Una política para la actividad de los "trapitos"

En menos de una semana, la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe se convirtió en el escenario de dos incidentes violentos que tuvieron como protagonistas a cuidacoches.

La primera situación se generó en la esquina de calles 9 de Julio y Santiago del Estero. Apenas habían pasado algunos minutos de las 20.30, cuando un “trapito” se acercó a un conductor que acababa de estacionar su auto y le dijo que debía abonar una “tarifa” de 40 pesos.

Cuando el dueño del vehículo se negó, el cuidacoche lo amenazó con una barra de hierro de unos 40 centímetros. Desde el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, se dio inmediato aviso a la Central de Emergencias 911. La policía llegó a tiempo y el agresor fue aprehendido por “amenazas calificadas”.

El martes de esta semana, poco después de las 18, una mujer estacionó su auto en calle Suipacha, entre Av. Freyre y San Lorenzo. Casi inmediatamente, se le acercó un hombre pidiéndole dinero y mostrando un cuchillo. La víctima decidió abandonar el lugar y llamar a la policía. Poco después, el agresor fue detenido. Entre sus pertenencias, apareció el arma blanca.

Pocas horas antes de este incidente, El Litoral informaba sobre la denuncia de la madre de una estudiante de Abogacía de la Universidad Nacional del Litoral. Según su relato, un “trapito” había hostigado y perseguido a su hija reclamándole el pago de una “tarifa” por el mero hecho de estacionar en inmediaciones de la facultad.

Como toda problemática donde se entremezclan cuestiones sociales y económicas, el tema reviste una evidente complejidad. Para centenares de familias en la ciudad de Santa Fe -como en tantas otras de la Argentina-, cuidar coches estacionados en la vía pública representa una fuente indispensable de ingresos.

Con un tercio de la población sumida en la pobreza y con enormes franjas de personas condenadas a sobrevivir fuera del sistema de trabajo registrado, no parecen existir demasiadas alternativas.

Sin embargo, este escenario no puede ser tomado como argumento válido para tolerar situaciones de violencia, amenazas o extorsiones en la vía pública.

Una cosa es que un cuidacoche ofrezca un servicio a los automovilistas -de lavado o cuidado del vehículo- y otra muy distinta es que se fijen compulsivamente tarifas para permitir que la gente estacione en la vía pública. Mucho menos tolerables son aquellas situaciones de intimidación explícita, en las que se generan conductas delictivas.

Desde la Municipalidad de Santa Fe se informó que el tema viene siendo evaluado y que pronto habrá algún tipo de anuncio al respecto.

Por el momento, imperan las dudas. Cuando se aprobó la ordenanza que establecía el mecanismo de estacionamiento medido en la ciudad (Nº 10.009), se excluía de la zona a los cuidacoches en los horarios de funcionamiento del sistema. Años después se modificó esa norma con otra (Nº 10.966) que autorizaba la actividad “mediante la entrega de una credencial, que determinará el lugar y hora que comprende la autorización”. Finalmente, otra ordenanza (Nº 11.394) derogó las anteriores y dejó abierta la posibilidad de ejercer esta actividad sin limitaciones.

El problema existe y las condiciones de precariedad social son inocultables. Sin embargo, se impone la necesidad de tomar medidas al respecto. No sólo para proteger a potenciales víctimas de amenazas, sino especialmente para generar alternativas a quienes no tienen otra salida más que salir a la calle para sobrevivir gracias a la buena voluntad de los demás.