Con presiones por las paritarias, demoran en definir la suma fija

Después del golpe electoral en las PASO y tras la decisión de devaluar, el ministro de Economía Sergio Massa anticipó que habría un "paquete de medidas" para atenuar el impacto en los bolsillos de los asalariados.

Más allá de algunas gestiones que ya están en marcha, como los acuerdos de fijación de precios, Massa dio por hecho que habría una mejora en el ingreso, aunque postergó cualquier definición hasta su regreso de Washington, adonde viajó para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero en el interín, la situación disparó una serie de reclamos por la reapertura de paritarias, que se produjeron tanto desde los sindicatos más fuertes vinculados a la actividad del sector privado, como Camioneros, Comercio y bancarios, hasta los estatales de ATE y los docentes agrupados en la Ctera.

Lógicas distintas

El enfoque de los planteos es distinto también según el sector de que se trate, y eso supone un condicionamiento para la manera en que las autoridades nacionales vayan a definir el monto y la modalidad del incremento en las retribuciones.

Gremios afines al kirchnerismo y las dos vertientes de la CTA le exigieron al Gobierno una suma fija para los asalariados de 75.000 pesos, pero la CGT formula sus reservas, y admite los aumentos de emergencia, aunque cifrados en los ingresos de los trabajadores de menores recursos, y en la medida en que no interfiera en el curso de las paritarias vigentes.

"No nos oponemos a un esquema de emergencia siempre que se sostenga la libertad de las paritarias y que se defina un valor mínimo de ingresos a través de un bono variable según las necesidades de cada sector", dijo a Clarín Héctor Daer, miembro del triunvirato de mando cegetista y el dirigente gremial que más cerca estuvo de Massa durante la campaña electoral previa a las PASO.

De esta manera, se vuelve a abrir otra grieta interna en la central obrera peronista entre los que presionan por una suba salarial generalizada, como lo demandaron Pablo Moyano y Mario Manrique, y los que advierten que un bono por decreto podría alterar el curso de las paritarias.

"No se puede"

Las dos vertientes de la CTA, cuyo núcleo principal de afiliados son estatales, se diferenció de la CGT y salieron en tándem a reclamar por un aumento de emergencia y generalizado.

"Ya no se puede seguir aceptando los condicionamientos del FMI ni las conductas antisociales de los especuladores. La CTA de los Trabajadores considera crucial que el Gobierno implemente un aumento uniforme mediante una suma fija que no puede ser inferior a $75.000 para todos los asalariados del país, sin excepciones. Para esto es imperativo asegurar que este incremento sea recibido tanto por el sector público a nivel nacional, provincial y municipal, como por el sector privado", planteó Hugo Yasky, jefe de este sector ceteísta y diputado nacional kirchnerista.

Y añadió: "Asimismo, debe disponerse un nuevo aumento destinado a compensar la disminución en los ingresos de los jubilados y pensionados. Igualmente vemos la urgencia de adelantar los aumentos pautados por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que también tendría efecto inmediato en los programas sociales, y discutir en forma inmediata los valores para el último trimestre del año".

El otro bastión de la CTA, la Autónoma, que está liderada por Hugo Godoy, señaló: "En la semana previa a las elecciones devaluaron un 11% y un día después de las elecciones, otro 22%. Esto impacta de manera directa en los ingresos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, favoreciendo a las empresas exportadoras más concentradas y del sector financiero, y alentando y permitiendo sin ningún tipo de control la acción especulativa de un puñado de empresas formadoras de precios que vienen haciendo extraordinarias ganancias a costa del empobrecimiento de buena parte de nuestra sociedad".

Y agregó: "Por estas razones, la Comisión Ejecutiva de la CTA exige al Gobierno la concreción de un inmediato aumento de emergencia para trabajadores formales e informales, activos y jubilados, informales y de la economía popular; la urgente implementación del salario universal para garantizar sacar de la indigencia a 4 millones y medio de argentinos y argentinas; la inmediata convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y el adelantamiento de las revisiones salariales de los trabajadores y trabajadoras con convenios colectivos; y medidas urgentes de congelamiento de precios y de castigo a los formadores de precios que especulan y agravan el deterioro de vida de gran parte de las familias argentinas".

Se sumó a la demanda de las dos CTA el dirigente social Juan Grabois. "Hay que escuchar la voz del pueblo que está enojado y la respuesta no pueden ser palabras, tienen que ser hechos", dijo a través de una carta el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria.

$4.200 millones diarios para planes sociales

El gasto público se viene acelerando a pasos agigantados, a tal punto que ya se destinan casi $4.200 millones diarios a pagar planes sociales, y en 8 meses se consumió casi todo el presupuesto previsto para el año, según surge de datos oficiales.

El Gobierno ya gastó más de un billón de pesos en estos polémicos planes que en muchos casos administran organizaciones piqueteras.

De acuerdo con información publicada por el Gobierno en el sitio oficial Presupuesto Abierto, el nivel de ejecución de partidas en tiempo real refleja cómo se acelera el gasto público, uno de los temas claves de la campaña electoral.

Hasta este lunes, ya se transfirieron 1,02 billones de pesos a la cartera de Desarrollo Social que encabeza Victoria Tolosa Paz. Ya se consumió el 90% de los 1,16 billones de pesos estimado como fondos anuales. Por las dudas, el Gobierno ya la aumentó a $1,24 billones, pero a este paso tampoco alcanzará, según ala ONG que siguen el día a día de las erogaciones.

Los principales programas beneficiados fueron el Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias, que concentran casi la totalidad de los recursos. Pero también otros planes como Abordaje Territorial e Integración Socio Urbana.

El programa que más recursos recibió es el Potenciar Trabajo, con $479.651 millones, el 81,3% de los $590.982 millones globales que tiene en su presupuesto.

En el caso de Políticas Alimentarias, partida que ya fue ampliada en julio hasta $486.609 millones, son $441.322 millones que se utilizaron. Entre ambos, superan ya los $920.000 millones.

Repercuten, en el primer caso, en 1,3 millones de personas, y en el segundo, impacta en cerca de cuatro millones de personas que reciben la Tarjeta Alimentar. Son además las cajas que generan constantemente reclamos de piqueteros, por actualizaciones en los montos. Esta semana se espera que las organizaciones de izquierda salgan a cortar calles, pidiendo actualizaciones de hasta un 100% para paliar la inflación.

Números rojos

Durante el mes de junio, el déficit fiscal basado en el criterio de caja, que es el seguido por el FMI, fue de $611.743 millones, acumulando en el primer semestre un déficit de $1,8 billones.

La meta fiscal no se cumplió y el déficit se excedió en cerca de $700.000 millones debido a una fuerte disminución de ingresos durante los primeros meses del año.

En junio, el gasto totalizó $3,1 billones, con un incremento del 109,8% nominal y una disminución real del 2,7%, mientras que los ingresos alcanzaron $2,5 billones, lo que implica una suba del 115%, retrocediendo solo un 0,3% en términos reales.

Se estima que los Derechos de Exportación cayeron en $740.000 millones en el período entre enero y junio.

La escasez de dólares impactó negativamente en los ingresos por derechos de importación, reduciéndolos un 16% en el año. Además, otros ingresos tributarios disminuyeron, como el Impuesto a las Ganancias (-18%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (-1,4%) e Impuestos a los Débitos y Créditos (-2,8%).

En tanto, un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) señala que los ingresos devengados de la Administración Nacional acumularon al 31 de julio $12,9 billones, lo que significó una contracción en términos reales de 5,1% respecto a igual período del año anterior.

Dicha contracción se reduce al 4% si se computan dentro de los ingresos corrientes $150.000 millones que el Banco Central le transfirió al Tesoro Nacional en concepto de distribución de utilidades.

Los ingresos impositivos disminuyeron un 10,9% en la comparación interanual, mientras que los gastos primarios sumaron $15.3 billones y mostraron una contracción del 8,3% en términos reales.

Los gastos totales, por su parte, sumaron $17 billones y disminuyeron en una magnitud menor (6%), como consecuencia del incremento real de los intereses de la deuda (21,2%).