Contaminación del Paraná: la Casa Gris recuerda al Senado que la Prefectura tiene el poder de control

Las potestades del Estado nacional, de las jurisdicciones provinciales y de las municipalidades y comunas, aunque están bien delimitadas, suelen crear lagunas legales donde las responsabilidades se diluyen. Entre meandros, desbordes y diques, de unos despachos oficiales a otros, el ciudadano suele quedar la deriva, sin respuestas.

Un problema de esa líquida naturaleza rodea un caso de contaminación ambiental, sobre el que pidió explicaciones el Senado de la Provincia de Santa Fe a las autoridades provinciales.

Ahora llegan desde el Poder Ejecutivo y en pocas palabras señalan las responsabilidades que exceden a la Provincia. A las consecuencias, las sufrieron los habitantes de una pequeña ciudad del sur. Quedan involucrados en la historia los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal.

En septiembre de 2024, en la ciudad de Fray Luis Beltrán, se registró un suceso relevante de contaminación ambiental. Las noticias ubican el derrame de un hidrocarburo, en principio se la describió solo una "mancha oleosa", el 4 de ese mes en las aguas del río Paraná, en la zona portuaria.

De inmediato se hizo lo más importante y lo que mostró la gravedad de lo ocurrido: se cortó el ingreso de agua cruda de esa fuente, sin más remedio que privar del servicio de provisión de agua potable a esa población.

La municipalidad beltranense tiene a cargo el servicio y contó con avisos a tiempo de los empleados de la planta potabilizadora, que detectaron manchas de algún derivado del petróleo en las primeras piletas de decantación.

Casi toda la ciudad tiene acceso a la red que, como en tantas urbanizaciones, sufre problemas propios de la falta de inversiones. De hecho, la estatal Aguas Santafesinas SA se negó años atrás a ampliar su concesión y sumar esa localidad, por el estado de su infraestructura.

El detalle no es menor porque, entre otros puntos, el Senado preguntó al gobierno provincial si existe algún plan de contingencia para los casos de derrames de tóxicos cerca de las plantas potabilizadoras. O si hay proyectos para cuidar ese aspecto.

En septiembre pasado, la Prefectura Naval Argentina identificó el origen del derrame: el buque granero "Princesa María" de bandera de las Islas Marshall, Pero lo hizo luego de que un fiscal federal de Rosario, Claudio Kishimoto, iniciara una investigación de oficio.

Las versiones más consistentes hablan de una limpieza de la sesina del barco, un compartimento ubicado bajo la sala de máquinas a donde van a parar sus desechos y perdidas de fluidos para los motores. Obviamente está prohibido liberar esos líquidos en aguas fluviales. Y como el caso ocurrió frente al puerto de Vicentin la repercusión fue mayor.

Hasta el 9 de septiembre por lo menos, ya frente al Campo de la Gloria, el Princesa María fue retenido por Prefectura que aplicó las penalizaciones del caso. Pero el daño ambiental ya estaba hecho.

No es, obviamente, la primera vez que la actividad portuaria en general causa problemas en las tomas de agua sobre el Paraná. A la misma planta potabilizadora, en 2016, se la debió paralizar cuando se hundió un barco remolcador y derramó derivados del petróleo en el río Paraná.

De inmediato se apagaron las bombas impulsoras de agua cruda del río, ante la voz de alarma generalizada por la nave perdida.

Seis meses atrás

La respuesta técnica y legal al pedido de informes presentado por el senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) fue casi inmediata, pero tardó bastante en llegar a destino. El Senado de Santa Fe aprobó ese requerimiento de información (como siempre por unanimidad) en la sesión siguiente al episodio.

El informe de Fernando Muruaga, subsecretario de Gestión y Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, tiene fecha del 30 de octubre, apenas un par de semanas luego de ingresado a su despacho.

Pero se lo conoce recién ahora porque, entre pases internos gubernamentales y el receso de enero, llegó a la Mesa de Entradas del Senado el 6 de febrero. La sesión del 13 lo tuvo entre los Asuntos Entrados.

Daños entrañables, de jurisdicción extraña

La respuesta técnica y legal indica que las acciones del Ministerio de Medio Ambiente se limitan al territorio provincial, es decir, a los puertos y las empresas que eventualmente pueden contaminar el río. Pero cuando el problema navega, allí se termina su responsabilidad.

En ese sentido, Muruaga explica a los senadores que el ministerio "realiza tareas de auditoria, monitoreo, categorización, control y fiscalizaciones ambientales, en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley 11.717" esas instalaciones portuarias del departamento San Lorenzo, "y toda la zona costera de nuestra provincia".

Con respecto a las fiscalizaciones, "estas se realizan de oficio, por requerimiento o cualquier otra causa que motivare nuestra actuación, y tanto en forma preventiva como represiva".

Asimismo, "las mismas se realizan en la órbita y alcance de nuestra competencias y jurisdicción territorial y material, en virtud del plexo normativo aplicable a nivel Provincial, Nacional y Supranacional, remitiéndonos a lo informado en el siguiente punto a este efecto". Y así sigue el expediente, donde se confiesa que poco puede hacerse desde la orilla del río.

Contingencias

Respecto de "si el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático cuenta con un protocolo de seguridad establecido con un Plan de Contingencias, ante posibles derrames de hidrocarburos y/o de cualquier otro liquido de tipo toxico y/o contaminante a cursos de agua naturales y si dispone asimismo de equipos, personal y embarcaciones capacitados para actuar en casos de emergencias".

Ese ministerio responde a la Cámara alta lo siguiente que es nacional la "competencia y jurisdicción sobre el Rio Paraná" y que por ser una vía navegable interjurisdiccional "aplica la Ley Nacional Nro. 18.398"

"La cual establece en su artículo 4º inciso a) que la Prefectura Naval Argentina actúa con carácter exclusivo y excluyente en mares, ríos, lagos, canales y demás aguas navegables de la Nación que sirvan al tránsito y comercio interjurisdiccional, y en los puertos sometidos a jurisdicción nacional".

Asimismo, la Prefectura Naval, como policía de seguridad de la navegación, entiende "en lo relativo a las normas que se adopten tendientes a prohibir la contaminación de las aguas fluviales, lacustres y marítimas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas o peligrosas, y verificar su cumplimiento".

Y destaca que "dicho organismo de seguridad nacional cuenta con una división especifica de actuación, como asimismo todos los medios instrumentales, logísticos y personal específicamente capacitado para realizar tales actuaciones".

"Es, en consecuencia, la Policía de Protección Ambiental de la Prefectura Naval Argentina quien interviene en la prevención y lucha por contaminación de las aguas por hidrocarburos y otras sustancias nocivas y peligrosas provenientes de buques".

Detalla los convenios internacionales firmados por el país en la materia y habla de los "Planes de Contingencias" de la Prefectura, "concebidos para ajustarse" a lesas exigencias. El problema es que hasta tanto los empleados municipales de la planta potabilizadora no detectaron manchas oleosas en el agua que ingresaba del río, no hubo otra advertencia del derrame".

"Así lo ha dicho el intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli medio año atrás: "Tuvimos que cerrar la toma de agua de golpe, porque no nos avisaron", expresó..