Un proyecto de ley en Salta propone sanciones penales por "noticias falsas"

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expuso su "profunda preocupación por la media sanción de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Salta, en el que se establecen penas de arresto y/o multas para 'quien difundiere noticias falsas' dentro del espectro digital".

Sostiene Adepa que "a través de esta iniciativa, se podría sancionar a los ciudadanos salteños, incluyendo a los medios de comunicación, quedando librado a criterio del gobierno de turno determinar cuándo una noticia es falsa o no".

La media sanción salteña se produce en coincidencia con la apertura de sesiones de la Convención Constituyente de La Rioja, en la que el gobernador Ricardo Quintela planteó discutir sobre "la libertad de expresión y la gobernanza" ante "las graves consecuencias que tiene transmitir mensajes sesgados, mal intencionados e injuriantes, que siembran en la sociedad zozobra, odios y noticias falsas".

Sostiene Adepa respecto de Salta que "se ha dicho, y repetido, que no hay impunidad para el ejercicio de la libertad de prensa. Quien pueda sentirse damnificado por una publicación, ya cuenta con la legislación vigente para recurrir a la Justicia.

"El más grave de los artículos incluidos en la ley -dice- es el 50º, que impone sanciones de arresto de hasta veinticinco días o multas al que creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos".

Estándares internacionales

Para la entidad periodística, "las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos 'noticias falsas' (fake news) son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y no deberían ser incluidas en legislación alguna.

"Junto a los problemas de definición, se encuentra la dificultad de utilizar normas de naturaleza penal o contravencional para reprimir la difusión de informaciones o ideas".

Recordó Adepa que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel vs. Argentina, se encargó de destacar que la utilización de las sanciones penales en estos casos debe ser totalmente excepcional.

"En ese fallo de 2008, la Corte IDH condenó a la Argentina por su regulación del delito de calumnias e injurias y exigió que la sanción represiva de las expresiones sea absolutamente extraordinaria. Un año después, se despenalizaron los delitos de calumnias e injurias".

Obligaciones del Estado

"Toda regulación provincial que extienda las prohibiciones más allá de lo determinado por el Congreso de la Nación en 2009 va en contra de las obligaciones internacionales del Estado Argentino, y son, por ende, inconstitucionales", advierte la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.

"Además, esa clase de sanciones podría ser utilizada como medio de persecución a los periodistas, a través de procesos contravencionales que, en sí mismos y aún cuando no lleguen a una condena, suponen una amenaza para su ejercicio profesional".

Sanciones de arresto y multas

El proyecto de ley salteño impone "sanciones de arresto o multas en casos que podrían afectar el ejercicio periodístico y por ende limitar la libertad de expresión.

"Por caso -señala Adepa- el artículo 49º, que sanciona la utilización de imágenes o datos filiatorios de una persona, ampliando la definición de los casos en los que el uso de la imagen ajena está prohibido en los términos de la Ley 11723".

Concluye que "este artículo también podría ser utilizado contra el ejercicio periodístico, sin la debida aclaración de que las sanciones eventualmente serán aplicadas siempre que la publicación o difusión de las imágenes -por ejemplo de funcionarios públicos- no se encuentren amparadas por un interés superior o por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de prensa".