Domiciliaria para un narco: piden 90 días de suspensión para el fiscal Spelta

Por unanimidad, pero luego de un extenso debate, la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa decidió recomendar a las Cámaras una sanción de 90 días de suspensión para el fiscal Adrián Spelta, jefe de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Rosario.

Es por aceptar otorgarle la prisión domiciliaria a Emanuel Sandoval, un conocido narcotraficante de la zona sur de la provincia, que era juzgado por tentativa de homicidio en triple grado, y que cargaba además con un antecedente fuerte: era uno de los responsables de haber disparado, en 2013, contra el domicilio del entonces gobernador Antonio Bonfatti.

“Ema Pimpi” fue asesinado en una casa alquilada, donde cumplía presión domiciliaria, en el residencial barrio La Florida, el 25 de octubre de 2019.

Ese resonante hecho (tanto el crimen como la excarcelación y la propiedad alquilada) llamaron la atención de la opinión pública y sin demoras la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, entendió que demás de elevar la acusación a los legisladores por entender que estaba ante una falta considerada grave, debía denunciar ante la Justicia al fiscal y a los dos jueces que habían convalidado esa prisión domiciliaria: el Hernán Postma en primera instancia y, en segunda, su par Gustavo Pérez de Urrechu.

Spelta es el jefe de la Unidad de Homicidios Dolosos del MPA en esa jurisdicción y desde que su nombre rueda junto al de Sandoval en la Legislatura -casi con el inicio de la pandemia-, en la Comisión de Acuerdos se sigue con atención lo que ocurrió en otra investigación paralela, llevada a cabo por el procurador de la Corte santafesina, Jorge Barraguirre, quien recomendó llevar a juicio político al juez Hernán Postma. A mediados de agosto pasado, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados encontró –en votación dividida de 6 a 4- que no había nada que reprochar al juez Postma (en rigor por llevar a la práctica) lo que había aceptado Spelta: la prisión domiciliaria para un narco. (Obviamente, al no haber cuestionamientos al juez Postma tampoco los hay para Pérez de Urrechu).

Ese es el nudo de la acusación que formuló el senador Lisandro Enrico (UCR-General López) contra Spelta: haberle concedido a un narcotraficante, que además tenía con frondosos antecedentes, el beneficio de la excarcelación.

Habrá que ver ahora si el Poder Legislativo entiende, en una sesión especial conjunta -en la que se requieren quórum y mayoría en sendas Cámaras- como los integrantes de Acuerdos que es hora de imponer una sanción. La unanimidad alcanzada en esa comisión formada con integrantes de ambas Cámaras así lo indica.

Los diputados y senadores del oficialismo -que es minoritario en Acuerdos- y sus pares de la oposición -que como en la Cámara baja tiene la mayoría- no mostraron diferencias respecto de la necesidad de imponer una sanción (a diferencia de lo ocurrido hasta ahora en el ámbito judicial). Sin embargo, unos eran partidarios de dejar que ese plazo lo estableciera el propio MPA (a través de su Auditoría), otros consideraban que 60 días eran suficientes y había también quienes reclamaban 180 días. Los números se amalgamaron en 90.

Aunque resta confirmar el horario, se sabe que la sesión especial se llevará a cabo el jueves 1ro de octubre, bajo el formato de una telesesión.

Cabe recordar que ambas Cámaras ya llevaron a cabo una sesión por sistema remoto, el pasado viernes 7 de agosto, cuando por unanimidad se votó la suspensión por 180 días del fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, hoy bajo prisión preventiva por estar acusado de cobrar coimas al juego clandestino, junto al ex fiscal regional Patricio Serjal (quien presentó su renuncia), con lo que se inició el proceso de remoción “del encausado” según la expresión utilizada en aquella sesión.

Una reunión que unificó posiciones

Este miércoles por la tarde, el senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) informó a El Litoral que tras una extensa deliberación la Comisión de Acuerdos que preside decidió recomendar la suspensión por 90 días para el fiscal de Rosario Adrián Spelta.

El legislador confirmó que ya había sido elaborado el dictamen y firmado por todos los integrantes de Acuerdos, en una sesión de la Comisión que comenzó a las 11 horas de este miércoles 23 y finalizó pasadas las 13 horas. Explicó que las deliberaciones se llevaron a cabo con la casi totalidad de los legisladores conectados por sistema de videoconferencia, excepto el propio Gramajo, quien de manera presencial presidió la reunión, desde la Legislatura.

Indicó además que se elaboró la respectiva nota de pedido de convocatoria a la Sesión Especial Conjunta de Ambas Cámaras a la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

Comisión clave

En la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa fueron designados por sus pares cuatro senadores: los justicialistas Joaquín Gramajo (9 de Julio), Alcides Calvo (Castellanos) y Rubén Pirola (Las Colonias), y el radical Lisandro Enrico (General López); así como ocho diputados: los frentistas Pablo Farías (PS), Lionella Catallini (OS), Maximiliano Pullaro (UCR), Fabián Bastia (UCR) y Gabriel Real (PDP), lo mismo que, de otros bloques con menos integrantes, Gabriel Chumpitaz (Cambiemos), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) y Leandro Busatto (PJ). Sus deliberaciones necesitan quórum al iniciarse. A diferencia de lo que ocurre en sendas Cámaras, luego puede continuar su labor sin la necesidad de que este se sostenga. Sus dictámenes pueden ser por unanimidad, o por mayoría y minoría. Y cuando revisa la labor de los defensores y fiscales debe elevarlos para su aprobación o rechazo a una sesión especial conjunta, en la que debe haber quórum de cada una de las Cámaras.