado juntos, y también San Luis, dinastía de los Rodríguez Saa mediante, donde los programas cuentan por cientos de miles los árboles implantados en zonas donde el riego debe ser ejemplar por ejemplar y porque se incrementó en un 50% el volumen del agua disponible mediante la construcción de diques (hoy son más de 20 y en los '80 se contaban con los dedos de una mano).

En otras provincias, donde el árbol es más un recurso para la industria maderera también el Estado asume una dirección clara, como en Misiones. Se procura que la actividad sea sostenible en lugar de fijarse como preocupación la deforestación, es una reforestación permante. En otros casos, se ha optado por el conservacionismo del bosque existente o se le han procurado espacios para que queden al margen de las actividades productivas mediante reservas o parques (acaso lo poco que ha hecho Santa Fe en la materia).

¿Hay una política pública forestal santafesina que se le parezca a cualquiera de estos modelos? La pregunta es retórica; la respuesta, obvia. Y las responsabilidades compartidas entre las fuerzas políticas que han gobernado en las últimas décadas. No son cambios para una o dos gestiones.

Decisión

En los últimos días del año pasado, el gobernador Omar Perotti firmó un decreto tramitado por la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia Erika Maria de Lujan Gonnet, que básicamente le cambia el nombre a un programa provincial, existente desde 2011, con el resultado ya señalado. Y también reasigna su autoridad de aplicación a su ministerio, ya que antes medio ambiente compartía cartera con infraestructura.

Pero lo que importa está en dos de sus cuatro artículos: se deroga el Programa Provincial "Para cada santafesino un árbol" y se crea otro denominado "Plantar para el futuro". Sus ambiciosos objetivos son muy similares, las fuentes de financiamiento identificadas idénticas y los presupuestos respecto de la necesidad de que el Estado tenga una política de forestación varían especialmente en cuanto a los antecedentes legales. Nada más.

En pocas palabras, hay más diferencias entre los considerandos que entre la parte resolutiva del reciente decreto 2981 de unos días atrás y el derogado 715 de 2011.

Que nadie crea que fue un simple copiar y pegar. Lo que antes estaba en el articulado del decreto de 2011, en el programa de fines del gobierno de Hermes Binner, ahora se encuentra en un anexo en el actual decreto, con otra redacción.

Una ley a seguir

A favor del decreto actual debe decirse que se actualiza el marco normativo para la existencia de un programa que, se llame como se llame, dependerá de los que se disponga en la ley de presupuesto de cada año (no fijó un porcentaje el gobierno del Frente Progresista ni lo hace hoy el del justicialismo). O de las eventuales donaciones que pudieran presentarse.

Hace doce años, el decreto derogado reconocía la existencia de la Ley Provincial Nº 9.004 que regulaba el Arbolado Público y ahora el decreto vigente a la Ley Provincial del Árbol N° 13.836 (de 2018), que justamente deroga a aquella, además de establecer los presupuestos necesarios para una verdadera política pública para que haya más árboles en Santa Fe, junto a su extenso decreto reglamentario (N° 3674/19) que alcanzó a dictarse durante el gobierno de Miguel Lifschitz, quien impulsó esa norma que en las Cámaras se enriqueció con aportes de proyectos del senador justicialista Alcides Calvo (Castellanos), la diputada socialista Inés Bertero y el diputado provincial Héctor Cavallero (FJV).