Ex legisladores nacionales de la UCR pidieron el rechazo a la Ley de Bases

Legisladores y legisladoras de la Unión Cívica Radical con mandato cumplido enviaron este lunes una carta a integrantes de la Cámara de Senadores de ese espacio político para pedir el "rechazo" de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, el mega proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que tiene media sanción en Diputados y por estos días se discute en comisiones de la Cámara alta.

Invocando un "imperativo moral", una larga nómina de firmantes, entre ellos Luis "Changui" Cáceres, Federico Storani y Antonio María Hernández, enviaron la misiva en la que citan en primer lugar al ex presidente Raúl Alfonsín en su discurso de Parque Norte, en 1985, cuando dijo: "Frente al fracaso y el estancamiento hemos propuesto el camino de la modernización ética para el desarrollo de una democracia solidaria, participativa y eficaz. No se trata de modernizar con arreglo a un criterio exclusivo de eficiencia técnica; sino tender a un proceso modernizador que tienda progresivamente a incrementar el bienestar general…"

La Unión Cívica Radical "ha defendido desde siempre el sistema republicano, representativo y federal", advierten más adelante para recordar que esa fuerza política integró la Convención Nacional que reformó en 1994, la constitución histórica de 1853/1860, "estableciendo en su artículo 99 inciso 3) que 'El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo…'". En ese punto cuestionan la pertinencia del DNU 70/2023, el otro proyecto fundacional del Ejecutivo.

Con un mensaje direccionado hacia senadores y senadores, señalan: "Ustedes tienen por delante una tarea trascendente: convencer a los miembros del Senado y a los conciudadanos, en el debate parlamentario, las razones que justifican el rechazo de la iniciativa de ley mientras se mantiene vigente un DNU manifiestamente inconstitucional, reafirmando la potestad de control que le asiste al parlamento argentino; los fundamentos que justifican oponerse a todo intento de delegar facultades legislativas en el poder ejecutivo y simultáneamente la importancia de defender nuestra Constitución".

Privatizaciones y paquete fiscal

"La desburocratización, que busca liberar fuerzas contenidas por una cultura corporativa, no implica necesariamente privatización en el sentido vulgar de los reclamos de los ultraliberales. Es preciso que denuncien que las privatizaciones se impulsan con la clara intención de vaciar y destruir empresas del Estado, todas las cuales admiten ser saneadas en tanto cumplen un fin social", consigna el documento.

"Hemos aprendido de las experiencias impulsadas por Carlos Menem, Néstor y Cristina Kichner, Mauricio Macri y Alberto Fernández vinculadas a los DNU y la permanente obsesión por la delegación legislativa, por lo que no cabe insistir con herramientas que distorsionan principios republicanos". Por otra parte, exponen que no es argumento sostenible decir que "al Gobierno hay que concederle la emergencia económica como la tuvieron todas las gestiones anteriores", por cuanto la delegación administrativa, económica, financiera y energética "por el plazo de un año con la posibilidad de prorroga es excesiva y lesiva a los mecanismos de control".

Con respecto al paquete fiscal, advierten que "moldea un futuro que nos incomoda porque no hay un plan productivo, no se tienen en cuenta las necesidades sociales; repiten los fracasos del pasado, los agravan reemplazando nuestra jurisdicción por tribunales internacionales".

También hay consideraciones sobre la reforma laboral: "Los radicales impulsamos la ley de reordenamiento sindical con el ánimo de democratizar sus organismos. Fue precisamente el Senado el que nos impidió avanzar en ese sentido. Ahora la ampliación del período de prueba conlleva a una sensible afectación a la estabilidad laboral del trabajador; la quita de la llamada "cuota solidaria" es incomprensible. Sin solidaridad no se construye ninguna sociedad estable y el primer deber que nos impone la ética de la solidaridad es incorporar al trabajo común a todos aquellos que, sin renegar de su historia, se sientan convocados; pensando en primer término en quienes fueron condenados por políticas injustas a la miseria y a la marginalidad".

Para las y los autores de la carta, está claro que "asistimos a una coyuntura institucional en la que se torna imperioso que la Unión Cívica Radical abandone el ostracismo y adquiera protagonismo. Sus legisladores deben ser ejemplo de independencia y resistencia al embate anarcolibertario, defendiendo los principios de la social democracia. Ya ha terminado en el mundo la era de las convicciones absolutas del siglo pasado; la era de los mesianismos y de los historicismos fáciles. El futuro no está predeterminado".

Suscriben, además de los mencionados, Ricardo Terrile, Lucía Alberti, Pedro Novau, Juan Manuel Casella, Juan Fernando Armagnague, Conrado Storani, Roberto Sanmartino, Juan Pablo Baylac, Jorge A. Orozco, Gonzalo del Cerro, Guillermo Tello Rosas, Miguel Angel Bonino, Cristina Guevara, Carlos A. Becerra, Héctor Horacio Di Tulio, Juan José Cavallari, Pedro Azcoiti, Gabriel Martínez, Miguel Moragues, Horacio Pernasetti, Héctor Velázquez, Raúl Milano, Héctor M. Gutiérrez, Jorge Teodosiu, Ricardo Barrios Arrechea, José Canata, Sandra Rioboo, Jorge Alfredo Agúndez, Lorena Matzen y Víctor de Martino, entre otros.