La Legislatura santafesina, en modo campaña

El Poder Ejecutivo insistió en las últimas semanas en enviar a las cámaras legislativas para su tratamiento una serie de proyectos que no tienen las mayorías necesarias ni en Senado ni en Diputados para su aprobación: voto de menores de 16 y 17 años en elecciones municipales y comunales; autonomía municipal y mandatos comunales de cuatro años. Son proyectos testimoniales ante una Legislatura -que como cada cuatro años- está ya en modo pausa electoral.

No obstante, sorprendió la decisión del Tribunal Electoral de hacer lugar al planteo de dos diputados -Rubén Giustiniani y Agustina Donnet- y de autorizar el voto joven, iniciativa que no encontró eco legislativo en los últimos años. Los diferentes proyectos de ley no llegaron nunca al recinto de la Cámara de Diputados donde las mayorías parlamentarias se aferran al artículo 29 de la Constitución que establece que "son electores todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que hayan alcanzado la edad de 18 años y se hallen inscriptos en el Registro Cívico provincial". Sobre el tema, el anterior ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, había firmado con el gobernador Omar Perotti el mensaje respectivo en agosto del 2021. En los primeros días de mayo, con otra ministra de Gobierno, Celia Arena, envía un mensaje similar.

La decisión del Tribunal Electoral -firmemente defendida por su titular, Daniel Erbetta-, genera fuertes cuestionamientos internos en la política pero hasta ahora hay cautela en las declaraciones a la espera de alguna presentación ante la Corte Suprema de Justicia. Nadie quiere enemistarse con los jóvenes pero temen que se abra un camino de interpretación de la Constitución que puede alcanzar a otras figuras.

También el mandato de comisiones comunales de dos años está en la Constitución provincial -art. 107- y si bien Perotti no es el primer gobernador en intentar llevarlos a cuatro años, tampoco existe acuerdo en las cámaras legislativas. El tema autonomía municipal es otra deuda derivada de la reforma constitucional de 1994 pero "no vale la autonomía sin cesión de los fondos respectivos" y las propuestas de los Ejecutivos en los últimos años son meramente declarativas.

En los hechos, estos tres ejemplos ameritarían una reforma de la Constitución de 1962 pero para ello se requieren consensos mínimos que en los últimos 40 años no se lograron en la Legislatura más allá de mayorías circunstanciales que en algunos períodos tuvo el justicialismo.

Pero además en este año, el Poder Ejecutivo sumó otros temas que ameritarán un debate importante y que pueden quedar irresueltos por la campaña electoral. Es que Perotti mandó un proyecto que declara la emergencia en materia de consumos problemáticos y adicciones en la provincia de Santa Fe hasta el 31 de diciembre de 2024. El tema fue adelantado por el propio gobernador en su mensaje del 1 de Mayo. Esta emergencia apunta "a profundizar políticas públicas para la problemática del consumo y las adicciones con acciones de prevención integral y territorial, promoción de la salud comunitaria, asistenciales, terapéuticas, de investigación y formación en recursos humanos especializados".

El mensaje prevé la creación de un programa de emergencia y desde la oposición se cuestionan los pocos aportes previstos en la iniciativa y dejándolo librado al 20% del remate de bienes decomisados del delito, aportes provenientes de programas del Estado nacional, de organismos multilaterales o de donaciones, legados y subvenciones.

Por otra parte, Perotti firmó el proyecto de ley proponiendo a la Legislatura un "Sistema Provincial de Protección de Derechos de las y los Consumidores". En la Casa Gris se habla de "una norma de vanguardia que generará avances significativos en la prevención, atención y resolución de los conflictos de usuarios y consumidores, atendiendo a las nuevas demandas del comercio y el consumo, y dejando atrás décadas de mecanismos administrativos ineficientes y faltos de seguridad jurídica". Se pretende dotar de prerrogativas al Estado en materia de consumo, tanto para promover la educación, el ejercicio de derechos, el acceso a la información, la prevención de estafas, abusos y publicidad engañosa, como así también para atender un grave problema en el consumo posmoderno: el sobreendeudamiento.

Estos dos últimos temas requieren un análisis minucioso en comisiones y hoy las cámaras legislativas parecen estar más en la campaña electoral que en abordar estas cuestiones que también tuvieron su demora en la elaboración en el Poder Ejecutivo.

Alcohol cero

Después de la sanción de la ley nacional sobre alcohol cero para conductores de automóviles, el Poder Ejecutivo envió al Senado una norma para adherir a la norma en las rutas que atraviesan el territorio santafesino. En tanto, en la Cámara de Diputados, Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) también propuso adherir a esa norma en la cual ya 13 provincias y más de 50 ciudades del territorio Nacional tienen esa restricción. "En aquellas provincias con mayor tiempo de sancionada la ley, el promedio de reducción de fallecidos por año ronda el 27 %", afirmó el legislador.