Los principales cambios que introdujo el gobierno a la Ley Ómnibus

Los legisladores opositores comenzaron a analizar este viernes los cambios que propuso el oficialismo en la Ley Ómnibus. Entre ellos, se modifican los puntos que incluyen retenciones, límite a las facultades delegadas y la no privatización de YPF, entre otros.

Uno de los puntos centrales que se le reclamaba al presidente Javier Milei era por las facultades delegadas, que se habían establecido en el proyecto original en dos años y la posibilidad de extenderlas por otros dos años, llegando al mandato completo.

En el nuevo texto se contempla la reducción de 2 años a uno de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo con una mayor restricción de las emergencias declaradas.

Además, se dejó afuera la eliminación de la movilidad jubilatoria y se planteó una nueva atada al índice de inflación (o directamente el retiro de ese artículo para discutirlo después en una norma aparte).

También se acordó la quita de YPF del listado de empresas públicas declaradas sujetas a privatización, la reducción a cero de los derechos de exportación aplicados a las economías regionales, y el pase a archivo de la reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción, el punto más cuestionado de la reforma.

La oposición también le había pedido al Gobierno que acepte acotar la iniciativa a los capítulos vinculados a la emergencia económica, pero en ese aspecto no tuvo respuesta positiva.

Los cambios

Fórmula de movilidad jubilatoria: la suspensión de la ley vigente sin un reemplazo quedó fuera del menú. Quedaron en pie dos opciones: la primera es introducir una nueva fórmula de movilidad indexada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que los haberes se actualicen según la inflación del mes anterior. La otra opción es directamente retirar el artículo sobre la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y postergar la discusión para más adelante, en una ley separada.

Retenciones: se mantiene el 33% de las retenciones a la soja, pero se reduce a cero los derechos de exportación a las economías regionales, que en el proyecto original se elevaban al 15%.

Privatizaciones: se mantiene el paquete de empresas públicas sujetas a privatización pero se quita de la nómina a YPF, que de esta forma continuará siendo una sociedad anónima de propiedad mixta con participación mayoritaria estatal. Se acordó que ante cualquier privatización, el Gobierno debe enviar el pliego con los términos y condiciones a una comisión bicameral del Congreso. Además de YPF, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal quieren impedir que se privaticen el Banco Nación, ARSAT, YMAD y Nucleoeléctrica.

Reforma electoral: se deja de lado la propuesta de uninominalidad de circunscripción cuya aplicación perjudica gravemente la representación de los partidos más chicos en la Cámara de Diputados. Se mantiene el sistema actual.