Proponen ampliar los adicionales de policía para amortizar bienes del Estado

El Litoral

Prensa Cámara de Diputados

Avanza en la Legislatura provincial un proyecto de ley del diputado Rubén Galassi tendiente a que el Estado santafesino pueda cobrar por la provisión de elementos de seguridad cuando la Policía presta el servicio de adicional.

La norma vigente tiene casi 50 años y solo establece el cobro a particulares por las horas hombre, sin contemplar la utilización de vehículos, combustibles y otros elementos que son soporte del accionar de las fuerzas de seguridad.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y consiguió la aprobación de todos los bloques parlamentarios.

En tal sentido el jefe del bloque Socialista en el Frente Progresista, Rubén Galassi, explicó que “el proyecto es muy sencillo y apunta a que el Estado pueda amortizar bienes que pone a disposición de particulares”. Para tal fin es que buscan reformar dos artículos de la ley 6.356, del año 1967, que regula los servicios de policía adicional.

Galassi explicó que el texto en análisis no estipula los montos que se deberán abonar por la contratación de un adicional y la utilización del equipamiento correspondiente (vehículos, vallas, animales adiestrados, escudos, cascos, armas, uniformes).

Dicho aspecto, de acuerdo a lo previsto en el proyecto de ley, tendrá que resolverlo el Poder Ejecutivo vía reglamentación. “Creemos que el Estado tiene que percibir un dinero por la amortización de recursos que pone a disposición de privados”, dijo.

Para graficar la importancia que tiene el proyecto, el diputado socialista agregó: “Pedí información a la Policía y el promedio diario de patrulleros afectados a hacer servicios adicionales, en el último semestre de 2015, es de 46. Estamos hablando de patrulleros que en la mayoría de los casos asisten a entidades bancarias, entidades que claramente pueden pagar este servicio. Si usted multiplica 46 por día, los 365 días del año, vamos a ver que es un importante aporte que hace el Estado a una cobertura para un particular”.

En tanto, con el objetivo de evitar manejos presupuestarios discrecionales, en la media sanción se estableció que lo recaudado para amortizar bienes será depositado en una cuenta especial en el agente financiero de la provincia. La Dirección de Administración del Ministerio de Seguridad será la encargada de controlar y reinvertir los fondos obtenidos, que solo podrán utilizarse para comprar equipamiento policial: desde vehículos hasta otros soportes e instrumentos.

El Poder Ejecutivo, cuando estime que un evento privado es de relevancia pública y social, puede eximir a un particular del pago del adicional por la provisión de elementos de seguridad, amortización de vehículos y combustibles.

“Si hay un acontecimiento que tenga una característica social, el Estado puede decidir no cobrar; pero claramente cuando se prestan servicios a entidades privadas, que son altamente lucrativas, como la actividad bancaria, el Estado tiene que recuperar este recurso”, concluyó.