Financiamiento: una clave del aumento jubilatorio votado por diputados nacionales

Horas y horas insumió el debate por el aumento de las jubilaciones y también del bono que recibe el sector pasivo que cobra la mínima y se mantiene congelado desde marzo del año pasado en 70 mil pesos.

Con 142 votos positivos, 67 negativos y 19 abstenciones, se le otorgó media sanción a una recomposición del 7,2% en las jubilaciones (frente al 8,1 % que se impulsó el año pasado) y se llevó a 110 mil pesos el plus.

Claro que no está dicha la última palabra porque los cambios, junto con la prórroga por dos años de la moratoria previsional (que hasta marzo regía para quienes no reúnen la cantidad de años de aportes exigidos por ley) que también se aprobó este miércoles, deberá contar con el apoyo mayoritario del Senado. Y aún así, si todo se plasma en una ley, el gobierno de Javier Milei ya salió a advertir que se viene otro veto.

Ese fue el recorrido que tuvo el tema desde mediados de 2024 hasta septiembre, cuando se materializó el rechazo total a la ley en el Boletín Oficial y todo quedó sellado en un asado con "los héroes" que acompañaron la decisión del Presidente. ¿Será otro el camino esta vez?

Un dato lo aporta la amplia cantidad de votos favorables al aumento de haberes y del bono, aunque la incógnita está en las ausencias y las abstenciones, y en cómo actuarán quienes este miércoles figuraban en esos grupos ante una eventual ratificación o rechazo al veto. Cabe recordar que, para que la ley siga en pie, ambas cámaras deben lograr una mayoría de dos tercios.

Los recursos

Otro cambio de enorme importancia respecto de 2024 es que esta vez sí se incluyó un capítulo para detallar el financiamiento de estas medidas propuestas. Precisamente, el principal argumento del gobierno nacional para vetar cambios en el sistema previsional, financiamiento universitario y cualquier otra medida que implique una erogación o recomposición, según cómo se lo mire, es que el equilibrio fiscal "no se toca" y la emisión monetaria se mantiene en "cero".

"El Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado", decían los fundamentos del veto presidencial de septiembre de 2024. Se refería a un presupuesto reconducido desde 2023 que luego volvió a ser prorrogado para 2025. En definitiva, no hay Presupuesto aunque el proyecto fue presentado por cadena nacional por el propio Presidente, se comenzó a debatir en comisiones y fue retirado por el oficialismo. Su tratamiento sigue siendo reclamado por legisladores de casi todo el arco político. Lo mismo volvió a ocurrir en la sesión de este miércoles.

Siguiendo con los argumentos del veto de 2024, se advertía que el texto sancionado era "manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento". E invocaba el art. 38 de la Ley N.º 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que exige que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

Uno por uno

Fue el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) quien explicó en el recinto y ante cámaras y micrófonos de todos los medios que lo entrevistaron luego de la prolongada sesión, de dónde saldrían los recursos para llevar estos aumentos a la práctica sin herir al equilibrio fiscal.

Estas son: la eliminación de la exención del IVA para los directores de empresas (0,2 % del PBI); la eliminación de la exención de Ganancias a las sociedades de garantía recíproca, "hoy que el crédito se ha restablecido y ha vuelto a ser rentable con tasas positivas" (0,1 % del PBI); nacionalización de los fondos de los entes cooperadores que recaudan a través de los registros del automotor (más de 130 mil millones de pesos al año "que se pueden destinar a mejoras jubilatorias"); asignación del ahorro de casi 500 millones de dólares generados por la quita de sobrecargos a los intereses que se logró con el FMI (tramitada por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y vigente desde noviembre de 2024); redireccionamiento del fondo anticíclico previsto en el item presupuestario "Obligaciones a cargo del Tesoro" donde está alojado el bono de 70 mil pesos que, en total, insume algo más de 3 billones de ese fondo mientras que el monto correspondiente a "Otras asistencias financieras" es de casi 6 billones (la diferencia representa 0,4 % del PBI).

El último punto propone un redireccionamiento de las partidas destinadas por decreto a la SIDE, cuyo presupuesto se modifica "prácticamente cada dos meses", advirtió el legislador.

Y todo esto después de aclarar que "no hay animosidad con el gobierno", que esto "no es una pulseada del Poder Legislativo con el Ejecutivo" (de hecho, explicó las diferencias con el dictamen de mayoría referido a la prórroga de la moratoria que finalmente obtuvo media sanción) y de reconocer que la política económica, en su objetivo de estabilización, es exitosa. Pero que "hubo un gran desequilibrio entre el aporte relativo que hizo cada sector de la sociedad", donde jubilados y pensionados llevaron las de perder.