Se realizó la séptima jornada de alegatos en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner: principales declaraciones

Este martes se completó la séptima jornada de alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio por la obra pública de Santa Cruz, en el que la principal acusada es Cristina Fernández de Kirchner.

Los fiscales presentaron mensajes intercambiados entre los distintos imputados, desvincularon a los jefes de Gabinete de aquella etapa (entre los que estuvieron Alberto Fernández y Sergio Massa, entre otros) y se refirieron a los organismos de control durante la etapa 2003-1015, a los que tildaron de funcionar de forma “limitada, precaria o ineficiente”.

Respecto de las razones de la acusación, tanto Luciani como Mola alegaron que no sólo hubo preferencia por Austral Construcciones, la empresa perteneciente a Lázaro Báez, sino que las obras no se realizaron e incluso recibieron sus pagos con anterioridad. "El sistema de corrupción estaba planificado por las máximas autoridades del país", dijo Mola en uno de sus alegatos.

Luciani, por su parte, habló de una extensión en los plazos de finalización de las construcciones. "Eran 32 obras en simultáneo de las cuales 22 ya habían superado notablemente los plazos previstos para su terminación, pero se le iban haciendo extensiones de plazo", indicó.

La audiencia en el juicio por los fondos de las obras de Vialidad Nacional se retomará el viernes a las 8.30.

Principales declaraciones de los fiscales

Luciani mostró los mensajes entre el ex ministro José López y los empresarios a cargo de obras en Río Gallegos, en el que mencionan pedidos y consultas “de la presidenta” y aseguró que “todos los funcionarios aquí imputados realizaban un seguimiento celoso de las licitaciones públicas”.

“Esto demuestra que de ningún modo eran ajenos a los procesos licitatorios, su avance y su ejecución”, analizó y señaló que los funcionarios "actuaron en connivencia con las empresas, de forma opaca”.

Al retomar su exposición, el fiscal Sergio Mola siguió mostrando las irregularidades de las licitaciones y dijo que “no son hechos aislados, se trató de una matriz que se replicó en todas las obras”.

Entre otros hechos que, consideran, prueban la relación entre los Kirchner y Lázaro Báez, mencionó la cantidad “impresionante” de visitas de Báez y otras personas que iban a la Quinta de Olivos de parte de él. Estas visitas, dijo, “lo que hacen es terminar de robustecer y confirmar lo que fuimos viendo a partir de distintas pruebas”.

“No es una prueba por sí misma, pero se complementa y guarda relación con el resto”, detalló sobre las reuniones entre estas personas y funcionarios como Roberto Baratta, por entonces secretario del ministerio de Planificación.

"Estas cuestiones que durante doce años pasaron inadvertidas, para funcionarios y para la ciudadanía, en rigor son claros actos de corrupción", describió el fiscal. Y siguió: "Pero, además, dados los claros negocios que mantenían los entonces presidentes de la Nación con Lázaro Baez, un claro conflicto de intereses".

En ese marco, habló de una cantidad de negocios y "su clandestinidad, irregularidades y su extensión en el tiempo", que "nos muestra que ese fue el móvil con Lázaro Báez y sus empresas".

"Estamos hablando de la más alta jerarquía del Estado, se trató de los presidentes de la Nación. Es evidente que tenían un claro interés económico, financiero y personal", consideró Luciani.

"Si hasta acá esto es grosero, hay muchísimo más", detalló Luciani al detallar una serie de ventas y operaciones que realizó Néstor Kirchner con la firma Austral construcciones.

“La asociación ilícita duró 12 años”, aseguró el fiscal Diego Luciani. “Hubo un conjunto de decretos firmados por Cristina Kirchner que permitieron la ampliación de los créditos reales, esto es decisiones administrativas que modificaron los presupuestos”, detalló.

El fiscal dijo que se trató de "una decisión de las máximas autoridades, los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para direccionar fondos a favor del conglomerado empresarial de Báez", agregó.

En ese sentido, explicó que desde el Poder Ejecutivo "se subestimaron los presupuestos y se manejaron a discreción los excedentes”.

Asimismo, Luciani hizo foco en responder a los argumentos de la defensa sobre que todas las obras públicas cuestionadas habían recibido aprobación por parte del Congreso al sancionar las normativas que avalaron los informes anuales de la "cuenta de inversión". Consideró que eso fue un "mero formalismo", que los informes se aprobaron cinco años después de los ejercicios.

"Lisa y llanamente les mintieron", disparó luego Luciani en relación a la información que el Poder Ejecutivo le remitió al Congreso, la cual señaló que era "escasa" y que imposibilitaba realizar un control real. "Las posibilidades de control de acuerdo a la información que el Poder Ejecutivo informó al Congreso fue nulo”, dijo.

En esta séptima jornada, el fiscal Luciani retomó el análisis de la partida presupuestaria asignada a los contratos adjudicados a Lázaro Báez. En este sentido, afirmó que dicho análisis "expone una absoluta discrecionalidad sobre los cuantiosos recursos públicos destinados al Grupo Báez".

Por otro lado, la Fiscalía desvinculó de los hechos quienes fueron los jefes de Gabinete de Cristina Kirchner durante sus dos presidencias. Ellos son Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina.

"Los jefes de Gabinete fueron cambiando, pero la estructura de la asociación ilícita se mantuvo", explicó el fiscal y señaló, además, que quienes sí se mantuvieron fueron Julio de Vido como ministro de Planificación Federal y Nelson Periotti como titular de la Dirección Nacional de Vialidad.

Tras el inicio de su alegato, Luciani le pasó la palabra al fiscal Mola, quien continuó haciendo énfasis en que "no existía ninguna intención de controlar".

"Los imputados en la causa conocían perfectamente el funcionamiento de las estructuras del Estado y fueron utilizando ese conocimiento para evadir y neutralizar la actuación de los organismos de control", argumentó el fiscal.

El funcionario judicial reinterpretó el informe de auditoría ordenado por Javier Iguacel, el primer titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, que concluyó en que las irregularidades en la obra pública asignada a Báez eran menores.

La fiscalía atribuyó esa consideración a que los auditores tuvieron sólo 15 días para recorrer más de seis mil kilómetros y que el propio informe explica que sus conclusiones no son definitivas.

Mola remarcó que la ausencia de controles a la actividad gubernamental y administrativa posibilitó el desarrollo de una "corrupción de carácter generalizado y sistemático".

"Queremos demostrar el limitado, precario o ineficiente funcionamiento de los organismos de control dispuestos por la ley con relación a la función que tenían que desarrollar, situación que fue organizada, aprovechada o mantenida por la propia administración en el marco del plan criminal que se desarrolló", explicó.

A su vez, el fiscal señaló que querían abordar "el desentendimiento y deslegitimación infundada de las alertas, avisos y denuncias que se fueron sucediendo con relación a las irregularidades y hechos de corrupción que se venían desarrollando".

En el mismo sentido, el fiscal también hizo referencia a los "órganos parasitados" que limitaron la posibilidad de ejercer control y tomó como ejemplo a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN): "El mensaje que emana del Poder Ejecutivo fue nefasto, designaron en el organismo que debía controlar, entre otras cosas, las obras bajo la órbita del Ministerio de Planificación que dirigió Julio De Vido, a su esposa Alessandra Minnicelli. El mensaje fue claro".

“Invisibilizar los controles sobre Austral Construcciones fue parte de la maniobra delictiva”, insistió Mola.