Jimena de la Torre: "Hay instituciones que no pueden estar a tiro de decreto"

La consejera de la Magistratura Jimena De la Torre estuvo en Santa Fe para participar de los exámenes a los candidatos para el juzgado federal No. 1 de Santa Fe, en un hecho trascendente tanto por la importancia del cargo a cubrir como por el hecho de que el organismo evaluador se traslade a la ciudad, para llevar a cabo esa etapa del proceso de selección en el propio territorio.

En este caso, en dependencias de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, cuya decana, Claudia Levin, impulsó la modalidad desde el propio Consejo de la Magistratura y luego desde la casa de estudios.

"Esto es algo que se está haciendo desde hace algunos años, y solemos aprovechar la infraestructura de las universidades, que es muy buena para esto. Porque para poder tomar un examen de estas características, uno se traslada con computadoras, con todo un equipo de tecnología, las computadoras tienen que estar chequeadas para ver que no tengan conexión a internet, que no haya nada previamente cargado, que se cumplan las medidas de seguridad para garantizar la transparencia del examen. Todo eso hace que la logística sea compleja", analiza la consejera, representante de la Abogacía, pero vinculada al PRO.

Funcionamiento del Consejo

-¿Cómo está funcionando el Consejo? Porque por un lado se advierte que en lo que va del año no sesionó, por no estar constituidas las comisiones de trabajo, y por otro se marca que en estos meses avanzaron con exámenes en varias provincias…

-La verdad es que el año pasado se rompieron récords en materia de funcionamiento, en niveles que no se alcanzaban desde el gobierno de Mauricio Macri, y se aprobaron 96 ternas. Este año se fueron tomando los exámenes que estaban programados, pero nos está faltando todavía volver a sesionar. Y esto tiene que ver con la integración de dos nuevos consejeros, en reemplazo del fallecido Héctor Recalde y de Miguel Piedecasas, que son César Grau y Alberto Maques, que falta definir cómo se van a incorporar a las comisiones de trabajo y cómo van a quedar las autoridades de cada una. Pero eso va a estar resuelto en estos días.

-Todo esto con la nueva dinámica que asumió el Consejo desde 2021, con el fallo que ordenó volver a la integración de 20 miembros en lugar de 13 (polémica por la preponderancia política) y la titularidad del presidente de la Corte. ¿Cómo funcionó ésto?

-Funcionó muy bien. Porque la verdad que, en un escenario tan polarizado como tenemos, incluso en la propia sociedad, dentro del Consejo de la Magistratura estamos logrando consensos y sacando ternas por unanimidad. De las 96 ternas aprobadas en 2024, solo un concurso en todo el año salió por los 14 votos mínimos que se requiere para poder elevarlo al Ejecutivo. Todas las demás fueron por unanimidad. Y eso habla de una muy buena gestión por parte de la presidencia del Consejo. Pero además, de los 20 consejeros, que podemos sentarnos a conversar y ponernos de acuerdo. Creo que fue una muy buena experiencia el cambio y ha beneficiado muchísimo el funcionamiento. Porque en el Consejo de 13, donde había mayor peso del sector político (en desmedro de abogados, jueces y académicos) y en particular del oficialismo, hubo años en que no llegaron a sacar ni una terna.

-Se sentía más la presión política y operaba una suerte de bloqueo. Aún así, hoy mismo los referentes de los otros estamentos suelen estar asociados a algún sector político, como queda claro cada vez que se eligen. Pero eso no opera como un obstáculo…

-Los Consejos de la Magistratura, con sus representaciones en distintos estamentos, son órganos netamente políticos. Esto es un órgano constitucional, y la Constitución determinó que debía estar integrado por legisladores, jueces, abogados, académicos y alguien del Poder Ejecutivo. Esto está en el diseño constitucional, aunque no fije específicamente el número de miembros. Se pensó en un órgano que requiriera de un equilibrio de poderes y de intereses. Entonces, uno busca seleccionar a los mejores, pero no está ajeno a la ideología. Eso puede hacer que, por ejemplo, uno tenga preferencia por jueces penales más o menos "garantistas". Y ese tipo de cuestiones hace que a veces se converse y se trate de lograr equilibrios donde se represente estas distintas identidades, y que después decida el Ejecutivo.

-Cuando decide...

-Claro, por supuesto. Por eso, así como el año pasado rompimos récords con la confección de ternas, el Ejecutivo frenó el proceso. Y es la primera vez en los 26 años que tiene de existencia el Consejo de la Magistratura que en todo el año no se envía un pliego al Senado; los únicos fueron los dos para la Corte. Y eso que durante el año hubo renuncias, fallecimientos, jubilaciones. El nivel de vacantes está en un 30 % y se acrecienta. Esperemos que el Ejecutivo active ésto, y que el Senado esté a la altura de esta necesidad, y de los consensos que tenga que lograr para cubrirla

Nombramientos por decreto

-Mencionabas los nombramientos para la Corte, que no pasan por el Consejo, pero que en el Senado no consiguieron acuerdo, y finalmente un rechazo de los decretos. ¿Te parece que esa vía era válida?

-Desde el momento en que la Corte decidió tomarle juramento a uno de los dos (García-Mansilla), eso indica que la designación por decreto era válida. Porque recordemos que cuando al principio de la gestión de Macri se intentó nombrar a Rosenkrantz y Rosatti por decreto, eso repercutió muy mal en la opinión pública. Pero no significa que la herramienta no sea legal. El tema es cómo se usa. En aquél momento, el Congreso había culminado su período de sesiones ordinarias, estaba en receso. Y frente a una Corte de cinco miembros con dos vacancias, se decide cubrirlas por decreto, adelantando que en cuánto el Congreso reabriera se iban a remitir los pliegos. Finalmente, Rosenkrantz y Rosatti no asumen por decreto, sino que quedan a la espera del consenso que finalmente se logra en el Senado, y terminan siendo nombrados de manera permanente, y no en comisión. Acá sucedió al revés: los pliegos se enviaron durante el período de sesiones ordinarias, pero no se logra el consenso. Y tampoco se lo logra después en extraordinarias. Y en el receso del Congreso, que duró una semana antes del siguiente período ordinario, se aprovecha esos día para designarlos por decreto, porque no habían conseguido los dos tercios de los votos. Por eso se entiende el enojo del Senado, que le estaba advirtiendo que "si yo no te daba los dos tercios, por algo era", incluso para darle la posibilidad de que retire los pliegos antes de que fueran rechazados. Entonces, no discuto la vía. Pero sí el momento en que se la utiliza.

Reforma Constitucional

-Santa Fe está a las puertas de una reforma constitucional, que incluye en su temario la incorporación del Consejo de la Magistratura. Desde tu experiencia ¿qué debería tomarse en cuenta al hacerlo?

-Es una buena decisión incorporarlo a la Constitución, para que ya quede fijado como un límite a las facultades del Poder Ejecutivo. De la experiencia nacional, creo que habría que aprender que la misma Constitución debería fijar la cantidad de integrantes por estamento, que garantice el equilibrio, para evitar después las manipulaciones que muchas veces suceden. Lo mismo con la cantidad de miembros de la Corte, para que eso no esté sujeto a las necesidades coyunturales de la política. Y me parece que es necesaria la estabilidad jurídica, que es un concepto distinto al de seguridad jurídica. La estabilidad de las instituciones implica que, por ejemplo, no pueda borrarse de un plumazo vía decreto un órgano, porque empieza a molestar. Y eso es fundamental.