Litigiosidad en el Sistema de Riesgos del Trabajo en Santa Fe

El debate sobre los costos laborales y su impacto en el empleo registrado vuelve a poner en el centro de la escena a la litigiosidad en el Sistema de Riesgos del Trabajo.

No hay discusión honesta al respecto que no reconozca que el incremento de costos derivados de una aplicación incorrecta -bien o mal intencionada- de las normas constituye un problema real que debe ser abordado si se busca un sistema transparente y sostenible.

El Sistema de Riesgos del Trabajo se estructura sobre un entramado normativo encabezado por las leyes N° 24241 y N° 24557, complementadas por decretos y resoluciones, y actualizado con la ley N° 27348.

Esta última introdujo un cambio sustancial para las provincias adheridas: otorgó a las resoluciones de las Comisiones Médicas carácter de cosa juzgada administrativa, equiparándolas jurídicamente a una sentencia judicial.

A ello se suman beneficios claros para el trabajador, como el cobro directo de indemnizaciones en cuenta bancaria, procedimientos más breves que los judiciales y patrocinio letrado obligatorio y gratuito. Pero la ley N° 27348 no solo reconoce derechos, también impone obligaciones.

Entre ellas, la prevista en su artículo segundo, que exige a las provincias adheridas que los cuerpos médicos forenses provinciales estén integrados por peritos con honorarios fijos, sin variabilidad alguna. Lejos de ser una cuestión menor, este punto resulta central para comprender una parte relevante de la litigiosidad.

Los honorarios variables tornan imposible establecer criterios objetivos de retribución que no dependan del resultado de la pericia. Ya sea que se vinculen al porcentaje de incapacidad, al monto indemnizatorio o a supuestas variables como complejidad o cantidad de patologías, todos estos factores resultan conflictivos para con el propio perito.

Se trata de un conflicto de intereses evidente: a mayor incapacidad reconocida, mayor remuneración. La ley busca precisamente evitar ese peligroso incentivo replicando la lógica del modelo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), donde los médicos evaluadores perciben una remuneración fija, independiente del resultado de su dictamen.

La distancia entre siniestralidad y litigiosidad expone con claridad el problema. Desde 2010, los siniestros laborales anuales descendieron de manera sostenida, pasando de unos 60 a 33 por cada mil trabajadores cubiertos. Los fallecimientos también se redujeron a menos de la mitad.

Sin embargo, los juicios crecieron en sentido contrario: de aproximadamente 75 cada mil siniestros en 2010 a más de 180 en 2024. Menos accidentes, pero muchos más reclamos judiciales.

Santa Fe muestra un cuadro aún más preocupante. Mientras el promedio nacional ronda los 177 juicios cada mil siniestros, la provincia cerró 2024 con 255, casi un 50% más, y continúa creciendo en 2025. Con apenas algo más del 7% de la siniestralidad nacional, Santa Fé genera cerca del 13% de la litigiosidad total, duplicando su peso relativo.

La composición de los reclamos también resulta ilustrativa. En 2025, más del 35% de los casos que pasaron por Comisiones Médicas en Santa Fe correspondieron a situaciones sin incapacidad reconocida, y casi el 32% fueron trámites de rechazo, es decir sin cobertura por parte del Sistema por no tener origen laboral. A nivel nacional, estos últimos representan solo el 20%.

En términos prácticos, esto implica una sobrecarga del sistema con reclamos que no tienen origen laboral, afectando recursos públicos y demorando la atención en las Comisiones Médicas de quienes sí sufrieron un infortunio cubierto.

Ante esta realidad, algunos sostienen que la judicialización responde a que en instancia administrativa se otorgan incapacidades "bajas", y que si en las Comisiones Médicas se valuaran más altas, la litigiosidad sería menor. Sin embargo, los datos no avalan ese argumento.

En Santa Fe, durante 2025 se acordaron el 85% de los casos con incapacidad, lo que indica un alto nivel de conformidad entre trabajadores, abogados y ART. Además, las secuelas y porcentajes indemnizables están definidos normativamente en el Decreto N° 659, de 1996, conocido como Baremo, sin margen legal para incrementos discrecionales en las Comisiones Médicas.

La brecha se vuelve evidente al observar que entre 2017 y 2024 las incapacidades fijadas judicialmente en la provincia superaron a las administrativas en promedio en 10 puntos, niveles imposibles de replicar legalmente en el ámbito administrativo.

Además, con un ratio de acuerdo y homologación en las Comisiones Médicas cercano a 9 de cada 10 casos, no se puede afirmar otra cosa más que el Sistema funciona.

En 2025 se recibirán unas 715.000 denuncias a nivel ART, de las cuales cerca del 87% se resuelven dentro del propio Sistema, sin llegar a la Justicia. No obstante, el pequeño porcentaje que se judicializa genera un impacto económico desproporcionado. Las enfermedades laborales, por ejemplo, representan menos del 12% de la siniestralidad, pero cerca del 50% de los juicios.

Dentro de ellas, más de una cuarta parte corresponde a patologías de columna asociadas al dolor, las clásicas "algias", que en la mayoría de los casos carecen de correlato fisiológico objetivo, requisito indispensable para otorgar incapacidad según el Baremo.

La respuesta a la litigiosidad espuria no puede ser otra que el cumplimiento estricto de la ley. Peritos con honorarios fijos, aplicación rigurosa del Baremo y procesos transparentes son condiciones mínimas. Las provincias que avanzaron en esa dirección, como Salta o Río Negro, muestran niveles de litigiosidad sin duda razonables. Como todo problema complejo, la solución también lo será.

La búsqueda de eficiencia y mejora permanente de procesos nos llevará sin duda a replantear aspectos operativos, pero está claro que el cumplimiento franco de la Ley es condición necesaria para la atención de los problemas del Sistema. Santa Fe ha comenzado a recorrer ese camino.

El Concurso de peritos realizado hace días, la capacitación en Valoración del Daño y el diseño de un nuevo marco normativo orientado a la idoneidad y la transparencia de la actuación pericial, son sin duda señales positivas.

Con voluntad política, capacidad profesional y el apoyo técnico de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la provincia tiene la oportunidad de reducir costos laborales, mejorar la atención al trabajador, y brindar previsibilidad y seguridad jurídica a su sistema productivo.

El autror es Gerente de Administración de Comisiones Médicas de la SRT.