Democracia y pobreza: una relación recurrente

La palabra democracia proviene del griego, mediante la unión de los vocablos demos (pueblo) y kratos (poder): poder del pueblo. Y pobreza deriva del latín pauperitas (pauper, pobre).

Desde que Alexis de Tocqueville escribiera hacia 1835 su obra "Memorias del pauperismo" (*), el tema ha sido objeto de estudio por parte de políticos, politólogos, analistas de la opinión pública, comunicadores sociales, economistas, empresarios, filósofos, sociólogos e intelectuales de diversa extracción ideológica, y despierta particular interés en la actualidad.

Tocqueville centra su análisis de la relación entre democracia y pobreza en el estudio de las condiciones sociales en la Inglaterra del siglo XIX, en el marco de la llamada Revolución Industrial, con los antecedentes históricos de la Reforma Protestante implementada en dicho país en el siglo XVI por Enrique VIII (1491-1547), que se materializa en el Acta de Supremacía Real de 1534.

Uno de los efectos fue la secularización de los bienes de la Iglesia Católica. De hecho fue su hija, la reina Isabel I (1533-1603), la que disolvió las instituciones de la caridad católicas, una caridad que será considerada a partir de allí una virtud privada, implementándose al mismo tiempo la función de los llamados Inspectores de Pobres y un sistema de asistencia pública concordante.

Y fue Adam Smith (1723-1790) quien escribió en 1776 su trabajo "Sobre el origen de la riqueza de las naciones".

Los puntos de partida

Estos tres ejemplos históricos sirven para remarcar que no es para nada un detalle menor que la cuna del liberalismo económico sea el Estado que impone la asistencia pública en términos generales.

Para abastecer las necesidades básicas de amplios sectores de la sociedad, para paliar los efectos del trabajo industrial intensivo y la desocupación resultante, así como de la concentración de tierras y la expulsión de pequeños terratenientes y arrendatarios de sus tierras o de su estructura productiva, etc.

Pasemos a analizar ahora la relación entre democracia y pobreza en la Argentina. Las políticas liberales en economía fueron acompañadas de una salvaje represión política impuesta por la dictadura cívico-militar en 1976.

Desde la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín en 1983 hasta el presente, Argentina ha vivido en democracia. Siempre acechada por la mezquindad y propósitos de vastos sectores de la sociedad.

Vamos a intentar describir este fenómeno económico, financiero y social, para conocer y explicar las posibles causas de por qué la situación persiste, tratando -a la vez- de ofrecer posibles vías de solución. Los aspectos a considerar para este análisis son los siguientes:

1) La democracia es condición excluyente. Sin la democracia, protestando en soledad y sin el consenso de todos -o al menos la mayoría- de los dirigentes del país, la Argentina no saldrá nunca de esta circunstancia sistemática y crónica llamada "de crisis", o "de pobreza", que muchos también asocian a una palabra radicalmente más dura y abarcadora: "miseria".

Obviamente, más allá del difícil y complejo panorama coyuntural actual, creemos que están dadas las herramientas para terminar con la tendencia de gobernar sin un consenso real y hacerlo, por el contario, en base a la unidad de la mayoría de los argentinos.

2) A través del voto y la participación. Votar no es lo mismo que participar. Por eso en democracia es fundamental la unidad como premisa insoslayable, para lograr objetivos consensuados y de larga vida.

La crisis de representatividad política debida a la corrupción, la riqueza de los dirigentes y la pobreza social masiva, producen un razonable descontento y descrédito popular con la clase política dirigente.

3) Recuperar la confianza en la clase dirigente. Para ello, en primera instancia es necesario que no haya corrupción, para poder salir de una vez por todas de aquella consigna mayoritaria de 2001 ("¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!"), que se instaló con muchísima fuerza hace ya un cuarto de siglo, fundamentalmente porque fue el vehículo necesario de un reclamo legítimo.

Y si hay corrupción, que la justicia, encarnada en el Sistema Judicial argentino, funcione, para que los políticos y funcionarios corruptos terminen condenados y en la cárcel.

4) Un sano y compartido ejercicio del poder. Que el Ejecutivo de turno (el "oficialismo") deje en manos de la oposición el control genuino de las acciones de gobierno y la posibilidad de denunciar ante la justicia, a todos quienes "metan la mano en la lata", u ofendan con su actuar o proceder a la sociedad y a la ciudadanía argentina, por ejemplo, robando el dinero que corresponde a los jubilados, enfermos y discapacitados.

El ejercicio del poder

Es necesario volver nuestros pasos sobre el cuarto punto, el del sano -es decir no abusivo- y compartido ejercicio del poder.

Obviamente, lo ideal es plantearlo mediante la descripción de la pertinencia de cada uno de los tres poderes del Estado (en función de un propósito definitivamente democrático, republicano y federal, como manda explícitamente la Constitución Nacional), pero agregando, además, otros dos aspectos fundamentales.

a) El Poder Ejecutivo. Todos los funcionarios de un gobierno democrático están obligados a cumplir cada uno de sus actos acorde a derecho, comenzando con algo tan simple como la presentación de la Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Una diligencia administrativa que, a modo de ejemplo, puso en aprietos y severas dificultades al ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial Manuel Adorni, al punto tal de costarle la renuncia. La Sindicatura General de la Nación es el órgano de control administrativo interno, así como la Auditoría General de la Nación ejerce el control externo.

Siempre es bueno recordar la histórica Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Estos órganos de control deben poseer legitimación procesal activa para poder generar denuncias penales contra los funcionarios políticos cuando existan indicios objetivos de posibles actos de corrupción.

b) El Poder Legislativo. En el Congreso de la Nación, los legisladores deben hacer y proponer nuevas leyes a través de proyectos, así como reformar las leyes existentes o derogar aquellas que sean contrarias al interés nacional o hayan caído en desuso.

Si el Congreso se transforma en una "escribanía" del Poder Ejecutivo, no ejerce la función de equilibrio de poderes requeridos constitucionalmente. Deben aplicarse los mecanismos previstos en la Constitución Nacional y las leyes existentes para garantizar el control legislativo republicano (pedidos de informes, interpelaciones, juicio político).

O crear nuevas leyes que mejoren los mecanismos de control del gobierno. No hay que perder de vista que en toda elección, habla la voz del pueblo, que se expresa en la pluralidad de voces de los diversos sectores políticos que componen el arco legislativo nacional, provincial y municipal.

c) El Poder Judicial. Este poder del Estado es negligente o no ejerce un debido contralor cuando arbitrariamente impulsa demasiado rápido ciertas causas y demora otras, como el llamado Caso Insaurralde, en el cual pasaron tres años con escasas e insignificantes diligencias para producir la prueba.

Los delitos penales contra la administración pública como Administración fraudulenta, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, como en principio no son los denominados "delitos de sangre" tales como homicidios y otros, en principio no suelen mover el amperímetro para que se muevan los Fiscales del Ministerio Público, a los que tampoco les conviene moverse generando acciones procesales contra el elenco político de turno, que podría hacerles incluso perder el cargo.

d) La administración de justicia. Al margen de la actuación del Poder Judicial en sí mismo, es importante la justicia en términos generales, pero reales y concretos. En este sentido, cabe agregar que cuando la justicia llega para aquellos funcionarios que ya no ejercen el poder es una justicia lenta. Y una justicia lenta no es justicia.

La llamada Justicia (quienes estén a cargo de la "administración de justicia"), respetando las garantías constitucionales y el debido proceso, debe actuar rápidamente en emitir sus fallos. Esto evita que unos pocos decidan el destino y la solución, sin rendir cuentas, ni al Congreso ni denuncias a la Justicia.

Un Poder Judicial con falencias estructurales por el elevado porcentaje de juzgados vacantes, con una burocracia judicial sin periodicidad de mandatos, con ingresos millonarios pero exenta de pago de impuesto a las ganancias no colabora a combatir la situación de pobreza social.

e) Libertad de prensa y de protesta. Este es un elemento fundamental, en la organización social de un país y para que se pueda experimentar un sano ejercicio del poder.

Que los periodistas puedan ejercitar todos sus derechos y deberes con libertad de prensa, y ser protagonistas en exponer a la opinión pública la pobreza estructural, analizar y proponer soluciones posibles a los problemas que origina la miseria.

La protesta callejera en las plazas públicas u otras dependencias gubernamentales debe de estar acompañada de propuestas, respetando a los gobiernos democráticamente electos y actuando dentro de la ley, ya que las maniobras de desestabilización de los gobiernos democráticamente electos son caros a la salud institucional del país y nadie puede poner palos en la rueda, ni desordenar el país, con manejos discrecionales.

Prioridades fundamentales

Cada uno de estos cinco aspectos, enunciados y expuestos claramente, debe integrarse en función del consenso general y el acompañamiento social, en un contexto de democracia formal que vaya mucho más allá de tener elecciones periódicas. Es imposible si existen corrupción, desigualdad e instituciones que no funcionan.

En este aspecto de democracia integral fundada en un amplio consenso institucional que involucre al Estado, los productores y trabajadores, en ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes públicos, en el marco de un proyecto político fundado en un gran acuerdo nacional -como fue en España el Pacto de la Moncloa-, será posible terminar con la pobreza.

En concreto, hubo muchos países que han tenido este problema –incluso el de una pobreza mucho más extrema y concordante con la definición de miseria e indigencia total-, y pudieron resolverlo.

Entre ellos podemos mencionar los casos de Corea del Sur entre 1960 y 1990, o Chile entre 2000 y 2015, ejemplos en los que se puede observar en detalle cómo hicieron en su momento para erradicar una situación de extrema pobreza o de miseria (que se relacionan intrínsecamente pero no son lo mismo).

En su momento, estos países priorizaron los siguientes ideales, que fueron fundamentales para semejante logro temporal:

1) La educación pública, la salud pública y un plan federal de trabajo, como prioridades impostergables. 2) La economía productiva que genere empleo como herramienta de desarrollo. 3) Una justicia independiente. 4) Recuperación del empleo de los sectores privado (expansión de la producción, la distribución y el comercio) y público (aumento de la recaudación derivado del aumento de la productividad) (**).

A Corea del Sur le llevó unos treinta años llegar a miseria y pobreza cero por el referido camino de prioridades fundamentales. El mismo camino, con el mismo final favoreció un tiempo a Chile, sin que esto signifique justificar el modelo de polarización de clases vigente en el vecino país. En ambos casos hubo acuerdos básicos.

Cada partido político presentó su plan en economía, educación y salud, con reglas de juego claras. Argentina padece falta de igualdad de oportunidades. Y al revés en contextos de extrema pobreza la democracia se pone frágil, la gente se frustra y busca soluciones rápidas que terminan en autoritarismo.

(*) Mucho más conocido en castellano como "Democracia y pobreza", traducción de Antonio Hermosa Andújar. Primera edición, Clásicos de la Cultura, Madrid. Editorial Trotta, año 2003.

(**) Con los planes sociales funcionando de modo focalizado y transitorio. Cuando el trabajo tiende al pleno empleo y el porcentaje de aumento de salario es mayor a la inflación, que debe rigurosamente controlarse en niveles razonables para que no afecte el poder adquisitivo del salario.