Para el gobierno, la denuncia de Nisman buscaba generar un efecto desestabilizador

El Litoral
DyN

El Gobierno volvió a defender el fallo del juez federal Daniel Rafecas que desestimó la investigación judicial del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández y advirtió que la denuncia por encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA buscó "generar un efecto político desestabilizador".

En una solicitada publicada hoy en los principales periódicos porteños, titulada "Compromiso, Verdad y Justicia", alertó sobre "la gravedad institucional y política de la denuncia" promovida por Nisman y luego sostenida por Gerardo Pollicita, a la vez que defendió el memorándum de entendimiento con Irán.

"Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar un efecto político desestabilizador?", se preguntó en el texto, donde reproduce los argumentos de Rafecas para rechazar la imputación.

El artículo, firmado por el "Gobierno de la República Argentina", hace hincapié en los "documentos hasta ahora desconocidos" de Nisman que Rafecas citó en su fallo.

"¿De qué dependía la opción de impulsar una estrategia conjunta con el Poder Ejecutivo ante las Naciones Unidas o de denunciar a la Presidenta de encubrimiento? Las respuestas a estas preguntas no tienen la virtud de buscar la verdad y menos aún de garantizar la justicia a las víctimas y sus familiares", indicó.

Asimismo, remarcó que "en este contexto, solo es posible ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través del memorándum de entendimiento, una herramienta que permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a partir de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público".

Al respecto, acotó que "esa situación pondría al Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la realización del juicio oral en un tercer estado".

"Es menester hacer un llamado a la sociedad argentina y a la comunidad internacional a escuchar a las víctimas del atentado y sus familiares, a quienes todos dicen representar, pero pocos realmente prestan atención", sostuvo la nota.

En ese sentido, pidió "acompañar el juicio oral que se llevará adelante por el verdadero encubrimiento del atentado, en el que están acusados un ex presidente (por Carlos Menem), su jefe de la Secretaría de Inteligencia (por Hugo Anzorreguy), el juez de la causa (por Juan José Galeano), los fiscales, un alto jefe policial, entre otros funcionarios públicos de alta jerarquía".

"Un juicio que no implica solamente a altos funcionarios del Poder Ejecutivo de aquellos tiempos, sino que también pone bajo la lupa al sistema de justicia penal federal", arremetió, al aludir al proceso que tendrá lugar en la segunda mitad de 2015.

En el final de la solicitada, el Gobierno señaló que el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 con un resultado de 85 muertos y centenares de heridos, "constituye uno de los crímenes más dolorosos de nuestra historia reciente".

"Tal como ha quedado plasmado en cada uno de los hechos y políticas impulsadas por el Estado Nacional, se reafirma el compromiso del Gobierno en la búsqueda de verdad y justicia", concluyó.