Gobernador y ministros se sometieron a exámenes para detectar si son adictos a las drogas

DyN

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y funcionarios de su gabinete se sometieron hoy a exámenes para detectar adicción a las drogas, tras la vigencia desde ayer de la ley que obliga a miembros de los tres poderes del Estado provincial a realizarse esas pruebas.

Manzur, acompañado por los ministros de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, y de Salud, Rossana Chala, y el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, se sometió a la extracción de sangre en el Hospital Néstor Kirchner de la capital tucumana.

El mandatario provincial manifestó que ‘a quien se le detecten sustancias adictivas deberá someterse a un tratamiento‘ y dijo que ‘además del examen es muy importante el interrogatorio previo. Es una muy buena norma‘.

La ley, que alcanza hasta el rango de Secretario de Estado y a todos los integrantes de la policía provincial, manifiesta que ‘un requisito de permanencia en los niveles políticos y/o jerárquicos de la función pública, (es) el carecer de adicciones a drogas ilegales‘.

La normativa considera a las personas adictas como ‘enfermos que requieren tratamiento‘. Yedlin explicó a la prensa que los estudios tendrán un sistema de ‘pruebas y contrapruebas y datos de seguridad para hacerlo de forma correcta‘ y dijo que ‘en caso de que algún examen dé positivo, el funcionario debe ser separado de su cargo pero garantizándole asistencia para su recuperación‘.

El presidente de la Legislatura, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, anunció que dentro de ese poder del Estado provincial también se dispondrá la realización de los exámenes a los legisladores y funcionarios del cuerpo.

En el caso del Poder Judicial de Tucumán, corresponde a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia determinar la forma de aplicación de la ley, que también es obligatoria para los magistrados.

La decisión de dar vigencia a la norma se concretó en medio del escándalo por la detención del ex empleado legislativo Julio César Trayan, quien trabajaba con el legislador peronista Ramón Santiago Cano, acusado de integrar una banda de narcotraficantes que traía y distribuía marihuana de Paraguay.