Niñez: piden "repensar y revisar fallas y vacíos del Estado"

Nancy Balza

nbalza@ellitoral.com

La muerte de Nicolás Almada, el niño de 6 años que fue asesinado a golpes en barrio Loyola Sur -hecho por el que están siendo investigados su mamá y su padrastro (ver Sucesos)-, llegó ayer a la Cámara de Diputados, a través de un pedido de informes de la justicialista Patricia Chialvo (Primero Santa Fe) para que el Ejecutivo informe si el niño se encontraba sujeto a una medida excepcional dispuesta según la ley 12.967; en ese caso, los motivos por los cuales el niño fue restituido a su hogar; cuál fue la actuación de los organismos administrativos intervinientes ante la restitución del niño al seno familiar y cuál fue la actuación de los organismos estatales de salud y educación que tuvieron participación en su asistencia y acompañamiento.

El texto alude concretamente a la tremenda muerte del niño pero la preocupación de Chialvo va más allá de este caso en particular y viene de mucho antes. “Desde principios de año, hicimos una serie de pedidos de informes por el funcionamiento de la Subsecretaría de Niñez, en cuanto a programas, políticas y abordajes. Después de una entrevista con el director del área, pedimos que se convoque al Consejo Provincial de Niñez previsto en la ley 12.967”, expuso la legisladora y licenciada en Trabajo Social, en diálogo con El Litoral.

Aquel planteo data de alrededor de junio pasado, el Consejo no funcionaba desde mayo de 2015 y hubo una reunión en septiembre de este año, “pero los legisladores no fuimos convocados”. “Ese es un espacio de discusión de políticas, tenemos entendido que hubo una reunión donde la subsecretaria dio un informe de cómo venía trabajando pero no una discusión donde todos podamos plantear la mirada que tiene que tener el Estado sobre las políticas de niñez”. Precisamente, el Consejo se integra -entre otras autoridades- con un legislador por nodo y Chialvo es la representante en la Cámara de Diputados por Santa Fe.

LOS RECLAMOS

La crisis en el área de Niñez se hizo evidente en los últimos días en la ciudad de Rosario donde el personal mantiene un paro de actividades desde el martes de la semana pasada, medida que estaba previsto continuar hasta hoy. “Venimos haciendo preguntas desde principios de año porque más que de recursos económicos creo que se trata de definir el modo de intervención sobre todo en el territorio. En este caso, las medidas estaban tomadas pero evidentemente no había seguimiento de la situación”.

“El personal de Santa Fe también está reclamando que no hay definiciones políticas en cuanto a cómo piensa la intervención la Subsecretaría de Niñez, a partir de lo que le corresponde en el marco de la ley”. Cabe mencionar que dicho reclamo motivó ayer una asamblea y el anuncio de un paro para el próximo martes (ver aparte).

300 SITUACIONES SIMILARES

En cuanto al pedido de informes presentado ayer por Chialvo, que tuvo el acompañamiento de su par Silvia Simoncini y de otros legisladores, la diputada dijo que “lo que hice fue manifestar que la Subsecretaría revisara su manera de intervención. La pregunta es “cómo se va a abordar”, porque se estima que hay alrededor de 300 niños y niñas en la misma situación”.

Precisamente, en los fundamentos de su pedido, la legisladora recuerda que la ley 12.967 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que adhiere a los postulados de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con rango constitucional en nuestro país, “constituye la herramienta normativa que confiere al Estado, en sus distintos niveles y a través de los organismos correspondientes, el rol de garante del cumplimiento de cada una de las normas, siendo responsable de la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes”. Sin embargo, “el asesinato de Nicolás Almada de 6 años acontecido en las últimas horas, quien meses atrás ya había sido atendido en el hospital por traumatismos y cuya hermana también habría sufrido golpes por parte de integrantes de su familia, nos obliga a repensar y a revisar las fallas y los vacíos que el Estado no está pudiendo subsanar”.

En ese sentido, considera que “el gobierno provincial tiene la responsabilidad de generar y efectuar un seguimiento de las políticas públicas que garanticen sus derechos, asignando los recursos necesarios para tal fin”.

DOS PROPUESTAS

La diputada Patricia Chialvo recordó que en su momento, en el ámbito del hospital de Niños y en el Mira y López funcionaba el comité de maltrato infantil. “Entendemos la propuesta del Ejecutivo acerca de que todo el mundo tiene que estar preparado y que el seguimiento tiene que ser hecho por todos los efectores que están en el territorio. Pero había equipos para recibir la emergencia y a partir de ahí definía las intervenciones”. “Hay casos de abuso y no nos podemos pasar meses para ver si el niño fue abusado”, señaló.

Además, se refirió al equipo conformado con personas de la academia con trayectoria en niñez “con el que estamos colaborando con algunos municipios y comunas, que son el primer nivel de intervención y tienen que hacer frente a estas situaciones”. “Lo ofrecemos como espacio de formación”, concluyó.