Gils Carbó ya firmó dictamen a favor de la Ley de Medios

La Procuración General de la Nación sostuvo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es “constitucional” y que frenarla implica “poner en peligro la vigencia efectiva de derechos fundamentales”, en un dictamen que deja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en condiciones de resolver una postura final sobre la cuestión.

Si bien se descontaba la posición de la procuradora Alejandra Gils Carbó -simpatizante del gobierno e impulsora de la agrupación Justicia Legítima- a favor de la Ley de Medios, el dictamen incluyó una serie de consideraciones sobre la concentración empresarial del Grupo Clarín, al que consideró un “oligopolio vertical” y “mediático”.

Al respecto, una fuente de Clarín señaló que se trató de un “dictamen eminentemente político, un alegato oficialista de defensa a ultranza de la Ley, que además descalifica la sentencia de segunda instancia con una virulencia que llama la atención”.

En un repaso de los balances del grupo Clarín de los últimos 40 años, la jefa de los fiscales remarcó que aunque la Ley 26.522 no regula la prensa escrita “el accionante es titular de uno de los diarios que históricamente ha tenido mayor inserción en el mercado” y que adquirió “el paquete mayoritario de Papel Prensa” durante “la última dictadura cívico militar”.

Para después de la feria

El pronunciamiento de Gils Carbo se concretó justo al filo del comienzo de la feria judicial de invierno, que durará dos semanas. Recién a partir de la última semana de julio, la Corte Suprema tendrá en sus manos la causa, que ya conocen por resoluciones anteriores y que había intentado trepar a esa instancia a través de un fracasado per saltum.

Por lo pronto, Gils Carbó firmó el dictamen de 64 páginas en donde impugnó los argumentos del grupo Clarín para cuestionar la constitucionalidad de la Ley 26.522, cuyo objetivo -dijo la funcionaria- “fue introducir una reforma estructural del sistema regulatorio de los medios de comunicación audiovisual a fin de adecuarlo a la realidad del paradigma actual”.

A su criterio, el escenario actual es “un mercado de medios de comunicación concentrado que pone en riesgo la vigencia universal del derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como social”.

En este punto, la fuente del Grupo Clarín sostuvo que “la procuradora se desentiende del concepto de sustentabilidad económica de los medios, que es imprescindible para que los mismos puedan ejercer su función sin depender de los recursos del Estado y omite considerar los efectos que la actual política de comunicación tuvo sobre el mercado argentino”.

Sobre esto, añadió que la prueba está en que “la inmensa mayoría de los medios audiovisuales terminaron colonizados por el gobierno”.

Cruce de quejas

La jefa de los fiscales se quejó porque el grupo Clarín impugnó los artículos de la ley 161, 45, 41 y 48 “sobre el presupuesto de que afectan su derecho de propiedad y de libertad de expresión” y cuestionó el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial que había hecho lugar a alguno de sus planteos a la hora de limitar la cantidad de licencias.

Para la funcionaria, la sentencia de Cámara fue “arbitraria” porque “arrogándose facultades ajenas”, los jueces “incumplieron su misión de dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador, al juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de las disposiciones que adoptó”.

Sin embargo, el vocero de Clarín opinó que muchos especialistas, “aún los cercanos al gobierno, le reconocieron a ese fallo solvencia técnica y una amplia fundamentación basada en antecedentes internacionales”.

"Lejos de sustentarse en los elementos jurídicos y fácticos del caso, la procuradora hace un alegato histórico sesgado, que sigue acríticamente las falacias del relato kirchnerista y se refiere a Papel (Prensa), que nada tiene que ver con la Ley de Medios”. Grupo Clarín, en un comunicado.

Avanzada sobre Clarín

• La Comisión Nacional de Valores (CNV) resolvió declarar “la irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos” de la asamblea anual del Grupo Clarín, decisión que la empresa periodística definió como la aplicación de “estándares selectivos y discriminatorios” hacia aquellos “que no se le someten y que quiere perseguir”.