El Gobierno redefinió el sistema de inteligencia: más poder para la SIDE y cambios clave en contrainteligencia

El Gobierno nacional oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce una profunda reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional. El documento, firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, redefine el funcionamiento del área, crea nuevas agencias, disuelve otras y unifica tareas con el objetivo de centralizar decisiones y facilitar el intercambio de información entre organismos del Estado.

Uno de los ejes centrales del decreto es que todas las actividades de inteligencia pasan a tener, de manera expresa, carácter encubierto. Aunque históricamente esta condición se infería por la naturaleza de la tarea, ahora queda establecida de forma explícita en la ley, reforzando el secreto y limitando los márgenes de publicidad y control indirecto.

El DNU también introduce por primera vez una definición legal de “investigación de inteligencia”. Bajo esta categoría se legitiman tareas orientadas a identificar actores, conductas y procesos considerados de interés estratégico, aun cuando no exista la comisión de un delito concreto, lo que amplía el campo de acción preventivo del sistema.

Un giro hacia la contrainteligencia

Otro cambio sustancial es la ampliación explícita del concepto de contrainteligencia. El decreto incorpora como amenazas no solo el espionaje y el sabotaje, sino también la injerencia, la influencia y la interferencia externa, categorías amplias que habilitan nuevas líneas de actuación.

Además, se establecen “medidas pasivas de seguridad de contrainteligencia” obligatorias para todo el Sector Público Nacional. Ministerios, organismos y entes descentralizados pasan a ser sujetos activos del esquema, bajo la responsabilidad directa de sus titulares, lo que implica un involucramiento institucional inédito.

Si bien el texto mantiene las prohibiciones históricas de realizar inteligencia por motivos ideológicos, religiosos o sobre actividades lícitas, introduce excepciones amplias en materia de contrainteligencia. En determinados supuestos, incluso, se habilitan facultades compulsivas, lo que genera un cambio conceptual relevante respecto del régimen previo.

Centralización y nuevas agencias

El decreto reorganiza por completo el Sistema de Inteligencia Nacional. La SIDE se consolida como órgano rector de un esquema altamente centralizado que incluye al Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia, además de los organismos militares y de control interno.

La transformación de la ex Agencia de Seguridad Nacional en Agencia Nacional de Contrainteligencia marca un cambio de enfoque. Deja de intervenir en crimen organizado para concentrarse exclusivamente en amenazas estratégicas, espionaje e influencia extranjera, evitando superposiciones con fuerzas de seguridad.

En paralelo, se separan de manera tajante la ciberseguridad y la ciberinteligencia. Mientras la nueva Agencia Federal de Ciberinteligencia produce información estratégica sobre el ciberespacio, se crea un Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, encargado de la protección de infraestructuras críticas y la respuesta a incidentes.

Facultades sensibles y control interno

Uno de los puntos más delicados del DNU es la habilitación expresa para que el personal de inteligencia pueda aprehender personas en casos de flagrancia o auxilio judicial, con obligación de dar intervención inmediata a las fuerzas de seguridad. Se trata de una atribución inédita que modifica límites operativos históricos.

El decreto también crea dos ámbitos de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por fuerzas armadas, de seguridad y organismos clave, y la Comunidad Informativa Nacional, conformada por áreas civiles como Migraciones, Renaper y Aduana. De este modo, todo el Estado pasa a alimentar el sistema, con distintos niveles de intervención.

En materia de control, la antigua Dirección de Asuntos Internos se transforma en Inspectoría General de Inteligencia, con funciones de auditoría técnica, evaluación de desempeño y control de eficacia. El modelo prioriza el control interno especializado por sobre la supervisión política externa.

El nuevo esquema entra en vigencia inmediata y será comunicado a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que deberá ejercer un control posterior. Mientras tanto, el DNU ya genera debate por el alcance de las atribuciones otorgadas y el impacto que tendrá en el equilibrio institucional y los mecanismos de control democrático.