El Congreso desplazó a Marisa Graham y dejó huérfana a la Defensoría de la Niñez

La puerta de salida para Marisa Graham se abrió este martes en el Congreso de la Nación. La Comisión Bicameral de seguimiento de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes resolvió el cese de su cargo, al que había asumido en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, luego de una vacancia institucional de quince años.

El cargo que deja Graham —que fue la primera en asumirlo desde su creación por ley en 2005— queda, de esta manera, acéfalo. En el mismo sentido, fue cesado el Defensor Adjunto, Juan Facundo Hernández. Tuvo lugar tras el rechazo a la resolución N° 1/25, que establecía la modificación del reglamento interno del organismo, prorrogando los mandatos en caso de vacancia.

La votación tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y la facción de la UCR con buen vínculo con el oficialismo. El resultado fue 6 a 4, con votos afirmativos de las oficialistas Nadia Márquez y Vilma Bedia, del PRO María Sotolano y Andrea Cristina y de la UCR Natalia Sarapura y Gabriela Valenzuela. En tanto, la oposición provino de los legisladores de Unión por la Patria: Eugenia Alianiello, Stefanía Cora, Daniel Benusán y Paula Penacca.

El primer punto del temario había sido el que se refería al concurso público de antecedentes y oposición establecidos en la Ley 26.061 y su reglamento, que será por medio del cual se elegirá al próximo Defensor de Niñez. Con el voto de la mayoría de los presentes se estableció el 16 de junio como fecha de inicio del procedimiento.

Aunque los miembros del bloque peronista manifestaron oposición asegurando que la decisión necesitaba dos tercios de los votos, desde el oficialismo y aliados se argumentó que el rechazo a la resolución firmada por Graham podía ser por mayoría simple.

Los legisladores acordaron un cuarto intermedio para decidir sobre cómo queda la situación institucional de la Defensoría nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en particular a quién se le asignará las responsabilidades del organismo hasta designar al reemplazante de Graham.

Auto-prorrogación en discusión

El nudo del conflicto es que ante la finalización de mandatos en febrero pasado, el Congreso no avanzó con la designación de sus reemplazantes. Por eso, en la resolución 1/25, se había determinado que "en caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.

De allí los argumentos esgrimidos por los legisladores que impulsaron el desplazamiento de Graham y su adjunto. Así lo indicó la diputada Nadia Márquez, que informó el rechazo a la resolución, ya que "nos parece sumamente grave que la Defensora se auto prorrogue su mandato”. Y, en esa misma línea, aseguró que “no la estamos removiendo, ya terminó su mandato y sigue de manera ilegítimamente; está usurpando el cargo”.

Lo propio hizo el santafesino Nicolás Mayoráz, que expresó que Graham “está ocupando ilegalmente e inconstitucionalmente un cargo para el que fue elegida por un plazo determinado; la actitud raya el delito de sedición”. Y prosiguió: “No podemos aceptar que una persona decida por sí violar la ley que claramente estableció el plazo de su mandato. Sería grave que este Congreso convalide esta irregularidad que no tiene antecedentes”.

En el mismo sentido, la diputada del PRO, María Sotolano, afirmó que “no queremos que Marisa Graham esté al frente de la Defensoría, éticamente no corresponde que siga en su cargo; la Defensoría está acéfala per se”.

Por su parte, tanto los diputados como los senadores de Unión por la Patria ratificaron que debía continuar Graham en su cargo hasta que se designe su reemplazo. Asimismo, ponderaron que la Defensora “intentó mantener la institucionalidad que este Congreso no garantizó”. Sobre esto, el senador Daniel Pablo Bensusán sostuvo que “es de una irresponsabilidad absoluta descabezar la Defensoría”

Nacimiento y acefalía

El 28 de septiembre de 2005 se sancionó la Ley 26.06, estableció la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como un órgano autónomo del Congreso con el objetivo de monitorear, promover y proteger el cumplimiento de los derechos consagrados en la normativa nacional e internacional.

Sin embargo, el cargo permaneció vacante durante trece años, hasta que en 2017 se convocó al concurso público que eligió sus autoridades. Dos años después, se formalizaron las designaciones de Graham y los adjuntos. La figura de Defensor tiene rango equivalente a secretario de Estado y su mandato es de cinco años, con posibilidad de renovación.

Así, el desplazamiento de Graham marca el fin de una gestión que comenzó con turbulencias. Su pliego fue objetado por sectores conservadores que cuestionaban sus posturas sobre educación sexual integral y derechos reproductivos. Pese a ello, sostuvo una línea de trabajo institucional centrada en la defensa de derechos, el seguimiento de políticas públicas y la articulación con organismos internacionales.

Entre sus acciones más resonantes figura el seguimiento del caso de Lucio Dupuy, que derivó en la Ley 27.709. "Los adultos debemos entender que no se puede avasallar el cuerpo de niños y niñas", había dicho al respecto Graham en una entrevista con El Litoral.

En su última intervención pública antes de la remoción, Graham expresó su preocupación por el futuro del órgano: "Puede pasar que la dejen morir de muerte lenta o la pueden intervenir. Mi tarea va a ser evitar que eso suceda". Además, denunció que el Gobierno fue quien desarticuló desde un primer momento todo lo que tiene que ver con niños y adolescencia.