El sector de la energía eléctrica completará 25 años en emergencia

Un día antes de su vencimiento, la Casa Rosada prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027, incluso más allá de la finalización del actual mandato presidencial, la emergencia sobre el sector de la energía eléctrica. Y se completarán así, 25 años de un régimen de regulaciones y medidas que se iniciaron (y renovaron) bajo la promesa de lo excepcional.

En la historia económica reciente de la Argentina hay una línea divisoria relevante para los servicios públicos monopólicos en general y para la generación, el transporte, la distribución de la energía eléctrica: el estallido de la convertibilidad.

Con el fin de la paridad por ley entre el dólar y el peso se inauguró una sucesión de emergencias que llegarán hasta el próximo gobierno. Y que comprenden a las presidencias de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei.

Mediante leyes y prórrogas decretos o resoluciones se suspendieron contratos y congelaron tarifas entre 2002 y 2015. Y en ese período la firma de actas de acuerdo entre las empresas del sector y las autoridades nacionales se impuso por sobre un marco normativo que había nacido en la década del '90, con las privatizaciones.

Desde 2015 en adelante, en cambio, mediante los DNU se sucedieron las mismas condiciones en el marco normativo entre los actores del sistema y el Estado Nacional, lo que se ha prorrogado ahora hasta 2027.

Millones de reproches

Tal como sucede con los matrimonios, después de tantos años, hay millones de reproches en las bodas de plata de este vínculo excepcional, de emergencia. Más exactamente 6.600 millones de dólares de atrasos en inversiones si solo se presta atención al sector del transporte que muestra los mayores problemas.

La relación entre el complejo de empresas privadas, públicas y cooperativas del sistema que genera, transporta y distribuye energía eléctrica con las autoridades nacionales que ejercen y han ejercido la regulación se ha desarrollado mucho más en emergencia que sin ella.

En el eslabón más débil de la cadena que va desde la producción de kilovatios hasta su consumo hacen falta, con urgencia, 5.610 kilómetros de nuevas líneas de transmisión en 500 kV, distribuidas en 16 obras consideradas prioritarias para fortalecer la red nacional.

Como cuando se llevaron adelante las privatizaciones y el desmembramiento de las empresas estatales públicas nacionales se confía en que habrá particulares interesados en invertir en un esquema de concesión de obra pública mediante licitaciones nacionales e internacionales.

Las empresas del área del transporte en alta tensión, que no fueron obligadas por ley a llevar a cabo esas inversiones, optaron en estos 25 años por no hacerlas.

El matrimonio sabe de esos números en rojo y por eso ambos han aceptado los parches de las megabaterías de almacenamiento ante crisis con las licitaciones de AlmaGBA para la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano, y AlmaSadi para una pequeña porción de los más graves problemas en el interior del país.

Cambios

En la actual gestión de La Libertad Avanza hubo vaivenes en la implementación y los tiempos de sus políticas para el sector, pero siempre un horizonte tan claro como polémico: retirar en todo lo posible -y en lo imposible también- al Estado.

El gobierno ha logrado quitar al menos en términos conceptuales los subsidios a las clases medias y altas (primero al completar un plan del gobierno anterior con la división de los usuarios residenciales según su capacidad económica) y mantuvo precios de mercado o similares para las empresas.

Sucedió tanto con la energía eléctrica mayorista como con el precio del gas en el punto de ingreso a los gasoductos se mantienen ciertas protecciones a los usuarios residenciales pero ahora hay ayudas "focalizadas" en el extremo más vulnerable. Por acción u omisión a los hogares más pobres usuarios de las garrafas de 10kg prácticamente les han quitado esas ayudas.

Pero el núcleo del programa de gobierno para el sector no es solo la reducción de los subsidios para cuidar el superávit fiscal. El punto central es confiar en que habrá en el país un apetito por los negocios que promoverá el desarrollo de infraestructura.

Por ahora, no sucede más que en proyectos directamente vinculados con la minoría y el gas de yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. El ritmo de las exportaciones ha sido más lento del esperado porque no se completaron inversiones desde el Estado que ya estaban en marcha y se paralizaron.

Seguramente por lo apuntado -y por el difícil panorama mundial- es que el gobierno nacional prefirió, por ejemplo, dar marcha atrás con su licitación para privatizar la intermediación en la compra de gas natural licuado o ahora no terminar su mandato con los contratos con las empresas del sector en plena ejecución.

La opción por la emergencia hasta fines del año próximo marca que la "normalización de los mercados" llevará más tiempo del que se creyó. Y que, si bien hubo políticas de shock en las tarifas sin importar lo que sufran los bolsillos de quienes pagan por los servicios, hay gradualismo para un sector de empresas que se acostumbró a que no haya reglas y el Estado cubra sus déficits.