Epe y Aguas, aseguradas por el Estado provincial, surfean la ola privatista

"Eficiencia", van a escuchar mucho esa palabra, anticipó en plena transición un legislador que ahora tiene su despacho ministerial cerca del gobernador Maximiliano Pullaro, en la Casa Gris. El hoy ministro de Gobierno se sentaba en la banca ubicada al lado de la del entonces candidato a la Casa Gris, que ya había ganado en las Paso, cuando la Asamblea Legislativa debatía (y rechazaba en buena medida) un enorme paquete de pliegos para fiscales y defensores: se aceptaron apenas 19 de 48.

Fabián Bastia, ex director de la Empresa Provincial de la Energía en tiempos de Miguel Lifschitz -cuando Pullaro era su ministro de Seguridad- tal vez pensaba en aquella definición tan tajante, "e-fi-cien-cia", lanzada en sílabas a varios periodistas, bastante más allá del funcionamiento de los órganos penales, que ciertamente el gobernador ha criticado al asumir el 10 de diciembre (como a la Justicia) por lo mismo: pocos resultados.

En cualquier caso, el término hoy es el norte de lo que se pretende de las empresas públicas provinciales en las que en los últimos quince o casi veinte años se ha apostado por sostener cierto statu quo, hoy sacudido por un nuevo clima de época. Tanto en la Empresa Provincial de la Energía como en Aguas Santafesinas SA el gobierno espera cambios, sobre todo en esta última.

El país ha ingresado en tan solo un año en un resurgimiento de las consignas que gobernaron en la década del '90, que ahora el presidente electo por La Libertad Avanza reivindica. Las privatizaciones fueron un medio para el ingreso de capitales y para disminuir el gasto público que tuvieron un enorme consenso, durante los 10 años de los gobiernos del peronista Carlos Menem y parte de los apenas dos del radical Fernando de la Rúa. Pero la realidad es que el mapa de aquella Argentina es sumamente diferente al actual: hoy ya son privadas las empresas que actúan en el mercado eléctrico más concentrado, el del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires (con resultados pésimos que este verano quedarán otra vez expuestos frente a compañías en manos de las provincias, como la Epe o Epec en Córdoba). Además, ya han sido privatizadas y vueltas a estatizar porque la realidad de la desinversión lo impuso, el agua potable y las cloacas de bonaerenses y porteños, así como Aerolíneas Argentinas.

Es cierto que sin los enormes recursos transferidos por todos los argentinos a todas las empresas nacionales mencionadas (también las privadas Edenor y Edesur) no podrían haber funcionado, con tarifas bajas, durante más de una década, pero está claro que las políticas pendulares espantan a los inversores.

En Santa Fe hay además, a diferencia de lo que ocurría en aquella década, un gobierno con una visión diferente de la de los anarco capitalistas, o liberales libertarios. El radicalismo y sus socios en Unidos para Cambiar Santa Fe no tiene esa agenda, ni esos compromisos electorales. Y las designaciones al frente de la Epe y de Aguas confirman que la palabra que Bastia lanzó en agosto, hace solo cuatro meses es el objetivo a llevar a cabo: más eficiencia en el sector público.

La empresa provincial

En términos legales, doctrinarios, e incluso ideológicos, la distribución de la energía eléctrica en casi toda la provincia está en manos de la provincia; y lo mismo las redes sanitarias de las ciudades más importantes, que cubren dos tercios de la población santafesina. Pero cualquier dirigente político en Santa Fe sabe que, en cierta medida, Aguas y la Epe son de las corporaciones que las hacen funcionar, que las líneas de mandos medios son decisivas aunque se cambien las conducciones. Son de los santafesinos, pero también de sus actores permanentes, los funcionarios y los gobiernos pasan.

Es interesante: un contexto nacional de espada de Damocles para los sectores sindicales, con concesiones o ventas de activos en las empresas públicas estatales del gobierno de Javier Milei, en proyecto o realizadas, puede hacer más eficientes a las compañías también estatales santafesinas. ¿Cómo? La explicación está en el segundo gobierno de Jorge Obeid, cuando el justicialista acordó con los gremios lucifuercistas de la Epe una resignación de posiciones salariales bajo el compromiso de la no privatización que quería el reutemannismo.

Por supuesto, aquella negociación que logró que la empresa tuviera tarifas más competitivas a favor del sector industrial, en medio de aumentos generalizados a nivel nacional, se expresó en otros términos más agradables, en favor de la gestión pública en la que coincidieron las gestiones gubernamental y gremial de entonces. La empresa ciertamente inició un ciclo virtuoso que continuó con los gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social que no dejó atrasar las tarifas y mantuvo un servicio muy superior al que sufren porteños y bonaerenses pero bastante más caro. Luego, por los años de la pandemia (y las elecciones de 2023) durante la gestión de Omar Perotti las tarifas quedaron retrasadas.

En la Epe hay además otra cuestión a analizar: desde que el gobierno nacional con Sergio Massa como ministro de Economía (con la secretaría de Energía bajo su órbita) comenzó el retiro de los subsidios mediante la segmentación tarifaria, el espacio para cobrar el Valor Agregado de Distribución está "acotado" en las facturas finales. Con generación subsidiada por la Nación era más digerible el aumento provincial.

El año termina con una novedad que para nadie es sorpresa. La Epe actualiza sus tarifas en casi 10%, de manera prudente. Tenía justificada una suba de hasta 20%) pero se ha preferido cuidar al usuario residencial.

La Sociedad Anónima

El marco regulatorio, la legislación vigente, el organigrama y las funciones del Ente Regulador y la existencia de una Sociedad Anónima en la figura de la compañía que controla el agua potable y las cloacas para la mayoría de los santafesinos está también en manos del Estado Provincial.

Santa Fe posee las acciones de Aguas Santafesinas SA. Su historia sigue el camino inverso al de la Epe, porque la Dipos sí fue concesionada durante el primer gobierno peronista de Carlos Reutemann y reestatizada durante el segundo mandato de Obeid, de idéntico signo político. Es más: la vuelta al control público de la ex Aguas Provinciales SA (primero en manos francesas y luego de un consorcio que sumó empresas argentinas) fue anterior a la Aguas Argentinas SA.

En otras palabras: primero se creó la santafesina Assa y luego la porteña y bonaerense Aysa (que subsidian todos los argentinos mediante sus impuestos). Lamentablemente para los habitantes del interior, el proceso de traspaso de las concesiones de la energía eléctrica y del agua y las cloacas al gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se había iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri, se revirtió con Alberto Fernández.

Mientras la Epe es una empresa provincial que ha logrado cierto sentido de pertenencia y orgullo de su personal, no sucede lo mismo en la ciudad de Rosario en el caso de Aguas. Allí la nueva conducción de la sociedad anónima del Estado sabe que tiene un desafío: recuperar la verticalidad en la toma de decisiones y que sea menor el peso en el presupuesto de los pagos a empresas tercerizadas (de fuerte presencia gremial). Se observa con preocupación la productividad y la eficiencia de la empresa de aguas en la ciudad más importante, que hay casi un doble comando en áreas de respuesta al usuario en las calles de Rosario. El caso de un dirigente sindical apaleado por empleados de Assa, dentro de sus instalaciones expuso con crudeza la situación. Y del incremento de los gastos en empresas tercerizadas (mientras no se reduce la planta de personal propio) fue expuesto por el Enress en sus resoluciones no vinculantes ante pedidos de aumentos de Assa.

Más allá de esos problemas, es evidente que lo urgente es resolver el déficit actual que muestra Aguas, con un aporte del sector público del 85% de los gastos corrientes. Los santafesinos (tengan o no servicios de la SA) pagan esa proporción; los usuarios apenas el resto. Pero a esas cuentas se le deberán revisar lo que a principio de estas líneas se comentó: la eficiencia en el uso de los recursos.

El pedido para el incremento del 128% en 2024 se inició en plena transición, se debate a toda velocidad a fines de diciembre, pero la empresa comenzará a percibir sus frutos recién a mediados del año próximo. Hasta entonces necesitará el auxilio estatal.