Los "audios de Sain": de la bravata a la crisis institucional

Uno es dueño de lo que calla pero esclavo de lo que dice

"Calma Vladimir" (El Cuarteto de Nos)

En una semana signada por el cerrado conflicto salarial con el sector docente (pulseada por el descuento de los días de paro incluida), que significó la acumulación de otros 6 días sin clases a los 11 del mes pasado, y por el recrudecimiento de las situaciones de violencia, con el tiroteo a los tribunales de Rosario incluido, el gobierno santafesino se vio sometido a lo que, sin exageración alguna, fue definido como "una grave crisis institucional".

La difusión de audios telefónicos del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, se desgranó de manera sucesiva con el correr de los días a través de distintos medios de comunicación, y a las ya consabidas bravatas y provocaciones del antiguo funcionario de Omar Perotti se incorporaron una serie de elementos que hicieron temblar a la estructura oficial y golpearon procesos institucionales de suprema trascendencia, como es el de los concursos para renovar autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa.

Se trata de registros que no provienen de operaciones de intercepción y escucha, sino que fueron obtenidos de aparatos telefónicos pertenecientes a ex colaboradores de Sain, incautados durante los allanamientos al Ministerio ordenados en el marco de la investigación que se le sigue, paradójicamente, por presunto espionaje ilegal.

Ni el propio Sain ni ninguno de sus colaboradores ha sido imputado todavía en esa causa que, tras la jubilación de la fiscal Mariela Jiménez, quedó a cargo de momento solo de Ezequiel Martínez. La decisión de esperar para producir ese paso procesal, al aguardo de contar con elementos para dotar de suficiente contundencia a la acusación y de confeccionarla con la solidez que la gravedad del caso amerita, parece haber agotado los plazos, a partir del "efecto dominó" producido por las revelaciones trascendidas en los agitados últimos días, y podría finalmente producirse en breve, para poner en marcha el trámite formal.

En el medio, los dichos de Sain trascendieron el umbral del mero escándalo, por el tenor agraviante o despectivo que suele caracterizarlos, y cayeron en la referencia a nuevos hechos de carácter delictivo, involucrando directamente a funcionarios y dirigentes políticos de primer nivel y estrecha confianza del gobernador Omar Perotti, e indirectamente al propio mandatario. Tal es el caso del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, que por efecto de ello se apartó del concurso de fiscales y defensores, o del diputado nacional Roberto Mirabella, referente político directo de Perotti y pieza clave de la estrategia electoral del año que viene, a quien Sain endilgó haber participado en una operación contra Maximiliano Pullaro. Al punto que, en más de un caso, desde el oficialismo salieron a desmentir y desautorizar por completo a Sain, como un imprescindible cortafuego para frenar el avance de un siniestro de consecuencias imprevisibles.

En uno de ellos, el de mayor gravedad junto a la revelación de la pretendida maniobra contra un referente opositor, está el de la supuesta indicación de fabricar una causa penal al empresario de medios Nahuel Caputto, confirmando así la hipótesis de que los "perfilamientos" pretendidamente inocuos llevados a cabo por Sain, en realidad consistían en la acumulación de datos con fines extorsivos o aptos para poner en marcha artilugios judiciales. Cuyo único disparador, llegado el caso, era la conveniencia u oportunidad de efectuar "aprietes", condicionando de manera directa e inequívoca la tarea periodística y la libertad de expresión.

Así, ya no se trata del habitual y deleznable folklore del improperio y la "chicana" (que luego de eso rompió una nueva barrera al aludir en esos términos al fallecimiento de un jefe policial), sino del ingreso decidido al terreno delictivo. Sea por la comisión de los presuntos actos consignados, o por la diseminación de falsedades en torno a ellos, y a las personas pretendidamente comprometidas. Mucho más que la indebida vulneración del derecho a la privacidad o a la intimidad que invocó el ex ministro para pedir a la Justicia que bloquee su circulación, y penalice a los medios que los difundieron. Y mucho menos de lo que, con más o menos justificada aprensión, muchos partícipes o testigos de esta virulenta saga temen para futuras entregas.