Antes del fallo en la causa Vialidad, Cristina Kirchner denunció un plan de "proscripción de por vida"

Cristina Fernández de Kirchner emitió un contundente descargo en la previa de la audiencia en la que la Cámara de Casación podría confirmar la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad.

En su carta, la expresidenta tildó la investigación de “show” y defendió su inocencia, argumentando que la persecución judicial a la que es sometida tiene fines políticos, aludiendo a un entramado que incluye tanto a jueces como a medios hegemónicos y grupos de poder económico.

Para Kirchner, tanto el atentado ejecutado por el grupo “Los Copitos” como la condena en la causa Vialidad forman parte de un mismo objetivo: eliminar su presencia en la arena pública. Por eso, llamó a los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña "Los Copitos de Comodoro Py", y los acusó de responder a intereses que buscan su proscripción.

Según CFK, ambos sucesos están impulsados por el mismo clima de hostilidad y odio hacia su figura, alimentado por sectores judiciales y mediáticos que buscan su eliminación política. "Así como intentaron matarme, ahora buscan ‘proscribirme’ de por vida", denunció.

También cuestionó la base jurídica de su acusación por administración fraudulenta en la obra pública. Cita un dictamen del jurista Rodolfo Barra (actual Procurador de la Nación) para señalar que la acusación en su contra es inaplicable: “Como presidenta no tenía a mi cargo la administración de los recursos destinados a obras públicas”.

Además, hizo reiteradas referencia al expresidente Mauricio Macri, insinuando que su administración fue clave en la consolidación de una estructura judicial destinada a sus adversarios políticos. “Macri impulsó una persecución judicial sin precedentes que sigue vigente en Comodoro Py”.

En su escrito, CFK señaló que las prácticas judiciales implementadas durante el gobierno de Macri sentaron las bases para las causas que hoy enfrenta. Según la vicepresidenta, el macrismo instauró un sistema judicial y mediático que continúa afectando sus derechos, a través de lo que denominó un "instrumento de persecución" que busca restringir la participación política de figuras vinculadas a movimientos populares.

En ese marco, contextualiza su situación dentro de una “persecución” hacia líderes progresistas y de movimientos populares en América Latina. Hace referencia a los casos de “Lula, Evo y Correa” y asegura que su caso es parte de una estrategia más amplia, impulsada por el “mainstream” y sectores de poder que buscan descalificar y proscribir a figuras políticas que representan una amenaza para sus intereses. “Es la misma estrategia que en otros países han seguido contra líderes de proyectos populares y nacionales”, afirma.

Enfatiza además que el proceso judicial en su contra fue utilizado con fines electorales, mencionando cómo el inicio de la causa en 2019 coincidió con el calendario electoral y que su avance ocurre en un año de alta significación política. “Es evidente que el objetivo es que yo no vuelva a ser candidata”, asegura, sugiriendo que la audiencia de mañana se programó estratégicamente para maximizar su impacto mediático y político.

En una contundente crítica a la “casta judicial” y a los sectores políticos y económicos que, a su juicio, buscan limitar la participación del peronismo en la vida política argentina, la actual titular del PJ nacional sostiene que la sentencia tiene el objetivo último de impedir su regreso a la arena pública.

Y en un mensaje directo a sus seguidores, concluye: “No voy a dejar de luchar”, reafirmando su compromiso con el activismo político y sus ideales, a pesar de la adversidad. Por último, dijo que confía en que “Dios y la Virgen” acompañan su causa y la de aquellos que, como ella, “buscan un país más justo”.

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