Protestas y aumentos: Rosatti aclaró que la medida es la "razonabilidad"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, dijo que las medidas "de emergencia" que está anunciando el gobierno nacional tienen encuadre constitucional, aunque corresponde a los jueces controlar su "razonabilidad". También explicó que el conflicto entre el derecho a manifestarse y el de libre circulación debería resolverse mediante la "compatibilización", y sin que uno anule al otro.

Rosatti fue entrevistado por el periodista Carlos Pagni en La Nación + y, al ser consultado sobre las medidas que está tomando el gobierno nacional (y particularmente sobre la eventual "inconstitucionalidad" que podrían entrañar algunas de ellas), aclaró que "técnicamente, entrarían dentro de lo que en el derecho constitucional se llama emergencia. Y todos los problemas que se suscitan en una emergencia tienen que encontrar respuesta dentro de la Constitución, que prevé situaciones de normalidad y situaciones excepcionales o de emergencia. Y dentro de la Constitución tenemos que circunscribirnos los tres poderes del estado".

En ese sentido, puntualizó que en estos casos "el juez tiene que tener mucha prudencia y mucha sabiduría para saber qué es lo que puede controlar y qué es lo que no puede controlar. Hay un plano, que es el de la decisión política, que el juez no controla, porque es propio de los representantes. Pero el juez sí debe controlar siempre que se le presente un caso judicial, un conflicto que no se pudo resolver antes, que no lo resolvió la sociedad o la política".

Rosatti marcó que, en tales casos, lo que controlan los jueces son "los procedimientos y efectos o contenidos de la decisión", que puedan provenir del uso de DNU (decretos de necesidad y urgencia, que además deben ser avalados después por el Congreso y tienen vedadas materias como la electoral, la penal y la tributaria) o de la legislación delegada de manera expresa y específica por el parlamento, por un tiempo limitado.

En ese sentido, la Justicia está habilitada para controlar, por ejemplo, si lo que salió por decreto debió salir por ley, o si debieron cumplirse determinados recaudos. Y, remitiéndose a un pronunciamiento previo de la Corte, puso como caso testigo un aumento de tarifas que debió retrotraerse porque no se habían hecho las audiencias públicas que exige la ley. "Es decir, ¿aumento de tarifas puede ser?. Sí, pero previa audiencia pública. En aquel caso no se habían hecho, hubo que volver hacia atrás, se hicieron las audiencias. Es decir, se controló el procedimiento, artículo 42 de la Constitución", advirtió.

Pero también se controla judicialmente los efectos de la decisión: "Si no se aniquila el derecho o si no se lo desdibuja de una forma sustantiva, puede haber una afectación en términos de tiempo, en términos de intensidad. Eso se ve en cada caso concreto".

Piquetes y circulación

Llevado al terreno del conflicto entre el derecho a manifestarse y protestar, y el de libre circulación (puesto en cuestión a partir del protocolo "anti-piquetes" anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich), insistió en que "es un tema de razonabilidad. Ése es el test que se tiene que hacer acá, que en realidad no solo lo tiene que hacer el juez, sino que, habiendo buena voluntad, lo tienen que hacer todos los actores.

"Lo ideal es que no llegue al juez. Pero si es así, lo que busca el juez es optimizar los dos derechos. No confrontarlos y que sea de una suma cero o menos cero todavía. Entonces, si usted me dice que un derecho va a anular al otro, hay un ganador y un perdedor. La Corte norteamericana tiene una jurisprudencia muy intensa sobre esto, que es bastante ilustrativa, donde con términos pragmáticos busca la compatibilización", añadió.

Juicio político y espionaje ilegal

Al ser consultado sobre el procedimiento tendiente a la destitución de todos los ministros de la Corte que se desarrolló en comisión en la Cámara de Diputados durante todo el año, y terminó con dictamen acusatorio suscripto básicamente por el kirchnerismo, Rosatti dejó en claro que "lo tomamos con toda seriedad. Respondimos todos los pedidos de informes, todo el personal de la Corte que fue citado a declarar concurrió. No nos amparamos en ninguna inmunidad de ninguna naturaleza. Dimos todas las explicaciones del caso. Después, cuando llegó el momento de dar la opinión, cada juez hizo su descargo según su criterio. Yo puse de manifiesto algunas irregularidades del procedimiento que me parecían muy notorias".

Sobre el contenido el contenido del juicio político, estimó que "quedó bastante reducido, en términos generales, a una disconformidad con el contenido de las sentencias. Que no es una causal válida para que el juicio político progrese. Esta es mi opinión".

Pero también a partir de allí trajo a colación cuestiones que también se ventilaron durante el proceso, con datos o supuestos datos provenientes de tareas de espionaje ilegal, materia que consideró parte de "una de las grandes deudas de la democracia argentina".

"La inteligencia tiene que estar en la prevención del terrorismo, de los graves delitos del narcotráfico, la pornografía infantil, etc. Y no dedicarse a espiar a las personas, a ver qué debilidad tienen para intentar chantajearlos o hacer no sé que otra cosa. Y también es muy brumoso para la comunidad esto de que haya grupos orgánicos, grupos inorgánicos, grupos organizados, desorganizados. La verdad que es algo que me parece detestable y me parece que es una deuda muy grande. Porque esto sí que está vinculado con la libertad, con la libertad de las personas, con la libertad de todos los días, con el sentirse espiado, el sentirse vigilado, el sentirse hackeado".