Se darán de baja más de 27.000 planes sociales en todo el país

El Ministerio de Capital Humano realizó la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de todos los titulares de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo.

Se detectaron 27.208 planes “potenciar trabajo” y 12 “potenciar empleo” con incompatibilidades a los que inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de $2.000.000.000 del Estado nacional.

Algunas de las incompatibilidades, detectadas por el cruce de información entre Anses y el Sinstys (Sistema de identificación nacional tributaria y social), fueron: beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero, fallecidos, poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad.

Limpiar los vicios

Hace menos de un mes, el presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que "estamos sacando la corrupción a capa y espada" y aseguró que desde su gestión se busca "limpiar los vicios del Estado", al referirse a quienes cobraban de forma duplicada planes sociales.

Ya entonces Milei destacaba la detección de "dobles cobros" del Plan Potenciar Trabajo, a partir de un "trabajo conjunto" de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el fiscal Guillermo Marijuan. "Esas personas no tiene por qué estar cobrando" planes si trabajan en el Estado, dijo y ponderó que "estamos sacando la corrupción a capa y espada", dijo.

Primera tanda

Ya a principios de año se dieron de baja 4.588 programas Potenciar Trabajo, que estaban repartidos en 14 provincias, entre ellas la de Santa Fe. El motivo radicaba en que surgieron incompatibilidades al entrecruzar los datos de los beneficiarios con otras bases y registros, de los que saltó que la mayoría tenía trabajo en administraciones provinciales.

En, el caso de Santa Fe, fueron 170 los casos detectados y publicados el martes 2 de enero en el Boletín Oficial. Fue la primera tanda en dejar de percibir el plan fijado en $78.000, monto que quedó congelado por decisión del Gobierno central.