La actividad política y la labor diaria en la sede del Poder Ejecutivo Nacional no volvió a ser la misma tras los diez días en los que el Gobierno de los hermanos Milei decidió -apoyada en denuncias de Casa Militar- impedir el ingreso al histórico edificio gubernamental a los 60 periodistas acreditados y cerrar la Sala de Prensa por primera vez en la historia. Por estas horas el clima cotidiano se ha contaminado con una serie de restricciones que impiden el libre tránsito de los corresponsales por la zonas que siempre estuvieron habilitadas para cumplir con el derecho constitucional de informar a la ciudadanía tal como nos conmina la Carta Magna de la República Argentina en su artículo 14, y en otras normativas de carácter internacional que priorizan la Libertad de Expresión por sobre cualquier tipo de censura u obstrucción a la circulación sin impedimentos de información veraz, plural y democrática. En esa jurisprudencia se basó el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita para desestimar las imputaciones hechas a los trabajadores de medios, a quienes se los intentó vincular con un presunto ‘espionaje’ y con la acción de poner en riesgo la “seguridad nacional”, y la del presidente de la Nación.
































