Los santafesinos, espectadores en primera fila del proceso de normalización y potenciación de la Defensa Nacional

Desde épocas de campaña, el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Luis Petri marcaron su favorable postura hacia la ponderación del Instrumento Militar Argentino, su personal y medios. Contrario a la inercia histórica entre lo dicho en proceso electoral y lo realizado en gestión, los nuevos funcionarios levantan las mismas banderas aún con más fuerzas en la medida que avanza el tiempo. Santa Fe es protagonista de esa actitud a la que la política nos tenía desacostumbrados, una postura que supera viejas heridas en beneficio del desarrollo y la protección nacional de cara a los desafíos modernos.

En nuestra provincia, la primera acción en esa línea fue cuando Petri firmó la resolución para que las Fuerzas Armadas realicen “Operaciones de Apoyo al Sistema de Seguridad Interior” en Rosario. Incluyó en ese documento las reglas de empeñamiento que rigen al accionar del personal militar desplegado, en caso de un ataque. Esta es una señal tangible de que los problemas que arrastran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea son reconocidos, pero que además ahora existe la empatía para entenderlos y solucionarlos, asumiendo cada uno el rol que debe desempeñar desde el lugar que ocupa.

Para explicarlo mejor: si bien es natural que toda operación militar tenga sus reglas de empeñamiento, es una práctica que había dejado de ser común en los gobiernos anteriores, donde los funcionarios de turno evitaban hacerse responsables de las decisiones políticas y no dar ningún tipo de garantías a los militares afectados por las mismas en caso de tener que defenderse, en este caso, de narcotraficantes. En el mejor de los casos, una autoridad militar era quien las firmaba. Ese tipo de falencias dejaba a merced a todos los involucrados en una operación en apoyo a la seguridad interior de ser sometidos a cualquier tipo de acusación jurídica posteriormente.

En esa línea, la segunda determinación que no pasa desapercibida para los militares está incluida en el DNU donde Milei declaró a la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”. Allí, el jefe de Estado, el ministro de Defensa y todo el gabinete nacional firmaron un fortísimo gesto de confianza en sus tropas cuando el Artículo 3ro. señala que la cartera de Luis Petri adoptará “las medidas conducentes para brindar el acompañamiento jurídico, patrocinio y/o la representación en juicio de todo personal que cumpliendo sus obligaciones en acto del servicio regulado en el presente decreto pudiera enfrentar por ello un proceso judicial y/o administrativo”.

Esa manifestación de apoyo y certidumbre desde el nivel político es prácticamente inédita desde el regreso de la Democracia en nuestro país. No solamente entregan las medidas necesarias para actuar ante una vicisitud, como en el primer caso, sino que también apoyarán jurídicamente a aquellos que - en el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos - actúen en búsqueda de los objetivos que el mismo poder político les indicó. Hasta ahora, si un militar era imputado durante el correcto cumplimiento de su deber, actuando fielmente a lo indicado por la Ley, él mismo debía patrocinar y afrontar los costos y efectos del proceso, sea cual fuese. Para ser claros: los gobiernos anteriores los dejaban a su merced.

Tampoco deja de ser poca cosa la orden en sí de declarar Zona Militar a Fray Luis Beltrán. Otra vez, si bien sería normal que una de las pocas fábricas militares de nuestro país tenga el resguardo estatal que merece por su marcado valor estratégico, eso no ocurría. Para ejemplificar, un eventual ataque allí afectaría la capacidad de Defensa de nuestro país (producción, reabastecimiento, etc.) y la hipotética sustracción de las municiones que elabora, por parte de grupos delictivos impactaría en cuestiones de seguridad interior. Por eso, algo que resultaba imprescindible desde hace mucho tiempo, finalmente fue resuelto.

El ministro de Defensa incansablemente menciona sus intenciones de darles a las Fuerzas Armadas el lugar que merecen, reconocerlas y apoyarlas. Junto a las compras ya autorizadas, como la de los F-16, las que están en proceso y otras medidas tendientes a racionalizar y normalizar aquello que truncaba - por puro prejuicio y desprecio - el desenvolvimiento de las FFAA, Milei y Petri demuestran que esa empatía y mencionada confianza no queda sólo en un discurso.