Milei aseguró que dará de baja 70 mil contratos de empleados públicos a fin de mes

La Casa Rosada prepara la baja de miles de contratos en la Administración Pública Nacional. La decisión es eminente, ya que el plazo dispuesto por el presidente Javier Milei es hasta este domingo 31 de marzo. A los trabajadores afectados se les comenzaría a comunicar desde este miércoles, ya que luego habrá un fin de semana extra largo por Semana Santa y el feriado del martes 2 de abril.

La decisión del gobierno nacional se enmarca en la revisión de la dotación pública que hizo el Gobierno durante estos tres meses, todo ello, según alegan, a los fines de eficientizar la dinámica y el gasto público.

El total de contratos son unos 71.000 que están encuadrados como planta transitoria o asistencia técnica profesional. Las cifras de la reducción difieren según las fuentes consultadas. En el gobierno habían dejado trascender a los medios que los cesanteados serían entre un 15 y un 20% los cesanteados. Mientras que los sindicatos hablaban de un 30%, que significarían más de 20 mil despidos.

Sin embargo, el propio Milei se refirió al tema en la tarde de este martes en un foro económico internacional. Dijo que el ajuste que está llevando a cabo es para lograr el déficit cero y se refirió a los próximos despidos en la administración del Estado argentino.

“Estamos convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, que tiene mucho de motosierra y licuadora. Si lo queríamos hacer rápido, teníamos que hacer las dos cosas. Hay mucho de ambas hoy en día. Entre ellas, eliminamos la obra pública de cuajo, de lo que estoy orgulloso y algo a lo que toda la gente de bien debería oponerse. Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias. Echamos 50.000 empleados públicos. Se dieron de baja contratos. Y van a caer 70.000 contratos más. Eliminamos programas entregados de manera irregular sin descuidar la política social”, destacó el líder de La Libertad Avanza.

De todos modos, en el Gabinete insisten en que el número definitivo será menor al expresado por el presidente, al menos en una primera etapa. La cifra real se conocerá en los próximos días, con la liquidación de abril.

Despidos y protestas

El miércoles pasado, el vocero presidencial reconoció que habría más despidos en el Estado Nacional, aunque aseguró Adorni que la medida apunta solamente en contra del “empleo militante”.

Al ser consultado por un periodista que pidió confirmar si es real que esa cifra podría elevarse hasta los 70 mil agentes, Adorni insistió en que se está realizando un “trabajo puntilloso y quirúrgico” para analizar todos los casos en cada dependencia.

En ese sentido, el vocero aclaró que “nadie que esté trabajando y que esté siendo útil para el Estado, es decir para la gente, se le va a dar de baja al contrato”. “Nadie que trabaje se va a quedar sin trabajo, no veo por qué deba haber preocupación”, insistió.

Por su parte, los gremios estatales se encuentran en estado de alerta. En el caso de ATE, este lunes y martes realizaron manifestaciones frente a la sede del ex ministerio de Agricultura y en el hall de la Casa Rosada.

"Se está destruyendo el Estado para la gente y se está construyendo el Estado para los empresarios. Vamos a seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en el Estado", sostuvo el secretario general del gremio Rodolfo Aguiar.

Asimismo, luego de las declaracinoes del presidente, el dirigente gremial se dirigió directamente a Milei y advirtió que, “si dispone esa cesantías masivas, cumplimos en informarle que esa decisión se lo va a llevar puesto a Usted”. Y anunció un paro nacional con movilización en todo el país, con fecha a determinar en las próximas horas.

El ajuste en el Estado

La decisión de gobierno responde al decreto 84/2023 publicado en el Boletín Oficial el pasado 23 de diciembre, con la firma de Javier Milei y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

En ese DNU se establecieron renovaciones por un período de tres meses a los contratados, mientras que, en paralelo, estableció una auditoría para revisar el estado de las cuentas públicas en cada repartición en el que también se incluyó la reducción de personal, por lo que el titular de cada organismo quedó en condiciones de “evaluar la renovación de las contrataciones”.

De todas formas, antes de la prórroga de estos contratos por tres meses, en diciembre hubo una primera instancia con 7000 despidos por no renovación. Estos correspondían a a los que fueron firmados por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencían el 31 de diciembre.

Durante la última semana ya hubo personal al que se le comunicó que no seguirá en su lugar de trabajo. Ocurrió en varias oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). También en el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), donde pese a la oposición del directorio se produjeron igual unas 1200 desvinculaciones, lo que provocó marchas de repudio en distintos puntos del país, como la que El Litoral reflejó en Santa Fe.

Previamente, el Ejecutivo nacional ya había avanzado en el desmantelamiento de organismos estatales. A mediados de febrero se comunicó el cierre del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Semanas atrás, fue con el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo de Agricultura Familiar.

La tarea de revisión de contratos estaba en manos de dos funcionarios que hoy ya no están en el gobierno. Se trata de Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y de Ricardo Martín Boccacci, quien se desempeñaba como subsecretario de Empleo Público. Ambos presentaron su renuncia a pocos días de que se conozca la decisión del Ejecutivo sobre los trabajadores de planta transitoria.