Masneri: "Los santafesinos aprendimos de una manera muy dura que la seguridad pública es un derecho"

A pocos días para los comicios que definirán la integración de la convención constituyente de la provincia de Santa Fe, la secretaria de Asuntos Penales provincial, Lucía Masneri, coló un tema que se discutirá en la nueva Carta Magna y que tiene que ver con la seguridad como derecho de los ciudadanos.

Masneri ocupa el puesto N° 18 de la lista de candidatos a convencionales por el distrito único que presenta la coalición Unidos, que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro y desde su función realiza su aporte acerca de los cambios venideros.

-En la Reforma Constitucional se van a revisar cuestiones centrales que con el tiempo han cambiado, como la seguridad como derecho para los santafesinos. ¿De qué manera pretenden que sea tenido en cuenta?

-Sí, hace 63 años que no se reforma nuestra constitución. En su momento, en 1962, fue casi la mejor constitución que tenía el país. Tomada como ejemplo en otras instancias. Luego, pasaron 63 años y en el medio hubo una reforma nacional que ya tiene 31 años, y que de hecho ordenaba a las provincias que teníamos que adaptarnos a la Constitución, porque en el medio la sociedad fue cambiando.

Entonces, en esta Constitución del 62 y en la del 94’ de Nación, la seguridad no era entendida netamente como un derecho. Hoy los santafesinos aprendimos de una manera muy dura que la seguridad pública es un derecho. Igual de importante que los demás, como la salud y la educación.

Que si vamos a hablar de derecho de tercera generación y vamos a explicar lo importante que es el cuidado del ambiente, la seguridad también es un derecho. Y un derecho del cual nos tenemos que apropiar. Porque cuando uno dice que la educación es un derecho, reclamamos educación pública de calidad. Bueno, la seguridad también la tenemos que reclamar en esos términos.

Por eso es tan importante decir reforma constitucional, porque es a lo que acudimos de fondo cuando tenemos un problema de verdad.

-¿Y cómo se incluye la seguridad en una reforma constitucional?

-De la Constitución se van a reformar 42 artículos, porque es una reforma cerrada; no tenemos un núcleo de coincidencias básicas, pero tenemos una parte de la Constitución que la legislatura provincial nos habilita a reformar.

Entonces hay dos instancias donde se va a incorporar y tiene que ver con que ahora la Constitución habla de la seguridad social, que no tiene que ver con la seguridad pública y de el tratamiento de la pena. Vamos a ir sobre esos dos frentes.

Primero, que la pena es mucho más que el reintegro de las personas que están cursando una condena. La pena también es protección de la sociedad y reducción de la reincidencia. Entonces, esto que hoy está incorporado a la Constitución Nacional a través de las reglas de Mandela, tiene que quedar asentado porque también lo tenemos en nuestra Ley de Ejecución, pero una ley tiene jerarquía inferior.

Y luego, lo que tiene que ver con la profesionalización de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo vamos a tener seguridad pública si la profesionalización de las fuerzas depende del humor de una gestión política? En ninguna instancia podemos aceptar esto. Esas son las dos grandes fuentes.

Además tenemos el establecimiento de los juicios por jurados en materia penal, la ciberseguridad, el fortalecimiento del MPA, la remoción de los jueces; muchas instancias que son coadyuvantes a la seguridad, porque la seguridad sin una justicia eficiente también es muy compleja.

-Esta discusión está entablada, si la Justicia tiene responsabilidad en la prevención de delitos o sólo deben impartir justicia cuando el hecho ya fue cometido…

Exactamente, en realidad eso es verdad. Pero también es verdad que si tenemos una puerta giratoria, donde la primera respuesta de la justicia es: “llegamos cuando el delito ya fue cometido”, cuando el detenido ya entró y salió; en el segundo hecho ya tienen un poquito de responsabilidad.

Entonces, permitir este diálogo y sobre todo cuando hablamos de persecución penal que sean todos los poderes del Estado los que estemos trabajando. No que cada uno tire para un lado diferente o con una lógica diferente. La lógica es la justicia y la seguridad de la gente que está en la calle. Esa es la única lógica válida.

La Construcción también conduce a racionalizar la Justicia. A hablar de paridad en la Corte; de mandatos hasta los 75 años. Se busca que ninguno de los gobernantes de ninguno de los tres poderes quedemos para siempre donde estamos.

-Mencionó de puerta giratoria. ¿Cómo lo analizan desde adentro del Servicio Penitenciario, es un diagnóstico real o son más los que cumplen la pena en la cárcel?

-De las personas detenidas luego se va a dividir en dos partes, aquellos que transcurren en prisión preventiva y aquellos que son efectivamente condenados.

En el caso de los condenados, lo cierto es que las salidas son mucho menores y son para el que realmente muestra un cambio. Acá podemos ver que mayoritariamente las personas salen con la condena vencida, es decir, se quedan hasta el último día y salen con la pena cumplida.

Ahora bien, cuando vemos las prisiones preventivas, ahí apuntamos respecto a la puerta giratoria. Por eso los números de la reincidencia formal tienden a ser un poco más bajos. Porque no llegan a estar condenados y por ende no llegan a ser reincidentes, sino que hablamos de reiterancia. Entonces, en mayor porcentaje los imputados salen con cese de prisión preventiva y ahí es donde se genera esa instancia de puerta giratoria.

-¿Qué fue lo que recibieron y qué es lo que tiene hoy Santa Fe en materia de servicio penitenciario?

-Lo que recibimos fue muy distinto a lo que dejamos en el 2019. En el 2019 dejamos un servicio conformado, fuerte. Cuando ingresamos en 2023 encontramos un servicio penitenciario desprofesionalizado y con su dignidad institucional bastante baja. Con la última promoción de suboficiales que había recibido mayoritariamente sus clases de manera virtual y un servicio que había recibido órdenes de mirar para otro lado, en cuanto a los altos perfiles, a la tenencia de celulares y el cumplimiento de delitos desde la cárcel.

Que nuestro ministro de seguridad (Pablo Cococcioni) haya sido el último secretario de Asuntos Penitenciarios hizo que la recepción fuera positiva, porque se logró entender que el Servicio Penitenciario era parte de la seguridad pública. Entonces, que el personal pueda entender que forma parte de la seguridad pública, la verdad que es el mejor esfuerzo, aún con más sobrepoblación que antes.

En números:

Actualmente el sistema penitenciario provincial tiene bajo su cuidado 12.000 presos -entre condenados y en prisión preventiva-, de los cuales 10.700 se encuentran alojados en cárceles y 1.300 continúan en sedes policiales. De ese total, 520 son presidiarios que se encuentran bajo la órbita de la Justicia Federal.

Sobre estos últimos, Masneri respondió que se van a ir a la cárcel nueva de Coronda “cuando así lo disponga el gobierno nacional” que por el momento “se ha llevado 129 que han sido trasladados a la cárcel nueva”.

En proporción, el Servicio Penitenciario santafesino cuenta con “un guardia cada dos presos”, es decir que estamos hablando de 5.000 empleados penitenciarios en actividad.

A propósito de ese dato, Masneri recordó que “estamos en un periodo de inscripción de 800 nuevos puestos, porque cuando hablamos de que vamos a tener 6.500 plazas nuevas de acá el 2027, también vamos a tener alrededor de 2.800 empleados nuevos, es decir, va a crecer el servicio en más de un 50%”.

Consultada acerca de la distribución geográfica de esas 6.500 nuevas plazas, Masneri repasó el plan de obras del gobierno provincial que se encuentra en marcha: “Va a haber tres cárceles en Piñero: El infierno y dos más. Luego va a estar la de Recreo. Una ampliación de la Unidad 12, que está en el límite con Pérez; y una cárcel nueva atrás del complejo penitenciario de Rosario que es la Unidad 5 con una perspectiva de final de condena y condenas cortas”.

El Infierno

-¿Por qué eligieron El Infierno y qué hay detrás de esa elección?

-En realidad detrás de esa selección está el límite. Es el último lugar en el cual irán las personas a las que el Estado ya invirtió muchísimo en herramientas para reintegración, que mayoritariamente no tienen un solo delito cometido porque estos son los internos de alto perfil. Lo que se busca es que sea “el último lugar”, y que desde allí no se cometan más delitos. Que desde allí no se vuelva a aterrorizar la sociedad.