La oposición señala el riesgo de delegar los controles de precios

Dirigentes del radicalismo presentaron una nota formal que firmó el presidente del Comité Provincial de la UCR, Carlos Fascendini, para pedir de audiencia al gobernador Omar Perotti referido a la situación de las municipalidades y las comunas ante la crisis que ha desatado el Covid-19.

Entre los tópicos a abordar figura la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de dejar en manos de los gobiernos de los pueblos y las ciudades del interior el control de los precios, una tarea que le corresponde a la Dirección Provincial de Comercio Interior.

Los radicales entienden que salvo en los grandes centros urbanos, son comercios minoristas los que podrán ser controlados por los jefes comunales y los intendentes que, con lo dispuesto por la Casa Gris, quedarán en un brete entre los consumidores y el último eslabón de las cadenas comercialización. Apuntaron a que se garantice la vigilancia en el control de los formadores de precios, que por su despliegue en el territorio provincial no están generalmente en la órbita municipal o comunal.

Entre otros elementos a considerar, en la oposición se repite que son muy pocas las municipalidades con recursos humanos capacitados para estas tareas y salvo Santa Fe y Rosario- menos aún las que cuentan con alguna oficina de defensa del consumidor. Advierten que con la decisión de las autoridades provinciales actuales de eliminar los Nodos regionales también se terminaron los contratos de abogados contratados en esos cinco núcleos para la descentralización, que seguían las causas iniciadas por los consumidores.

Con el socialismo

Además, en la noche del martes 14, legisladores de los bloques de la UCR, integrantes del Foro de Intendentes Radicales y miembros de la conducción partidaria acordaron transmitir a su pares del Frente Progresista, Cívico y Social estas inquietudes y el conglomerado opositor que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados- pidió ser recibido por el gobernador.

Les preocupa la caída de los ingresos en las administraciones locales, la necesidad de mejorar la coordinación entre los funcionarios del Poder Ejecutivo y los comités de emergencia creados a nivel de los departamentos y el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional, los ATN, que envía el gobierno central.

Como se sabe la UCR santafesina ha impulsado una serie de propuestas para aliviar la dura situación que perjudica a las Pymes y a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Para la Casa Gris será una “labor coordinada”

El gobierno provincial defendió su decisión de dejar en manos de las municipalidades y las comunas del interior santafesino la facultad de “la vigilancia y el control” de los precios, en especial de los alimentos y de aquellos insumos más importantes para combatir la pandemia.

Un un mensaje transmitido en vivo por las redes sociales de la Casa Gris, y sin preguntas de la prensa, el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano, junto a la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, Betania Albrecht, admitieron que se trata del “inicio de un proceso” de transferencia de esas responsabilidades ante la crisis.

Subrayaron que la decisión del Poder Ejecutivo provincial procede mediante el decreto 319, aseguraron que hay una serie de instructivos para las autoridades municipales y comunales, listas de precios máximos que proceden del gobierno nacional y prometieron estar “en el paso a paso” de la nueva tarea.

Para Albrecht el decreto abre a las autoridades municipales y comunales “la oportunidad de colaborar” con la situación de emergencia. Y destacó que podrán acudir a las disposiciones de tres normas nacionales: la Ley de Defensa del Consumidor, la de Defensa de la Competencia y la de Abastecimiento.

Aviano destacó que fueron muy precisas las instrucciones del gobernador y del ministro de la Producción, Daniel Costamagna y mostró su disposición a mantener un contacto permanente con las administraciones que ahora serán las encargadas del tema, por su proximidad.

En el esquema previsto por el decreto mencionado, los funcionarios explicaron que la inspección, el control, la vigilancia, y la elaboración de posibles sanciones será un asunto municipal o comunal y solo la provincia establecerá en base a la documentación que aporten las comunas y los comercios involucrados- la que defina o no las multas. Y un 25% de los pagos por parte de los infractores será girado al municipio o la comuna denunciante.