De qué depende que Cristina Fernández de Kirchner pueda ser candidata en 2025

La confirmación por la Cámara de Casación de la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por actos de corrupción vinculados a la obra pública en la causa conocida como Vialidad, implica el dictado de una pena de prisión de 6 años y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Pero, más allá de las imputaciones de "lawfare" a los jueces, o la pretensión de la existencia de una persecusión "de género", lo cierto es que los efectos del fallo exceden los términos punitivos de una condena por corrupción, e impactan de lleno en lo que será la historia política del país en el futuro inmediato.

En rigor, ese impacto asume por el momento la forma de un interrogante. Que se formula lisa y llanamente en los términos de si Cristina podrá o no ser candidata en 2025. Y la respuesta es tan clara e indudable como provisoria: sí, por ahora. Después, depende de una serie de factores que involucran un juego a dos bandas entre la cúspide del Poder Judicial y el Congreso de la Nación, en el que, aunque pretenda ajenidad, también incide de manera más o menos directa el Poder Ejecutivo, y los términos en los cuales pretende la renovación de la Corte Suprema de Justicia.

La explicación de este escenario, y de los posibles que se abren a partir de las decisiones que vayan a tomarse en las próximas semanas, se podría esquematizar sobre la base de algunos términos clave.

Sentencia firme: el cumplimiento de la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner, que involucra tanto la prisión como la inhabilitación, solamente será exigible una vez que el litigio quede definitivamente clausurado; esto es, sin posibilidad de apelación o interposición de cualquier tipo de recurso. Por lo tanto, hasta que esa condición se cumpla, Cristina puede ser candidata. Es decir, podría serlo si las elecciones fuesen ahora. La sentencia quedará firme cuando se expida la Corte Suprema de Justicia, en tanto convalide o anule la condena.

Última instancia: "No descartamos que el macrismo, junto con los grupos económicos y medios, intente proscribir a Cristina Kirchner, haciendo que la Corte antes de diciembre confirme el fallo y así meterla presa de acá a fin de año", arriesgó el senador kirchnerista Oscar Parrilli. Sin pronunciar palabra sobre el contenido de la causa, y en un inusual contacto con la prensa, el ministro Juan Carlos Maqueda aclaró: "Se dice que el fallo ahora va a la Corte. En realidad demora bastante tiempo, porque se presenta un recurso extraordinario ante la misma Cámara, hay que ver si lo acepta la misma Cámara de Casación, y si no van con un recurso de queja a la Corte. Y eso lleva su tiempo". Más tiempo del que, de hecho, tendrá el propio Maqueda como parte del Tribunal, del que se alejará este año por cumplir 75 años de edad y ante la intención del presidente Javier Milei de reemplazarlo.

Los plazos procesales. La defensa de Cristina Fernández ya confirmó la decisión de apelar, con lo cual es un hecho que el tema llegará a la Corte. Pero no sin que antes se completen una serie de pasos y se cumplan ciertos términos. Primero, 20 días hábiles para presentar un recurso extraordinario ante la misma Cámara de Casación, que a la vez tendrá otros 20 para decidir si lo acepta. Con lo cual, los plazos se extienden a fines de diciembre o principios de febrero. Si llegado el momento la Cámara rechaza el recurso, Cristina Kirchner podría ir en queja ante el máximo tribunal de Justicia de la Nación, luego de depositar un millón de pesos. Antes de expedirse, la Corte tiene que pedir la opinión no vinculante al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Con lo cual, sus ministros tomarían intervención en el expediente recién en marzo.

La integración de la Corte. ¿Cuáles serán los ministros de la Corte que decidirán la suerte de Cristina Fernández? Si hubiese dependido de ella, ninguno de los actuales, ya que el kirchnerismo ensayó durante el mandato de Alberto Fernández un juicio político para destituirlos, que no prosperó, pero que sigue teniendo estado parlamentario. De los cinco miembros que prevé la ley actualmente hay cuatro: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que ya no estará el año que viene. El gobierno impulsa a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla, cuyos pliegos necesitan el respaldo del Senado, en una negociación que (por su cantidad de miembros) no puede prescindir del kirchnerismo. La supuesta e hipotética funcionalidad de Lijo al kirchnerismo es una de las hipótesis de quienes cuestionan el tenor de estas negociaciones, que también incluyen la posibilidad de reemplazar a García-Mansilla por una mujer del riñón cristinista. Otro escenario posible es el nombramiento "en comisión" y por decreto de los nuevos ministros, como ensayó en su momento Mauricio Macri con Rosatti y Rosenkrantz, pero que luego se llevó a cabo con fuerte respaldo del Senado. Sobre la base de todas estas variables, parecería aventurado hacer pronósticos. Porque, a la vez, también es un hecho que, llegado el momento de ejercer la judicatura, los magistrados tienden a hacer gala de autonomía y desprenderse de supuestos auspicios. Por otra parte, si las vacantes no se cubren y la Corte funciona con tres ministros, cualquier decisión deberá ser unánime. En caso contrario, se deberá sortear un conjuez para poder tomarla.

Ficha limpia. Una medida política podría modificar este escenario. La Cámara de Diputados tiene en carpeta para el miércoles 20 una sesión especial, pedida por el PRO, La Libertad Avanza y parte de la UCR, que en su temario incluye el proyecto de "ficha limpia", que impide a políticos condenados presentarse a cargos públicos electivos si tienen más de una sentencia en su contra. "El articulado establece que la inhabilitación para cargos públicos correrá 'desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme'", remarcó el diputado del PRO Demián Arabia, dejando en claro cuáles serán los efectos de la ley, en caso de que luego sea sancionada por el Senado. Lo que no impide que, llegado el caso, la propia norma sea pasible de cuestionamientos judiciales, y la definición vuelva a recaer, por otra vía, sobre los tribunales.

Otras causas. Finalmente, la causa Vialidad no agota el menú de intervenciones posibles de la Corte Suprema en el futuro de Cristina Fernández, ya que dentro de su órbita hay otros cuatro expedientes con incidencia a tal efecto. Se trata de las causas de dólar futuro, memorándum con Irán y Los Sauces-Hotesur. En todas ellas, lo que toca determinar al máximo tribunal es si pasan a la instancia de juicio oral y público, o si corresponde el sobreseimiento.