Denuncia contra el gobierno nacional por desmantelar las políticas de Derechos Humanos

Crece el conflicto por los reclamos ligados al desmantelamiento de las políticas ligadas a los Derechos Humanos. Mientras el gobierno de Javier Milei redobla la apuesta y reflota la idea de mudar el Ministerio de Justicia a la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Una presentación judicial se sumó al reclamo que vienen manteniendo trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti -que funcionaba en la ex ESMA- que fueron informados en vísperas del Año Nuevo que no se presentaran a trabajar.

La legisladora porteña de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, denunció penalmente al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y al secretario Alberto Baños por el "desmantelamiento" de la secretaría de Derechos Humanos (SDH).

La denuncia en cuestión fue presentada ante el juzgado federal 6 de Comodoro Py, a cargo del juez subrogante Daniel Rafecas, y sostuvo que las medidas impulsadas por ambos funcionarios “afectan gravemente la preservación de los sitios de memoria y la transmisión de la historia reciente de Argentina”.

Según sostiene la denuncia, los funcionarios nacionales “han adoptado numerosas medidas que han afectado de manera directa el funcionamiento y la preservación de los sitios de memoria a través del desfinanciamiento de las obras públicas y los despidos masivos que viene sufriendo el sector público y en particular la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia”.

En su presentación, Montenegro explicó que Baños y Cúneo Libarona incumplieron la ley 26.691, que protege los excentros clandestinos, poniendo en peligro la preservación de la memoria histórica y las investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Por tal motivo, fueron denunciados por abuso de autoridad y violación del deber del funcionario público.

Escenario de protestas

En paralelo, el gobierno nacional analiza la iniciativa de trasladar parte del Ministerio de Justicia al edificio de la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionan actualmente dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos, cuya estructura también está siendo objeto de modificaciones, incluyendo despidos para reducir personal.

En las últimas horas hubo cesantías en el Centro Cultural Haroldo Conti y Archivo General de la Memoria, que funcionan en el predio del barrio porteño de Núñez y esto desató fuertes críticas y marchas de organismos de derechos humanos.

Incluso, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió a reclamar públicamente que la administración de Javier Milei puso en marcha despidos como parte de un plan para "cerrar la ex ESMA".

En el marco de la iniciativa de Milei de reducir el Estado, el Ministerio de Justicia que comanda Mariano Cúneo Libarona disminuyó un 37 por ciento su planta de personal el año pasado, lo que implicó -según el Gobierno- un ahorro mensual de 820 millones de pesos. En 2025, está previsto continuar suprimiendo o bajando la estructura.

Como parte de esos cambios, la cartera estudia reacomodar personal del edificio de la sede de Justicia, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio.

Denuncias de trabajadores

Dentro del recorte de programas y personal de planta ligado a políticas de Derechos Humanos, está incluida la supresión del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la reducción del 90% del Ministerio de la Mujer.

En medio de este panorama, trabajadores del ex instituto nacional contra la discriminación denuncian que no fueron reubicados en la nueva estructura como les habían anticipado y tampoco cobras sus haberes desde hace algunos meses.

"Destruir el INADI fue un eje de la campaña del gobierno y en Agosto del 2024, por decreto lo desaparecieron y se regocijaron de hacerlo. A partir de ese momento pasamos a ser trabajadores de la secretaria de Derechos Humanos a cargo del Dr. Alberto Baños. El mismo funcionario que desde hace 3 meses no certifica nuestros servicios impidiendo que cobremos nuestros haberes en tiempo y forma y nos impide pasar a otra dependencia que sí nos certifique los servicios", manifestaron por medio de un comunicado.

"Esta situación la atravesamos trabajadores y trabajadoras de Planta Permanente ex INADI provenientes de 7 provincias del país: Santa Fe, San Juan, Tucumán, Corrientes, Chaco, La Rioja y Río Negro", señalan. Y agregan: "el ensañamiento es premeditado y no podemos permitir que sigan atropellando nuestros derechos".

Por este motivo, solicitaron públicamente que el secretario Baños "frente a la angustiosa situación que transitamos, se haga responsable de pagar lo adeudado y nos proporcione un lugar para reubicarnos y poder cumplir con nuestras funciones que realizamos hace tantos años".

Libarona redobla la apuesta

En este marco de reclamos por despidos, recortes de programas y sueldos adeudados, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió las prácticas implementadas en la secretaría de Derechos Humanos.

Libarona, además, salió al cruce de la denuncia penal que le hizo la legisladora porteña Victoria Montenegro, que lo acusó de "desmantelar" el área. "Estos sinvergüenzas que ahora hacen denuncias para el show mediático, solo en 2023 dilapidaron cinco mil millones de dólares en políticas de género y llenaron durante años la Secretaria de Derechos Humanos de empleados militantes", escribió Cúneo Libarona en sus redes sociales.

Por último, el ministro se desligó de las críticas y redobló la apuesta: “Vamos a seguir cortando con todos los gastos superfluos e innecesarios que fundieron al país. No me importa que me denuncien por hacer lo que está bien. Nos vemos en la justicia”.