Hugo Marcucci reclama que Aguas no pague Ganancias

El Litoral
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El diputado nacional Hugo Marcucci planteó en el Congreso de la Nación que Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa) tenga el mismo tratamiento impositivo que posee Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (Aysa SA).

El legislador resaltó que la iniciativa se enmarca en la necesidad de establecer la exención del impuesto a las ganancias y del impuesto a la ganancia mínima presunta a Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa). “Se trata de colocarla en un plano de igualdad que su par bonaerense”, sostuvo el diputado nacional.
Marcucci sostuvo que en la actualidad se “exime del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y del Impuesto a las Ganancias a Aysa, teniendo Assa un tratamiento inequitativo que no encuentra ninguna razón o explicación, siendo un acto discriminatorio que genera costos financieros y económicos para la empresa santafesina”.

El diputado afirmó que “los santafesinos debemos reclamar igual tratamiento y para ello trabajamos”, dijo el legislador que ya el año pasado había advertido del trato discriminatorio que recibe la empresa santafesina.

Cinco años

Más allá del pedido formulado por el diputado Marcucci, cabe recordar algunos antecedentes respecto de los caminos paralelos que han seguido la empresa nacional que presta los servicios sanitarios (Aysa) y la santafesina Assa, que sin embargo -como señala el legislador- no reciben el mismo trato impositivo.

En 2013, la Casa Rosada decidió eximir al servicio de agua potable y cloacas que presta el Estado nacional -sólo lo hace en la capital federal y el gran Buenos Aires- del pago de ese tributo, así como de los montos correspondientes al concepto de Ganancia Presunta.

El perdón comprendió incluso todos los fondos adeudado por ese concepto, así como los punitorios. Sin embargo, la Nación no se acordó entonces de las provincias que vivían la misma situación. Tampoco ahora lo recuerda.

En rigor, el servicio de agua potable no pagaba impuestos en la Argentina -y mucho menos ganancias- hasta que su prestación se convirtió en un negocio, durante el gobierno peronista de Carlos Menem que impulsó las privatizaciones en los ‘90. Fue la Ley 25.063 de 1997, de aquel gobierno justicialista, la que aplicó el término ganancias al agua potable.

En 1994 el agua, como si se tratara de cualquier otra mercancía, fue gravada con esa carga impositiva porque el Estado optó por dejar esa actividad en manos de empresas privadas.

A las dos empresas, la santafesina y la porteña-bonaerense, les tocó seguir los mismo procesos: se privatizó la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos) en 1995 en Santa Fe, y muy poco antes se hizo lo mismo con Obras Sanitarias de la Nación (OSN) en el mercado más atractivo del país: la capital federal y su conurbano.

Los pliegos licitatorios, y los ganadores de sendas licitaciones fueron idénticos, tanto en Santa Fe como Buenos Aires se impuso la oferta de Lyonnaise des Eaux, una empresa francesa, que luego se transformó en Suez-Lyonnaise.

Caminos paralelos

El fracaso de la privatización en ambos casos se puede medir con el número de años en que no se cumplió con el contrato, que fue congelado por sendos gobiernos (y así la compañía eximida de hacer las inversiones obligatorias). También se puede verificar el resultado de aquella experiencia con los juicios ante un tribunal internacional (el Ciadi) que enfrentó nuestro país cuando los servicios fueron reestatizados.

La traumática salida de la Convertibilidad precipitó el retiro de la empresa, y fue el Estado santafesino el primero en recuperar la prestación del servicio. Nació entonces Aguas Santafesinas SA (Assa), y comenzó el juicio de la ex Aguas Provinciales SA.

Tras la experiencia local, tuvo lugar la salida de los privados en Buenos Aires. En el resto del país hubo situaciones similares, aunque continuan prestadores privados en algunas ciudades, de una escala menor.
La vuelta al Estado de los servicios significó -una vez más- contar con una suerte muy distinta para porteños y bonaerenses respecto de los demás argentinos.

El Estado Nacional ha subsidiado a Aysa SA con sumas muy importantes, no a las demás empresas y también le quitado de encima el pago del impuesto a las Ganancias. No lo ha hecho con las demás prestadoras estatales, entre ellas Assa.

El 20 de marzo pasado, en el Boletín Oficial de la Nación consta la última novedad sobre la empresa que sirve a Buenos Aires y su conurbano: se la autoriza a tomar un préstamo por 1.900 millones de dólares para realizar importantes inversiones. En otras palabras, el conjunto de los argentinos financia su Plan Director de Obras.