Información oficial: la custodia presidencial se mueve en vehículos de alquiler por $ 20 millones semestrales

A diferencia de otros organismos gubernamentales, reticentes a entregar la información solicitada mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, la Casa Militar – a través de la Secretaría General de Presidencia – facilitó al autor la documentación pretendida sin vericuetos. La misma hace referencia a los vehículos que trasladan al personal militar que integra la custodia del presidente de la Nación, de los cuales uno volcó camino a San Luis en noviembre y provocó la muerte de la sargento primero Yanina Mariel Larese, del Ejército.

En ese momento, llamó la atención que los uniformados viajaban a bordo de una camioneta de tipo civil. Por ello, al coincidir las horas posteriores a la tragedia con una conferencia de prensa del jefe de gabinete, este medio consultó a los funcionarios nacionales sobre el tema. Si bien Juan Manzur sólo atinó a mencionar que habrá mayor inversión hacia las Fuerzas Armadas públicamente, desde el área de comunicación oficial deslizaron que la información era falsa y que la custodia presidencial se movía en vehículos oficiales. Ante eso, se solicitó acceso a la información pública que acredite el origen del automotor y todo lo que respecte en ese sentido.

Es importante mencionar que, si bien el personal afectado pertenece al Ejército, la Casa Militar tiene un presupuesto ajeno a dicha Fuerza, con un andamiaje legal especial y distinto al resto de los elementos militares. Por ello no se lo provee de coches designados al Ejército. Además, es motivo para otro artículo, que dicha institución cuenta apenas con unos 60 “vehículos de calle”, como se denomina a los autos en los pasillos castrenses, distribuidos en todo el país. De ellos, sólo uno porta el nuevo modelo de chapa-patente, lo que expone la antigüedad de los mismos.

Sobre el eje de estas líneas, efectivamente los integrantes de la Casa Militar se transportan a través de vehículos civiles que son contratados por licitación pública, en lugar de tener vehículos del Estado asignados para su uso. Esto se justifica en que necesitan trasladarse por todo el país y una licitación les permite adquirir vehículos en todo el territorio de manera permanente, por lo que suelen llegar a las zonas de trabajo más alejadas en avión y suelen retirar los coches licitados en los aeropuertos o localidades afectadas al servicio. Por eso no acuden a un leasing o compra. El valor de la licitación en cuestión es de $ 20.869.000,00, con IVA incluido, por seis mese y bajo la modalidad de orden de compra abierta. Esto significa que se contrata un servicio que, en este caso, puede consumirse al completo durante los 6 meses contratados o parcialmente. Es decir, se va pagando lo que se va consumiendo (a través de solicitudes de provisión).

La adjudicación se aprobó el 25 de agosto del 2022 a través de una Disposición firmada por el segundo jefe de la Casa Militar, a favor de Néstor Eduardo Ávila que posee una empresa de transporte y turismo. La misma tiene vigencia hasta el 25 de febrero del corriente y le adjudica a la empresa de transporte la concesión de 495 “servicios”. Se computa “un servicio” por cada unidad vehicular utilizada hasta un día de duración y con recorrido ilimitado.

La solicitud de los servicios que incluye el que sufrió un accidente rumbo a San Luis, como avanzada de la llegada de Alberto Fernández a ese lugar, y en el que murió la suboficial mencionada, se generó a través de la solicitud de provisión 23-0137-SPR22, el 28 de octubre. Un mes antes del trágico suceso. En ella se requirió 14 servicios de la categoría de vehículos “A”; 28 de la “B” y 5 de la “C”, que comprendía la camioneta de la tragedia. En ese sentido, la misma cuenta con seguro “con franquicia por robos y daños $ 345.000 y por vuelco $ 950.000”.

Hasta el 4 noviembre del año pasado, en la licitación en cuestión, se ejecutaron cuatro solicitudes de provisión por – en total - $11.990.800. Esto significa que en poco más de dos meses se consumió el 57% del monto licitado para seis.

Los vehículos licitados

La licitación consta de cuatro renglones, según el tipo de vehículo que puede requerirse. La categoría “A” (con 50 servicios aprobados, con un valor unitario de $22.100), trata de “automóvil de cuatro puertas preferentemente con baúl, con capacidad hasta cinco pasajeros, modelo no anterior al 2018, naftero/diésel motor 1.4 o superior; con aire acondicionado, sistema de alarma antirrobo, cierra puertas centralizado con comando a distancia, dirección asistida, apoya cabezas y cinturones de seguridad inerciales en los asientos delanteros y traseros, baúl de 370 litros de capacidad mínima, en impecable estado de conservación y mantenimiento, tanto interior como exterior.”

La categoría “B” es superior a la anterior. Exige que tenga un baúl con capacidad de 480 litros y un motor 1.8 “o superior” y el valor de cada uso es de $39.000. La categoría “C” trata de “camioneta 4x4” con requisitos similares a los anteriores. En estos casos, se dispusieron 280 y 160 “servicios”, respectivamente y con valor individual de $48.400. Finalmente, se pueden dar 5 usos a la categoría “D”. Refiere a “combi de tres puertas para uso de pasajeros, con capacidad para el conductor y dieciocho pasajeros”, siendo modelo no anterior al 2018 y con motor 2.1. En este caso, cada servicio cuesta $220.000.