La situación social exige un ordenamiento integral del estado

El último período donde la pobreza estuvo en su mínimo nivel fue el primer trimestre del 2018, cuando alcanzaba al 26%, y la indigencia al 5% de la población. Allí vinieron las fuertes crisis cambiarias de 2018 y 2019. El salario informal, principal fuente de ingreso de los pobres, creció a razón de 33% por año entre el primer trimestre del 2018 y el mismo período del 2020, pero el valor de la Canasta Básica Total (CBT), con el que se mide la línea de pobreza, subió a un ritmo del 53% anual.

Esto hizo que mucha gente cayera en la pobreza. En el primer trimestre del 2020, era el 35% y la indigencia el 9% de la población. Allí vino la pandemia y el confinamiento. Abruptamente, 2 millones de trabajadores informales se quedaron sin empleo y otros 1,3 millones de cuentapropistas también. Es decir, 3,3 millones de personas de ingresos precarios directamente se quedaron sin empleo.

Esto fue otro duro golpe a los hogares de menores ingresos. En el segundo trimestre del 2020, el de confinamiento más estricto, el 47% de la población fue pobre y el 12% indigente. Luego vino la flexibilización de las restricciones y el empleo informal se fue recuperando. Hoy, el empleo informal ya está recuperado. El punto es que lo que cayó fuerte y no se pudo recuperar es el salario real de los pobres. Entre 2020 y 2021, el salario informal creció un 40% pero la CBT (línea de pobreza) creció 50%. Entonces, se recuperó el empleo informal pero no el salario real informal. Por eso la pobreza se mantiene en el 40% de la población.

El aumento de la pobreza significa que gente que no era pobre, pero estaba cerca de serlo, se empobreció. Así es como se destruyeron los canales de crédito popular. Estos canales son los que el Banco Central llama "Otros Proveedores No Financieros de Crédito" (OPNFC). Se trata de tarjetas de crédito y préstamos de casas de electrodomésticos que tienen la particularidad de ser no bancarios. Es decir, llegan a los sectores más populares que, en general, acceden poco al crédito de los bancos.

Estos canales de crédito popular se desmoronaron. Entre 2018 y 2020, los préstamos con tarjeta no bancaria disminuyeron un 43% y los préstamos para electrodomésticos un 74% en términos reales. Esto es producto de que en el mismo período la tasa de irregularidad de las tarjetas no bancarias subió de 12% a 29% y la de préstamos de electrodomésticos de 33% a 57%.

La gente no deja de pagar los créditos al consumo porque sí. La gente siempre tiende a honrar dichos créditos porque el honrarlos permite acceder a nuevos préstamos populares para comprar electrodomésticos, celulares, ropa, viajes. Todo en niveles más modestos que los préstamos bancarios que van a la clase media, pero no dejan de ser una fuente de consumo y bienestar para los sectores populares. La caída de los ingresos reales por las crisis cambiarias y de la pandemia terminó dejándolos con menos ingresos y sin crédito. Esta es una de las fuentes materiales de descontento de los sectores populares con el gobierno.

La única forma de recuperar los ingresos reales y el crédito entre los segmentos más pobres es bajando la inflación. Para eso se necesitan políticas responsables de ordenamiento integral del Estado. No se trata de un "ajuste". Se puede "ajustar" y seguir teniendo un Estado desordenado, ineficiente y clientelar.

Un Estado ordenado es un sector público que en sus tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) está financieramente equilibrado, con una presión impositiva tolerable y con un gerenciamiento público profesional y de excelencia. Hasta ahora esto no fue la agenda de ninguno de los candidatos. .

Economista de IDESA.