Claves para entender cómo sigue el tratamiento de la Ley Bases

Luego de tres días de sesionar en pleno enero, algo inédito para el parlamento argentino, la administración de Javier Milei consiguió la media sanción en general de la Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos. El Gobierno había enviado un paquete de 644 artículos iniciales de los que se mantuvieron 242, menos de la mitad. Algunas iniciativas, como la del capítulo fiscal, fueron retiradas con el objetivo de apurar el trámite legislativo, y otras modificadas. En esta segunda instancia, aún quedan pendientes puntos polémicos que se están discutiendo por estas horas y hasta que suene el timbre de llamada para que los diputados tomen posesión de sus bancas.

En Casa Rosada, aunque se negó siempre la palabra “negociación”, sí se tenía en cuenta que muchas de las medidas iban a tener resistencias y formarían parte del tire y afloje con la oposición acuerdista a la hora de la pulseada dentro y fuera del recinto. Este martes a las 14 horas se retomará la discusión en la Cámara baja para abordar el tratamiento en particular (es decir artículo por artículo) de las normativas que impulsa la administración central. Los puntos más polémicos -e importantes- pasan por las privatizaciones de empresas bajo control estatal, facultades delegadas, emergencias, y las divergencias respecto a las jubilaciones relacionadas a las diversas posiciones con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Según pudo saber El Litoral, el Gobierno y los gobernadores están cerca de un acuerdo sobre los recursos del FSG de la ANSES que permitiría asegurar el flujo de partidas a las cajas provinciales y de esa manera destrabar la cuestión. Los intercambios seguirán este lunes con la presión de coparticipar el Impuesto PAIS, que el Poder Ejecutivo se resiste a repartir bajo la justificación de que todo tributo que se federaliza no cae más, agregando que el gravamen culminará automáticamente cuando se libere el cepo, una consigna que el equipo económico, avalado por el FMI, se propone concretar (si están dadas las condiciones) este mismo año.

Una de las ventajas que tendrá el oficialismo será que ya no necesitará estar pendiente de tener quórum a la hora de reanudar la sesión, más allá de que lo que se viene tenga que ver con votaciones sucesivas en particular. Sí deberá sostenerlo hasta el final debido a que las votaciones serán constantes y a mano alzada, salvo que se pida sufragar individualmente. Algo que es probable que se dé a la hora de definir los temas que generan más controversias, y que por cierto son muchos.

En la mecánica que se genere en el hemiciclo podría haber debate con cada artículo, un procedimiento que técnicamente es admisible, pero no son pocos los que aspiran a que gran parte de las diferencias en el articulado entre el oficialismo y la oposición que negocia contrarreloj, estén saldadas con la finalidad de dar dinámica a un proceso tan difícil. Desde LLA y los bloques dialoguistas entienden que si se da ese panorama, lo que propongan desde la izquierda o Unión por la Patria sería rechazado y se podría seguir adelante sin tantas interrupciones.

En labor parlamentaria estimaron que esta segunda etapa de evaluación de la Ley de Bases podría llevar unas 12 horas de debate. Libertarios y aliados dan por descontado que el kirchnerismo apostará a dilatar los tiempos, a lo que se sumará lo que suceda en la calle, ya que habrá nuevas movilizaciones que podrían derivar en incidentes, salvo que Patricia Bullrich y Jorge Macri ofrezcan otra estrategia a la hora de tratar con los manifestantes.

Hay que tener muy en cuenta que la suerte del debate -artículo por artículo- está atada a los acuerdos que se den entre los funcionarios del presidente Milei y las fuerzas que participan del diálogo con Balcarce 50. Las discrepancias que estarán en el centro de la escena pasan por las facultades delegadas al presidente, que ya se redujeron de dos a un año con prórroga a otro pero con aprobación del Congreso. En ese sentido, las emergencias públicas que fueron reducidas de 11 a 6 son la económica, financiera, tarifaria, energética, administrativa, y en el fragor de los dictámenes que fueron y vinieron, ver qué ocurre con la de seguridad.

Recordemos que el Gobierno retrocedió en la nómina de firmas del Estado a privatizar al sacar a la petrolera YPF y establecer que no se privaticen al 100 % otras firmas. Es decir que se vuelvan empresas mixtas. Tal el caso de Arsat, Nucleoeléctrica y el Banco Nación, que como circulaba en las galerías de Casa de Gobierno hace un mes, podría tomar el modelo del Banco de Córdoba (BanCor). Entre el resto de compañías que formarán parte del esquema privado que propone el oficialismo, aparecen Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, Belgrano Cargas y entre otras, los medios públicos, que mediante el anuncio del viernes pasado en el Boletín Oficial, fueron intervenidas por un año bajo la égida de la Jefatura de Gabinete a cargo de Nicolás Posse y el área -que con nuevo nombre- encabezará el vocero presidencial, Manuel Adorni. Es que por decisión de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, esa área fue extirpada del control del todavía secretario de Medios, Eduardo Serenellini.

La puja que se viene en Diputados va a ser compleja y extensa. El Gobierno nacional aspira a que sobrevivan la mayor cantidad de artículos posibles y confía nuevamente en el respaldo del PRO, de la mayoría del radicalismo, de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, y el flamante Bloque Independencia. Si es que finalmente se aprueban las medidas en particular, el proyecto pasará a manos de Senado, donde la vicepresidente, Victoria Villarruel, se muestra activa en neutralizar los embates que prepara UxP para evitar que el plan gubernamental llegue a buen puerto.