Avanza en la Legislatura una ley en defensa de los derechos de las víctimas de delitos

El senador Lisandro Enrico informó sobre el avance en la Legislatura provincial de la primera ley provincial de derechos y garantías de víctimas de delitos penales. El proyecto que es autoría del diputado Oscar “Cachi” Martínez está siendo enriquecido en el Senado para ampliar los derechos y la participación de la víctima en las causas penales y permitir una “perspectiva de víctimas” en el funcionamiento de la Justicia.

“Cuando se produce un delito la parte afectada es la víctima que debe recibir adecuada participación y escucha de parte del Estado en la causa penal; por eso es importante jerarquizarla y darle un mayor lugar e importancia en la causa judicial”, sostuvo el Senador Enrico.

Asimismo, el senador remarcó que lo importante es que se vayan consolidando derechos que sean respetados por el estado para permitir en primer lugar la posibilidad de que la víctima de un delito sea escuchada por el juez o por el fiscal sobre su afectación por ser víctima de un delito y que la información le llegue de manera clara y entendible.

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se halla en estudio de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Senadores que preside Lisandro Enrico, y recibe los aportes del gobierno provincial, representantes del Colegio de Jueces, del Ministerio Público de la Acusación, las Asociaciones de Víctimas y de diferentes legisladores de ambas cámaras legislativas.

La perspectiva de víctimas

El senador Enrico haciendo referencia el nuevo paradigma que desde la ley se pretende plasmar, remarcó que es una decisión concorde de la dirigencia política santafesina de dar una participación, escucha y atención a las víctimas de delitos sobre todo después de que en 2017 se aprobara la ley 23.372 de derechos de víctimas a nivel nacional.

La capacitación en perspectiva de víctimas se incorpora como una formación para los funcionarios de todos los poderes del estado pero especialmente dirigidas al Poder Judicial y a las Fuerzas de Seguridad. “Es importante que se vaya tomando mayor idea de los derechos de las víctimas de delitos y que no solo son las víctimas de los delitos de géneros las que deben ser protegidas sino también aquellas que sufren robos, entraderas, estafas etc.”, aclaró el legislador santafesino.

Por otra parte, Enrico comentó que para reforzar el empoderamiento de las víctimas en esta nueva etapa se prevé la creación de la primera Defensoría de Víctimas a nivel provincial; organismo con autonomía funcional y financiera dentro del Poder Judicial que debe velar por el respeto de los derechos y garantías de las víctimas en los procesos penales, función principal que desempeñará un funcionario elegido por el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Cambios en los juicios penales

Los nuevos derechos de las víctimas que la Legislatura va buscando también se van a ver reflejados en el procedimiento penal, es decir, en las leyes que regulan el funcionamiento de la justicia ante un delito. Además de sumar nuevos derechos para las víctimas como la preservación de la identidad y la posibilidad que la víctima pueda declarar desde su domicilio por medios virtuales surgen modificaciones que se verán reflejadas en los procesos penales inclusive en materia de menores de edad en conflicto con la ley penal.

El senador Enrico al respecto agregó: “Los mayores cambios se dan en la participación y la escucha de la víctima de parte de las autoridades judiciales. El derecho a ser escuchado por el fiscal o por el juez en la primera audiencia y más importante que es la audiencia imputativa es un paso adelante que no tiene precedentes en ninguna provincia”.

Esto implicaría un cambio enorme ya que hasta el momento los sujetos escuchados son el fiscal, el defensor y el acusado, pero ahora aparece la víctima en un rol más activo. Este cambio es el que estaría llevando más trabajo a los legisladores y que lo vienen acordando con los actores de la justicia.

Por lo demás el proyecto viene avanzando y es intención de ambas Cámaras Legislativas convertirlo en ley y paralelamente revisándolo con el gobierno que delegó esa tarea en la Secretaría de Justicia que también tuvo una participación preponderante a través de la Dirección de Víctimas.