Ley Nicolás: un nuevo marco para garantizar la calidad y seguridad en la atención sanitaria

La Argentina dio un paso significativo hacia una atención sanitaria más segura, transparente y centrada en las personas. Con la sanción de la Ley 27.797, conocida como Ley Nicolás, el Congreso Nacional estableció un marco integral para promover la calidad y la seguridad en los servicios de salud, tanto públicos como privados.

La iniciativa apunta a reducir los daños evitables en los procesos de atención, proteger a los pacientes y también al equipo de salud, y crear una cultura de aprendizaje frente a los errores.

Una ley con nombre y propósito

La llamada Ley Nicolás —titulada en honor a un paciente cuya historia motivó el debate legislativo— tiene como finalidad asegurar “una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y las comunidades”.

Para lograrlo, define una serie de objetivos que incluyen la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, la adopción de protocolos basados en evidencia científica, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas y la creación de registros unificados que permitan identificar fallas y prevenir su repetición.

El texto, promulgado el 8 de octubre de 2025, complementa normas ya existentes como la Ley de Derechos del Paciente (26.529) y la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).

La nueva legislación se sustenta en principios como la equidad en el acceso a una atención segura, el respeto a la autonomía de las personas usuarias, el derecho a la información sanitaria y el modelo de cultura justa, que propone abordar los errores sin castigos, priorizando el aprendizaje institucional.

“La calidad y la seguridad en la atención son derechos humanos. Esta ley busca que cada paciente sea atendido en un entorno que cuide su salud y también la integridad de quienes lo asisten”, explicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Protocolos, controles y capacitación permanente

Uno de los ejes centrales de la norma es la obligatoriedad de que todos los establecimientos de salud —sin importar su tamaño o nivel de complejidad— adopten protocolos estandarizados para prevenir daños evitables y evaluar de manera sistemática la calidad de las prestaciones.

Entre los puntos destacados, se exige a las instituciones:

Implementar planes de auditoría y monitoreo de indicadores sobre seguridad del paciente.

Garantizar métodos transparentes de selección del personal y la verificación periódica de la aptitud profesional.

Establecer tiempos de trabajo y descanso adecuados para evitar el agotamiento físico o mental del equipo de salud.

Incorporar mecanismos de denuncia y evaluación no punitivos frente a incidentes o errores médicos.

Asimismo, la ley dispone la creación del Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), una base nacional de datos dentro del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), destinada a registrar los sucesos imprevistos que causen o puedan causar daño grave a los pacientes. El objetivo es identificar causas sistémicas y elaborar estrategias de mejora.

A su vez, las autoridades de control profesional deberán reportar las sanciones e inhabilitaciones a la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), garantizando que esta información sea pública y accesible.

La ley también obliga a la capacitación continua del personal de salud en temas de calidad, seguridad y derechos del paciente. Los programas de residencias médicas deberán incluir estos contenidos de manera obligatoria, mientras que las instituciones tendrán que destinar tiempos remunerados para la formación y autoevaluación.

Un enfoque centrado en las personas

La Ley Nicolás introduce además el concepto de coproducción de salud, que busca que los pacientes adopten un rol activo en las decisiones sobre su atención, a partir del acceso a la información y el diálogo con los equipos médicos. Este modelo promueve una relación más humana y participativa entre las personas usuarias y los servicios de salud.

Otro de los puntos innovadores es la prevención cuaternaria, que apunta a evitar los daños derivados de intervenciones médicas innecesarias. Se trata de un llamado a revisar críticamente la práctica clínica y priorizar la seguridad del paciente por encima de la sobreintervención.

La norma también contempla medidas específicas para proteger al personal sanitario, estableciendo que los centros de salud deberán prevenir situaciones de violencia o intimidación, y reasignar tareas cuando un integrante del equipo presente limitaciones psicofísicas, evitando su desvinculación.

Implementación y desafíos

La Ley Nicolás entrará en vigencia dentro de 180 días a partir de su publicación, y el Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentarla en ese mismo plazo. Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están invitadas a adherir al régimen para garantizar su aplicación en todo el territorio.

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación nacional, con la responsabilidad de coordinar la Red Federal de Calidad y Seguridad Sanitaria y de elaborar informes públicos bianuales sobre el avance de las políticas implementadas.