Una amplia lista de personalidades y empresas en la causa espionaje

La argumentación atribuye a los imputados haber realizado acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25520, de Inteligencia Nacional. Esas acciones consistieron en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la Provincia de Santa Fe.

Los fiscales consignan que, con ello, procuraron influir en la situación institucional, política, policial y social de la provincia de Santa Fe, así como influir en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión y en asociaciones y agrupaciones. A su vez, divulgaron información reservada adquirida en ejercicio de sus funciones sin que medie orden o dispensa judicial.

Tales actividades eran desarrolladas accediendo a bases de datos públicas y privadas (tanto abiertas como de acceso restringido), a información de medios de comunicación y redes sociales, datos brindados por personas que actuaban como informantes y se desempeñan en ámbitos públicos y privados (policías, empresarios, periodistas), acceso a legajos y expedientes penales, a evidencias obtenidas en investigaciones penales, “tareas de calle”, entre otras. De esta manera recababan información personal, patrimonial, de contacto, de actividades y relaciones personales de personas humanas y jurídicas.

Según la imputación, con los datos así recabados se confeccionaban informes de inteligencia que documentaban, reunían, sistematizaban y valoraban toda la información obtenida de una persona o grupo de personas determinadas, los cuales eran llamados por los propios imputados “informes”, “perfiles” o “dossier”.

El extenso listado consignado en la imputación abarca, con acciones específicas dirigidas a ellos, al diputado provincial Maximiliano Pullaro (querellante en la causa), los dirigentes políticos Pablo Coccocioni, Ana Viglione, el titular de UPCN Jorge Molina, el empresario periodístico Nahuel Caputto (CEO de El Litoral), la empresa PECAM, al empresario periodístico Gustavo Scaglione, sus socios y empresas; funcionarios del Ministerio de Seguridad (empezando por el entonces ministro Jorge Lagna) y al ex subsecretario de Asuntos Penitenciarios Héctor Acuña, ex jefes policiales, fiscales. En nóminas más abarcativas, a gran cantidad de militantes y políticos, empezando por el gobernador Omar Perotti e incluyendo a Antonio Bonfatti, Jorge Placenzotti, Julio Garibaldi, Angel Baltuzzi, Luis Castellano, Alicia Berzero, Humberto Giobergia, Mario Ishii, Mauricio Causi.

También figura una extensa nómina de funcionarios y magistrados judiciales, funcionarios policiales, sindicalistas, militantes sociales, periodistas, profesionales de la salud y de otras actividades, y un gran número de empresas e instituciones públicas.