Edenor y Edesur: siguen privilegios para usuarios porteños y bonaerenses

Sin consultar con los gobernadores provinciales, el gobierno nacional decidió con los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires mantener bajo la órbita del Estado Nacional la concesión de los servicios que prestan las empresas distribuidoras de energía eléctrica Edenor y Edesur, en el área metropolitana más grande del país.

No hubo grieta entre los gobiernos porteño y bonaerense para conservar sus privilegios, a costa perjudicar al resto de las provincias. Contra lo que quería el macrismo hace algo más de dos años, la Nación seguirá sin librarse de una tarea que le ha generado un enorme déficit fiscal.

El anuncio fue hecho por el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, con el aval de las dos jurisdicciones que se benefician con la decisión: el gobierno bonaerense y el de la capital federal. En julio de 2018, ambas habían aceptado (durante el gobierno de Mauricio Macri) hacerse cargo, al igual que las demás provincias, de esos servicios.

Aquel acuerdo entre un presidente que venía de ganar las elecciones de medio término, y dos de los dirigentes más relevantes de su partido: el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, había sido una concesión a un reclamo unánime de los demás gobernadores que, en el tema eléctrico, o asumen el costo político de actualizar tarifas (a grandes rasgos lo que hizo el Frente Progresista) o desfinancian sus empresas o las sostienen con deuda (como hace hoy el gobierno justicialista desde la Casa Gris). A la tercera opción: volcar fondos genuinos, solo puede llevarla a cabo –en general- el Estado Nacional y a esa salida apunta el acuerdo tripartito que superó "la grieta".

Un par de excusas

Con la excusa de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof no ha nombrado sus representantes en el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (Emse) y que objeta las designaciones del macrismo (y el haber designado al presidente del directorio incompleto), unos y otros, ahora han dispuesto su disolución.

En redes sociales, Martínez, el secretario de Energía de la Nación, dijo que se había acordado con funcionarios bonaerenses y porteños un "proceso de armonización de las funciones del Estado Nacional, basado en la coordinación conjunta, el consenso y la confluencia federal de los tres Estados en materia de la regulación y el control del servicio eléctrico en el AMBA". Su federalismo, claro, comprende sólo a esos tres Estados.

"Nos encontramos ante un vacío formal", dijo al diario El Cronista el subsecretario de energía bonaerense, Gastón Ghioni, para encontrar una salida elegante. Desde la ciudad capital no ha sido necesario hacer declaraciones incómodas.

Millones de razones

Las empresas de distribución eléctrica Edenor y Edesur comparten una doble particularidad: 1) son las compañías no estatales más importantes desde las privatizaciones peronistas de los '90, y 2) están bajo concesión de la Nación y reguladas por un ente nacional, a diferencia del resto de las distribuidoras (públicas y privadas) que están bajo la órbita de las provincias, que autorizan los aumentos de tarifas.

No solamente están en juego competencias regulatorias y posibilidades de ejercer controles. Sobre todo se trata de ver quién paga el costo de las tarifas sociales, o de no actualizar las boletas de la luz a porteños y bonaerenses: mientras siga siendo responsabilidad de la Nación, en ese pozo ponen todos los contribuyentes del país.

Huelga recordar las abismales diferencias tarifarias entre los usuarios de Edenor y Edesur con el resto de las empresas en manos de las provincias (o de otras compañías de la Provincia de Buenos Aires) durante los gobiernos nacionales de Néstor y Cristina Kirchner. Se congelaron tarifas como una forma de que el índice inflacionario de aquel INDEK (que se mide en el AMBA) se vea más bajo.

Enganchados

Tanto la Legislatura porteña como el gobierno de la provincia de Buenos Aires habían aprobado el traspaso durante 2019 y se creó el EMSE con esa finalidad. Ahora todo quedará en nada.

Si bien quedarán a cargo de la Ciudad y de la provincia las tarifas sociales y el consumo de los asentamientos más vulnerables, hasta ahora, a esos fondos los aporta mayoritariamente el gobierno nacional.

La Ciudad viene aportando unos 30 millones de pesos mensuales en términos de Tarifa Social (360 millones anuales), en tanto para la provincia, la Nación ha contribuido con algo más de 900 millones (11.000 millones anuales).

En tanto, el secretario de Energía, Darío Martínez, dijo en una entrevista con La Nación que el Gobierno pagará $ 4.100 millones para cancelar una deuda de la provincia de Buenos Aires con Edenor y Edesur, y en la que hay una asignación específica para el desarrollo de obras para sostener el servicio este verano.

El principal mercado eléctrico

El Área Metropolitana de Buenos Aires AMBA concentra el 40% del consumo residencial y el 32% del consumo comercial de todo el país. Alberga casi 72.500 industrias y grandes usuarios comerciales

El costo de las tarifas sociales y asentamientos vulnerables de la capital federal es de 360 millones por año y el gobierno autónomo ha comenzado a hacerse cargo de su costo; el del Gran Buenos Aires que debería pagar esa Provincia suma 11.000 millones al año.

Edenor y Edesur operan en el área metropolitana (AMBA). Además de Capital Federal, son responsables del servicio en 20 y 12 municipios del conurbano, respectivamente.

El 70% de los usuarios son de la provincia y el 30% de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la gestión de Cambiemos resolvió que el presidente del EMSE (que será desmantelado) sea de la administración porteña, lo que a la postre sirvió para que los bonaerenses no integren el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico que nunca funcionó.