Aquella sesión que triplicó la Ley para las Víctimas

Fue inusual la sesión del Senado santafesino del 20 de octubre de 2022. Ese día, en el recinto, luego de que se aprobara con media sanción y fuertes cambios un proyecto venido de Diputados, habló porque la Cámara lo autorizó Catalina Narváez, una ciudadana que explicó en primera persona por qué es importante la Ley de Víctimas que por unanimidad votaron los legisladores santafesinos.

Sencillamente, ella levantó la mano luego de que hubiera dado un interesante -y aplaudido- discurso la vicegobernadora Alejandra Rodenas, y la Cámara le concedió ese privilegio que solo existe en otro tipo de sesiones, las de homenajes o celebraciones especiales cuando no hay en tratamiento normas del Estado. Esta vez, habló alguien a quien le mataron su nieto y que participa activamente de los movimientos de familiares de víctimas de la violencia, que ubicaron sus pancartas en las barras. Se le acercó un micrófono y entonces dijo lo suyo. "Hoy tengo un sueño cumplido", explicó. Transmitió esperanza y reclamó que haya justicia.

Su intervención, acompañada desde las barras por familiares de muertos por la inseguridad, nucleados en asociaciones de Santa Fe y Rosario, cerró los discursos anteriores que expusieron lo que se pretende con profundos cambios al código de procedimiento penal que en algunos casos ya constituyen prácticas habituales y, en otros, implicará fuertes modificaciones.

De un modo gráfico, que no es suficiente para explicar la labor previa a la media sanción del Senado, debe decirse que los artículos de la norma venida de la Cámara baja se triplicaron en la alta. Hubo un trabajo técnico y también acuerdos políticos que le dieron sentido. Los encabezaron el senador Lisandro Enrico (UCR-General López) y el diputado renovador justicialista Oscar "Cachi" Martínez, al que se le permitió hablar en el Senado en aquella sesión de condimentos inusuales. Acaso propia de una norma que busca también ser distinta: pretende cambiar la metodología de trabajo de los jueces penales, de los fiscales del MPA, de los defensores y hasta de los policías. Trae a los actores judiciales una nueva perspectiva obligatoria para quienes son parte del proceso penal, la de las víctimas. La de los familiares y deudos de los muertos violentamente.

En el proceso de la sanción de las leyes no parece ocurrir nada hasta que se aprueba algo realmente importante, en la superficie de repente, como si no tuviera una historia previa.

En realidad, cada norma de importancia tiene una discusión previa que sucede en ámbitos tan públicos como el recinto de las Cámaras, solo que la realidad es que se los cubre poco, en las comisiones. Suelen darse debates relevantes en dos de ellas: la de inicio y la de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Pero también, en otros momentos, en las negociaciones fuera del alcance de lo público, se definen cosas. En las reuniones de bloque, en los despachos y con otros poderes también se toman decisiones que harán que una idea, que un proyecto sea o no finalmente ley, en qué términos y bajo qué mirada.

En todos esos ámbitos al alcance de la mirada de los cronistas parlamentarios o no la Ley de Víctimas tuvo como actores principales, presentes u omniscientes, a quienes cargan con el dolor que dejan los hechos delictivos, en especial los violentos e irreparables.

Los dirigentes políticos están perfectamente al tanto de que hay una deuda con la sociedad en materia de seguridad. Saben que no la han logrado y aunque las responsabilidades no son las mismas para el oficialismo y la oposición, la alternancia los pone en un incómodo pie de igualdad. El enojo es con todos. Y lo saben.

Palabras

En la versión taquigráfica y las crónicas de esa media sanción del Senado, que Diputados completó en su sesión siguiente, constan discursos sobre lo que se quiere con la norma promultada sin tocarle una coma por el Poder Ejecutivo Provincial y que establece que las víctimas de delitos se podrán expresar antes de dictarse una sentencia, y del modo que crean conveniente; determina la creación de una capacitación en perspectiva de víctimas que se deberá dar en todos los niveles del Estado provincial; incorpora la figura de la víctima indirecta para los familiares, cónyuge, conviviente, padres, adoptantes, hijos, hermanos, tutores o guardadores que también tengan los mismos derechos, inclusive a ser querellantes; crea la Defensoría de la Víctima, de carácter autárquico; amplía el número de miembros de la Junta de Seguridad sumando a dos representantes de las asociaciones de víctimas de la inseguirdad; extiende los derechos de las víctimas hoy contenidos en el artículo 80 del Código de Procedimiento Penal de Santa Fe: hoy posee 9 incisos y los lleva a 15.

"El derecho penal debe empezar a mirar más a la víctima que al imputado, esa es la esencia en este trabajo legislativo que llevamos adelante con compromiso y muchas horas de dedicación", señaló Enrico. Y abundó: "debemos equilibrar la tendencia de tantos años de la justicia por el garantismo".

"Lo que hacemos hoy es parte de humanizar la política", afirmó Marcos Castelló (PJ-Lealtad-La Capital). "Es una ley que viene a ampliar derechos, no a ponerlos en contraposición con otros que ya existen. Viene de abajo hacia arriba, responde a las demandas de la sociedad", destacó Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias).

"Rosario vive una endemia de adicciones, Córdoba tiene menos hechos de violencia en los delitos, menos muertos, porque las trata como lo que son: una enfermedad", observó Miguel Rabbia (PJ-Construyendo Futuro-Rosario).

"Admiro la paciencia y el respeto de las asociaciones de víctimas para dejarnos trabajar este proyecto de Rubén Pirola y Oscar Martínez, por el que tanto y tan bien ha trabajado también Lisandro Enrico. Lo más importante que hacemos hoy es que la víctima va a poder ser escuchada", consideró Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo).