El artículo por el que Diputados hizo tambalear la Emergencia en Discapacidad

La noche se volvía madrugada y, en Diputados, lo que parecía ser una aprobación sin fisuras del proyecto de ley en Discapacidad comenzó a resquebrajarse cuando avanzaron al tratamiento por artículos.

Ya siendo jueves, cerca de la una de la mañana y habiendo pasado ya las doce horas de sesión, la Cámara baja aprobó con 148 votos afirmativos y 71 negativos el proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta 2027.

Lo que debía ser un trámite tranquilo en la oposición, tras haber logrado la media sanción sobre el segundo proyecto de la jornada -antes había sido el aumento para jubilados y la prórroga de la moratoria- se alteró en la discusión en particular.

Fue en el capítulo IV, por la incorporación de un apartado que modificaba el articulo 87 de la ley 24.013, referido a una eximición de aportes patronales a empresas que contraten personas con discapacidad.

Consenso, hasta cierto punto

Desde el inicio de la sesión especial del miércoles al mediodía, la oposición había logrado marcar la agenda. Unión por la Patria, junto con la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, la izquierda y bloques provinciales.

Tras aprobar las reformas previsionales, dieron paso al debate sobre la Emergencia en Discapacidad. El proyecto contempla la actualización de aranceles, un nuevo esquema de pensiones no contributivas y compensaciones retroactivas para prestadores.

A lo largo de las exposiciones, a excepción de la bancada libertaria, los diputados presentes coincidieron en "alivianar el ajuste sobre los más vulnerables”. Peronistas, radicales, socialistas, de izquierda e incluso del PRO se expresaron sobre la situación que atraviesan instituciones y familias de personas con discapacidad y la falta de actualización de las prestaciones.

La votación en general reflejó el acuerdo de la oposición ampliada que marca la agenda de Diputados. Sin embargo, la discusión en particular tensó el consenso.

El artículo que tensó el recinto

El autor del proyecto, Daniel Arroyo (UxP), realizó el anunció por la incorporación de un artículo proveniente de uno de los dictámenes de minoría, previamente acordados con el radicalismo.

Fue leído por la jujeña Natalia Sarapura: “los empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales por este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones y INSSPJ, a la Caja de Asignaciones y Subsidios Familiares y al Fondo Nacional de Empleo”.

Lo que siguió fue un encadenamiento de objeciones de parte del propio bloque peronista, especialmente los de extracción sindical como Mario Manrique (SMATA) y Sergio Palazzo (La Bancaria), quienes advirtieron que la medida implicaba desfinanciamiento del sistema previsional.

Se sumaron voces de la izquierda rechazando de plano el incentivo fiscal. “No podemos seguir vaciando las cajas de asistencia social con el argumento de fomentar la inclusión. Esto es una farsa”, lanzó Vanina Biasi, del FIT.

También se sumaron voces reprochando el proceder técnico. Stolbizer planteó que era improcedente porque no se estaba votando el dictamen de minoría y Juan Manuel López sostuvo lo contrario, apelando al artículo 162 del reglamento.

La discusión se alteró de manera insospechada ya en horas de madrugada. Molesto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, recriminó que intenten subsanar en el recinto lo que tendría que haberse hecho en comisión.

Arroyo intentó contener la controversia prometiendo la elaboración de un proyecto aparte sobre empleo en discapacidad. Pero el radical Martín Tetaz insistió en mantener la redacción, defendiendo el incentivo. Y se sumó Maquieyra, del PRO, pidiendo una redacción alternativa desde su propio dictamen de minoría, con una temporalidad limitada a tres años.

Las idas y vueltas se acumularon, hasta que Karina Banfi (UCR) presentó la moción para votar. Con 123 votos afirmativos, 82 negativos y 6 abstenciones, finalmente el artículo se incorporó al proyecto.

Lo que sigue

Finalmente, el proyecto fue aprobado y girado al Senado. Establece que las prestaciones serán actualizadas por el índice de movilidad jubilatoria, que contempla la inflación. Fija una compensación retroactiva desde diciembre de 2023, con impacto en las obras sociales, prepagas y el sistema público de salud; y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, con condiciones de corte vinculadas a ingresos mayores a dos salarios mínimos.

De acuerdo al cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la iniciativa oscila entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, según distintos escenarios, principalmente por el ingreso de nuevos beneficiarios y la actualización de valores.

El bloque de La Libertad Avanza votó en contra, y desde el gobierno ratificaron que el presidente Javier Milei vetará la ley si también es sancionada por el Senado, al igual que en el proyecto de aumentos jubilatorios y renovación de la moratoria.

El eventual veto presidencial, dejaría el proyecto a merced de los 55 ausentes en la votación de este miércoles, entre los que se encuentran integrantes de "la UCR con peluca", el PRO que reforzó su alianza parlamentaria con LLA de cara a las elecciones legislativas y diputados que responden a gobernadores que tejen acuerdos provinciales con la Nación.