El Consejo de la Magistratura ante una renovación crucial y conflictiva

Entre octubre y noviembre se renovará la mayor parte de los 20 integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación. Jueces y abogados votarán directamente a sus representantes; los académicos tendrán un mecanismo mixto y los legisladores serán designados por las cámaras del Congreso.

La elección llega atravesada por la disputa entre el Gobierno de Javier Milei, el peronismo y los distintos sectores de la Justicia. La pelea por las vacantes de jueces, la reforma del sistema de concursos y el conflicto sobre la reelección de consejeros agregan tensión a un recambio que puede modificar el equilibrio interno del organismo.

El trámite se produce en medio del vertiginoso proceso de cobertura de vacantes en la Justicia nacional y federal, que en los hechos significará una nueva configuración de los tribunales en esos fueros.

Como el Consejo es el organismo que selecciona a los candidatos, ejerce facultades disciplinarias, administra el Poder Judicial y puede impulsar procedimientos que deriven en la remoción de jueces, el recambio de 2026 es seguido con atención por la Casa Rosada, el peronismo, la UCR, el PRO y las principales agrupaciones de magistrados y abogados.

El organismo volvió a tener 20 integrantes, después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional, en diciembre de 2021, la integración de 13 miembros establecida por la ley 26.080 y ordenara regresar a la composición prevista en la ley 24.937.

La composición actual es la siguiente: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; cuatro jueces; cuatro abogados; ocho legisladores -cuatro senadores y cuatro diputados-; un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico.

En 2026 terminan los mandatos de prácticamente todos los representantes que llegaron al organismo para el período 2022-2026. Las excepciones son la de Rosatti, cuya permanencia deriva de su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola, que representa al Poder Ejecutivo y fue designado este año por el gobierno de Javier Milei.

También ya está definido uno de los dos representantes académicos: Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y con trayectoria previa en el organismo, fue elegido por unanimidad por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el período 2026-2030.

Los demás lugares serán objeto del proceso de renovación.

Jueces con cuatro listas

El estamento judicial elegirá cuatro consejeros titulares y doce suplentes el 8 de octubre. Están habilitados a votar los magistrados titulares y subrogantes incluidos en el padrón definitivo.

La disputa tradicionalmente se estructura alrededor de tres agrupaciones: la Lista Bordó (de perfil más conservador y que cuenta con dos representantes), la Lista Celeste (referente del ala “progresista”) y Compromiso Judicial (anclada en lo profesional y sin reconocer orientación ideológica), estas dos últimas con un consejero cada una.

La novedad para este año fue la aparición de una cuarta lista, que disputa el espacio de la Celeste y pone de relieve un quiebre interno en ese sector.

Así, la tradicional Celeste presentó dos listas de candidatos: por un lado, al camarista del Tribunal Oral Federal n° 2 de San Martín, Walter Venditti, y a la reciente camarista civil, Paula Castro.

Por otro lado, se presentó otra vertiente del espacio (más identificada específicamente con el kirchnerismo), que lleva como primera candidata a Gabriela Vazquez, ex consejera y camarista laboral, y como segundo candidato a Alejo Ramos Padilla, juez federal electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Las listas impugnaron mutuamente sus candidaturas, sin embargo, la junta electoral resolvió admitir de forma provisoria a las dos.

En el caso de la Lista Bordó, propuso como candidatos al juez civil y presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), Marcelo Gallo Tagle y a la camarista federal de Resistencia, Rocío Alcalá.

Por último, Compromiso Judicial presentó como primeros dos candidatos titulares al exconsejero y juez federal de Tres de Febrero, Juan Culotta, y a la jueza de la cámara criminal, Magdalena Laiño.

Sin reelección

Uno de los principales conflictos de este proceso electoral estuvo relacionado con la posibilidad de que los consejeros pudieran ser reelegidos inmediatamente.

El actual consejero judicial Diego Barroetaveña, integrante de la Bordó y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, había iniciado una acción judicial para determinar si podía volver a postularse.

El argumento se apoyaba en una cuestión jurídica compleja: la Corte, al declarar inconstitucional la integración de 13 miembros del Consejo, había restablecido partes de la antigua ley 24.937. Barroetaveña sostuvo que esa restitución podía implicar también la recuperación de la norma que permitía la reelección.

La posición contraria sostuvo que la Corte solamente había restablecido las reglas necesarias para recuperar la integración de 20 miembros y no había dejado sin efecto la prohibición de reelección inmediata introducida posteriormente.

El intento generó además una fuerte interna dentro de la propia Bordó. Finalmente, Barroetaveña desistió de su acción y quedó fuera de la disputa electoral.

El episodio tuvo una réplica en el estamento de los abogados: Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, ambas integrantes del actual Consejo, también habían intentado habilitar judicialmente su continuidad. La discusión terminó siendo retirada antes de la elección.

El antecedente es importante porque muestra que el recambio de 2026 no es solamente una disputa por nombres: también está en discusión qué versión de la ley que regula al Consejo se encuentra actualmente vigente.

Abogados con perfil político

La elección de los abogados será el 20 de octubre. Podrán votar los profesionales con matrícula federal activa incluidos en el padrón y con domicilio electoral en el país.

A diferencia de los jueces, aquí existe un único distrito electoral nacional. Se elegirán cuatro titulares y sus respectivos suplentes. Las listas deben garantizar al menos dos mujeres, al menos dos abogados del interior y por lo menos un representante de la Ciudad de Buenos Aires.

La distribución de los cargos se realiza mediante el sistema D'Hondt, de manera proporcional a los votos obtenidos por cada lista. Esto vuelve especialmente relevante la capacidad de las agrupaciones para construir listas nacionales. No alcanza con tener una buena elección en Buenos Aires: para obtener representación resulta decisivo sumar votos en el interior.

Esta circunstancia otorga especial peso a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que tiene un papel central en la organización electoral y en la articulación de los colegios del interior.

La presentación de listas para competir en la elección de los abogados vence el 14 de septiembre, por lo cual todavía no están definidos los términos de la disputa, ni los candidatos definitivos.

Entre los nombres que aparecen con mayor fuerza está Alberto Biglieri, impulsado por la agrupación Abogados por Argentina. Como es frecuente en el estamento de los abogados, su candidatura tiene una particular dimensión política: cuenta con respaldo del radicalismo, pero además recibió un fuerte espaldarazo de representantes del interior del país.

Otro polo es el que pretendía la continuidad de Jimena de la Torre, vinculada políticamente con Juntos por el Cambio y Mauricio Macri, pero que ya desistió formalmente de intentar la reelección, por lo cual no está definida una postulación por ese espacio.

Otro sector de peso alrededor de la elección es el que se referencia en Diego Molea, aunque con una particularidad: Molea no compite por el estamento de los abogados en esta elección, ya que fue elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional como representante del estamento académico.

En el actual Consejo, el mapa de la abogacía muestra cuatro perfiles distintos: Jimena de la Torre, identificada con el espacio de Juntos por el Cambio y con sectores vinculados al PRO; Fernanda Vázquez, vinculada al universo académico y político de Molea; César Grau, abogado rosarino que suele coincidir con posturas del peronismo; y Alberto Maques, ligado al ámbito de la abogacía porteña.

Las identidades o afinidades partidarias, sin embargo, no deben confundirse con la naturaleza institucional del cargo: los abogados son elegidos por sus pares y no concurren a las urnas bajo boletas partidarias nacionales, aunque en un contexto fuertemente politizado éste es un dato que no puede soslayarse.

Académicos a Tribunales

El otro gran foco de conflicto está en el estamento académico, y en buena medida será resuelto en los tribunales, por impugnaciones al procedimiento.

La ley prevé dos representantes de este sector: uno debe ser profesor titular de una cátedra universitaria de una facultad de Derecho nacional, y el otro una persona de reconocida trayectoria y prestigio con menciones especiales en ámbitos académicos o científicos.

Uno de esos lugares ya quedó definido: Diego Molea fue elegido por unanimidad por el CIN.

El segundo es el que se encuentra actualmente en disputa. El CIN estableció un mecanismo de elección indirecta: primero los profesores titulares regulares de las carreras de Abogacía de las universidades nacionales eligen representantes para un Colegio Electoral y luego ese Colegio Electoral designa al representante ante el Consejo.

El cronograma prevé la elección de los representantes al Colegio Electoral el 24 de septiembre, y la elección definitiva del consejero el 30 de septiembre.

La Universidad de Buenos Aires cuestionó ese procedimiento. El rector Ricardo Gelpi y el decano de Derecho, Leandro Vergara, presentaron un amparo contra el reglamento y el cronograma del CIN y reclamaron que sean los propios profesores titulares quienes elijan directamente a su representante.

La jueza electoral María Romilda Servini se declaró incompetente y remitió el expediente al fuero contencioso administrativo federal. La controversia, por lo tanto, todavía puede interferir en el cronograma.

El conflicto no es menor. La UBA considera que el sistema indirecto reduce el peso electoral de las universidades con mayor cantidad de profesores y modifica el criterio de representación que había regido en procesos anteriores.

Otra pulseada en el Congreso

Los ocho representantes parlamentarios no son elegidos por voto directo de la sociedad ni por los legisladores individualmente. Son designados por los presidentes de ambas cámaras a propuesta de los bloques, respetando la representación parlamentaria.

Cada cámara aporta cuatro consejeros: dos corresponden al bloque con mayor representación y uno a la primera y segunda minoría, respectivamente. Más allá de que en el paso ésto dio lugar a jugarretas (división de bloques mayoritarios para sumar un representante) que debieron ser resueltas en la Justicia, aquí aparece uno de los cambios políticos más importantes de 2026.

La composición actual del Consejo refleja todavía parcialmente el resultado de la elección legislativa de 2021/2022. En Diputados figuran Álvaro González, por el PRO; Gonzalo Roca, por La Libertad Avanza; y los peronistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

En el Senado están Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, vinculados al peronismo; Eduardo Vischi, presidente del bloque radical; y Luis Juez, del Frente Cívico cordobés.

Pero las elecciones legislativas de 2025 modificaron el peso relativo de los bloques. La Libertad Avanza pasó a ser la primera minoría en Diputados y busca que esa nueva correlación se traduzca en dos representantes propios en el Consejo.

En el Senado, la discusión es más compleja porque el oficialismo y el bloque justicialista se encuentran prácticamente empatados y el peronismo cuenta con aliados que pretende computar para conservar su representación.

Alto impacto institucional

El peso sumado de cada una de esas disputas arrojará un resultado determinante para el diseño a futuro del Poder Judicial. Si bien la división en estamentos no permite la conformación de bloques oficialistas u opositores determinados como tales, los perfiles de los candidatos influirán en la conformación de mayorías.

Esto cobra fundamental importancia por la gran cantidad de vacantes a cubrir en el Poder Judicial, y por el hecho de que el Consejo selecciona a los candidatos en base a los cuales se confeccionan los pliegos que luego debe aprobar el Senado.

Pero a la vez, en abril el Consejo comenzó a discutir la propuesta de reforma del reglamento de concursos comunicada por la Corte mediante la Acordada 4/2026. En esas deliberaciones participaron, entre otros, los actuales consejeros académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit y la presidenta de la Comisión de Selección, María Fernanda Vázquez.

La reforma del sistema de concursos será, por lo tanto, uno de los primeros asuntos sensibles que deberá afrontar la nueva integración.