Compromiso y cautela en la primera reunión de la Junta de Seguridad de la gestión Pullaro en Santa Fe

Con un compromiso de trabajar codo a codo entre poderes, tratar de evitar agravios y evitar la interferencia de terceros en la provincia de Santa Fe, se realizó la primera reunión de la Junta de Seguridad en la actual gestión. El gobernador Maximiliano Pullaro abrió el encuentro y anunció que el propósito es que se repitan cada dos meses, acordando los temas previamente. El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, varios funcionarios del ministerio de Justicia y Seguridad y el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido se sentaron junto al mandatario. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; el procurador general, Jorge Barraguirre y directivos del Colegio de Magistrados también dieron el presente al igual que la fiscal general, María Cecilia Vranicich, acompañada del auditor general y varios regionales. En tanto, una quincena de diputados encabezados por Clara García se sumaron al encuentro mientras que los senadores con agenda en sus departamentos no estuvieron aunque enviaron representantes a la reunión.

"Queríamos explicar las políticas públicas que estamos llevando adelante; las modificaciones que hemos hecho en muchas áreas; los resultados que vamos teniendo y que vamos viendo en materia de seguridad; la coordinación permanente con el Ministerio Público de la Acusación del trabajo con la justicia y agradecerle profundamente a la Legislatura porque ha avanzado en la inmensa mayoría de las herramientas que le pedimos como Poder Ejecutivo para, dentro de la ley y la Constitución, poder resolver o para poder ir más allá en cuestiones de seguridad pública", señaló Pullaro en la apertura.

La reunión fue abierta a la prensa y durante las más de dos horas, hubo informes de funcionarios, algunas preguntas de legisladores especialmente sobre el tema armas, un primer informe de Vranicich sobre la puesta en marcha de la ley que habilita a trabajar contra el microtráfico de drogas y la fuerte recomendación de Gutiérrez de mantener el respeto institucional que caracteriza a Santa Fe desde hace muchos años.

En el planteo inicial, Pullaro insistió en que los ataques en Rosario obedecen a que el Poder Ejecutivo paulatinamente va recuperando el control de la cárcel. "Recuperar el control de la cárcel, a nuestro criterio y a nuestro entender, significa recuperar el control de la calle". Repasó los gravísimos hechos de Rosario con los cuatro asesinatos de víctimas inocentes, los ataques a entidades, las amenazas hacia su persona y su familia.

Alentó la política puesta en marcha con algunos datos estadísticos, explicó lo ocurrido en la noche del martes con ataques a colectivos en Rosario y no dejó de remarcar que las organizaciones criminales buscan la promoción de estos hechos, especialmente en redes sociales, para generar una situación de preocupación en la sociedad.

Luego, el secretario de Seguridad, Omar Pereira informó que está trabajando sobre una nueva ley orgánica para la Policía de Santa Fe, hecho que motivó una sugerencia del diputado socialista Rubén Galassi de que haya un ida y vuelta previo con legisladores para acercar posiciones cuando el tema arribe a las cámaras.

Las secretarias de Asuntos Penales, Lucía Masneri Calderari, y de Gestión Institucional, María Virginia Coudannes, informaron sobre las políticas de sus áreas. La segunda avanzó con los trabajos sociales que se llevan adelante en barrios de Rosario y en esta capital, especialmente en San Lorenzo, para desarticular bandas y devolver tranquilidad a los vecinos.

Desde los legisladores hubo propuestas varias como despegarse de las políticas del gobierno de Javier Milei; de sumar a la justicia federal de parte de Lionella Cattalini (PS) quien hizo hincapié en sacar armas de la calle. Luego, expusieron Ximena García (UCR) y Clara García (PS), ambas destacando la respuesta institucional de la Legislatura. La presidenta de la Cámara recomendó trabajar en políticas sociales porque mucha gente la está pasando muy mal en materia económica.

A su turno, Vranicich informó sobre la tarea del MPA en poner en práctica las leyes dictadas a fin de año, especialmente la de microtráfico de drogas e informó que en Rosario ya recibieron 1.100 denuncias, hay 49 personas detenidas y 9 derribes de bunkers. "Cuando llegamos a los bunkers con la topadora pude ver la cara de vecinos que estaban esperando que el Estado haga algo" destacó. Informó que el reordenamiento del trabajo del MPA es para hacer trabajos en foco y uno de ellos es la circulación de armas de fuego en forma ilegal.

Sonia Martorano (PJ) pidió que se trabaje también sobre políticas de lavado de activos y Cándido dijo que posiblemente en la próxima reunión haya informes sobre el avance en la tarea. Pablo Farías (PS) destacó que Nación pretender poner en marcha el 6 de mayo el sistema acusatoria con pocos jueces y sugirió que la justicia federal considere la experiencia de Santa Fe.

La justicialista Alejandra Rodenas llamó a pensar juntos el desafío a la política que está haciendo el narcotráfico e instó a ser prudentes, abrazar la lógica de la institucionalidad y cuidar la comunicación. El socialista Leonardo Calaianov pidió cuidar que los operativos fuertes sobre Rosario no generen el derrame del delito a otras localidades de la provincia, especialmente en el dpto General López.

Requisa

"No vamos a violar las garantías constitucionales", afirmó Pullaro sobre el final ante el planteo del diputado Del Frade sobre denuncias de tormentas en las cárceles. "Un juez desestimó el reclamo de la Defensora General pero el MPA sigue investigando", señaló el gobernador que no quiso que la sospecha quede en el aire.

Armas y Nueva Oportunidad

Juan Cruz Cándido hizo una especie de resumen de lo conversando con algunas aclaraciones y algunos anticipos. Valoró la continuidad de la política de control de armas de los últimos diez años en la provincia, señaló que solo restan periciar dos mil armas de la policía santafesina. "En 2022, se perdieron 65 años, en lo que va del año 9" informó.

En lo social a la reposición del Plan Abre le seguirá el Nueva Oportunidad para jóvenes con el propósito de sumarle políticas culturales para recuperar a los adolescentes. "El desafío a largo plazo es social, educativo, reducir la desigualdad y en el corto plazo la democracia debe devolver la confianza a la sociedad, no convivir con la impunidad.

Ante una preocupación sobre control de rutas que expuso el presidente de la Corte, Cándido informó que este verano hubo 25 puestos de control de la Agencia de Seguridad Vial. En cuanto a la relación con la Nación fue claro: "Ya no discutimos números de efectivos, perdimos la batalla; discutimos políticas de coordinación en territorios", afirmó.