Roberto Saba: "El daño producido, por acción u omisión, al funcionamiento del Poder Judicial es grave"

El catedrático Roberto Saba participó, en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, de un panel sobre los debates pendientes de la democracia a cuarenta años de su recuperación y El Litoral aprovechó para charlar sobre el tema de su exposición y una mirada sobre el funcionamiento actual de la justicia en la Argentina,.

- ¿Cuáles son las antiguas tensiones y cuáles los nuevos desafíos que tiene la justicia en una democracia?

- La democracia que se reinstala en la Argentina en el 83, es el mismo modelo del sistema democrático que tuvimos hasta el 76, una democracia constitucional. Las democracias constitucionales combinan autogobierno, la ciudadanía se autogobierna, la ciudadanía decide qué es la ley. Ese autogobierno está limitado por una Constitución, por los derechos constitucionales, por las reglas del juego democrático y en la Argentina, que ha suscripto tratados internacionales de derechos humanos, limitado por los acuerdos internacionales de derechos humanos. Esa relación entre autogobierno y límite constitucional se traduce en el control judicial de constitucionalidad. Los jueces constitucionales, que en la Argentina son todos, incluida la Corte Suprema, tienen la responsabilidad de velar para que el límite constitucional se le imponga al autogobierno democrático. El autogobierno democrático tiene que decidir limitado por los contenidos constitucionales y los que aplican ese contenido constitucional son los jueces. Esto genera una tensión, una tensión institucional entre jueces constitucionales y el poder político, que son los representantes del pueblo. Son viejas tensiones, estructurales. Hemos diseñado un sistema, -creo que es un buen sistema- de democracia con autogobierno limitada por derechos constitucionales, y hemos dado el poder de control al órgano que no es electo popularmente. Si el control del límite constitucional al autogobierno lo tendría un órgano que sea electo popularmente, no va a aplicar el límite. Es una tensión intrínseca del sistema, tenemos que aprender a convivir con ella, a manejarla, a pensar como sería la mejor forma de que los jueces ejerzan ese control sin que pisen la libertad de decisión colectiva. Es parte de la tensión intrínseca del sistema y a eso me refiero con viejas tensiones. Las democracias constitucionales del mundo en algún punto tienen una tensión de ese tipo.

Los nuevos desafíos están dados por una corriente global de iniciativas políticas que ya no solo tienen problemas con el control de los jueces, sino que empiezan a ver el control de los jueces como algo que debe ser neutralizado, erradicado. Los ejemplos más patentes hoy en el mundo son Víktor Orbán en Hungría, Recep Erdogan en Turquía, el gobierno polaco y muy recientemente, el caso de Benjamin Netanyahu en Israel, con toda una movida de reforma judicial para sacar a los jueces del poder de controlar al Parlamento. En Israel hubo una movida de cientos de miles de personas que están reclamando por un Poder Judicial independiente y que Netanyahu no lo pase por encima. Israel siempre tuvo una Corte garantista que el premier se la quiso sacar de encima, la sociedad civil le obligó a parar y retiró el proyecto de ley del parlamento. En Estados Unidos tuvimos los sucesos del 6 de enero del 2020 cuando (Donald) Trump, siendo presidente, estimuló la invasión física del Congreso, casi un golpe de Estado de sectores ultra-antidemocráticos. En Brasil hubo algo algo parecido con la asunción de Lula, estimulado por (Jair) Bolsonaro. Bolsonaro y Trump tienen un asesor común - Steve Bannon- y esta movida contra los tres poderes del Estado que sucede cuando asume Lula, la venían planeando antes de la asunción porque decían que la elección iba a ser fraudulenta.

Este movimiento antidemocrático -el presidente húngaro lo llama movimiento a favor de una democracia iliberal- o sea una democracia que no cree en los controles constitucionales, tampoco cree en los derechos humanos tal como los concebimos en el mundo a partir de la Revolución Francesa, en el derecho internacional, en el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, en los derechos reproductivos, en los cambios que están teniendo lugar en materia de género. Ese movimiento es muy potente en el mundo, en Argentina no está ausente.

Hay candidatos que parecerían adherir a eso. Hace poco hubo una reunión en España liderada por Vox, que es el partido ultraconservador en España, que reunió a Orban, a Trump, y participó, por ejemplo, un candidato presidencial de la Argentina, que es Javier Milei.

Estos son los nuevos desafíos, desafío es una palabra demasiado débil para llamar a esto, ¿no? La amenaza es realmente importante.

- El lawfare es también parte de este cuestionamiento, ¿cómo lo observa?

- Hay que definir qué significa lawfare. El argumento que han usado algunos, por ejemplo, aquí lo ha levantado mucho la vicepresidenta (Cristina Kirchner), tiene que ver con señalar que el Poder Judicial es un actor que aliado con medios de comunicación persigue a líderes populares. Si eso pasara sería algo terrible, pero habría que ver qué es lo que pasa. Si el Poder Judicial está investigando delitos o está imponiendo límites constitucionales contra decisiones parlamentarias, eso no es lawfare, eso es cumplir con las responsabilidades que tiene el Poder Judicial. La pregunta es muy atinente. Me parece que el lawfare es una excusa para justamente atacar al Poder Judicial.

- En estos meses que se volvió a revalorizar el Juicio a las Juntas con la película "1985", se recuerda que casi todos estuvimos de acuerdo en que había que juzgar al poder político anterior. Se había ido, era antidemocrático pero la pregunta es hoy ¿hay que proteger o hay que juzgar a clase política si tiene denuncias?

- En una democracia constitucional, el poder político, por más democrático y avalado por las mayorías que sea, se somete a la ley y se somete a la Constitución. El órgano que va a hacer valer esa ley y esa Constitución es el Poder Judicial. No hay otro. No tenemos otro poder en quien confiarle esto. Siempre me gusta señalar que el Poder Judicial tiene que hacer los deberes. Mencionó el Juicio a las Juntas, allí la aprobación popular del Poder Judicial era cercana al 60%. La aprobación popular hoy en toda América Latina no llega al 25%. Hay un trabajo a realizar en el propio Poder Judicial.

En América Latina hoy tenemos muchas iniciativas de ataque al Poder Judicial. Discusiones sobre si el Poder Judicial se extralimita o no, las tenemos en todas las democracias constitucionales, pero promover algo así como sacar al Poder Judicial porque molesta al poder político, eso es un desastre. Es lo que no queremos. Desde 1983 no queremos volver a un sistema en el cual no haya garantías, no haya derechos, no haya un Poder Judicial independiente. El Juicio a la Juntas fue un hito de cómo funciona este sistema de límites y de controles. No tiendo a ser optimista pero el hecho de que casi 4 millones de personas hayan visto la película '1985' en poco tiempo, me genera cierta esperanza de que hay algo en ese mensaje de controles, de derechos humanos y de poder político limitado, que en algún sector de la población sigue siendo importante.

- ¿Qué rol está jugando, o debe jugar, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de esto, teóricamente, desde el 94?

- El Consejo de la Magistratura es una institución complicada. Una especie de injerto en un sistema constitucional de tradición estadounidense. Es una institución que viene del sistema europeo parlamentario y tiene algunos vicios de origen. Además, el mismo Consejo tuvo muchos problemas para empezar a funcionar, para darse un reglamento, y se generó la expectativa de que, tras el Consejo de la Magistratura, todo el proceso de selección de candidatos a jueces y de remoción de jueces iba a ser técnico y no político, y no fue así.

Esta expectativa de un órgano absolutamente técnico, desconectado de la política, es justamente parte del mito que hace que el Consejo de la Magistratura sea una institución que está permanentemente criticada. Me parece mucho más efectivo el modelo que teníamos antes del 94, donde era claro que a los jueces los elegían los poderes políticos, pero era un proceso que tenía que ser más transparente, más participativo.

En el 2001,en la gran crisis del "que se vayan todos", era director de la Asociación por los Derechos Civiles, una ONG que junto a otras hicimos un documento que se llamó 'Una Corte para la Democracia' donde proponíamos que para recuperar la confianza en la Corte, tengamos un proceso más transparente, más participativo. No decíamos, seleccionemos a los jueces técnicamente, porque asumimos que los jueces no nacen de un repollo y que aplicar el derecho no es una tarea científica. Hicimos el documento, luego asumió Néstor Kirchner la presidencia con el 22% de los votos y para acumular legitimidad de ejercicio, tomó proyectos de la sociedad civil, uno de ellos el de una Corte para la Democracia. Así decidió que para proponer un candidato a la Corte, antes de mandar el pliego al Senado, se someta a la consideración de la sociedad. Buscar candidatos y candidatas que lograran pasar el proceso de escrutinio público, y luego el Senado. Lo único que va a mejorar la confianza en la justicia es más transparencia, más participación en los procesos de selección, no la votación popular. La votación popular de jueces -algo que Cristina Kirchner propuso en la primera reforma del Consejo y de la designación de jueces- es un modelo en el cual las mayorías eligen a los que controlan a las mayorías. Eso no lo queremos. Pero sí un proceso transparente, participativo, y el Consejo de la Magistratura falla en eso, porque se vuelve una especie de caja negra en la que políticos, supuestamente académicos, jueces y abogados que también vienen de la política, terminan haciendo acuerdos o trabando acuerdos y hace que no podamos designar jueces. Tiene problemas el Consejo pero no es un argumento a favor ni de neutralizarlo, ni de anularlo, ni de intervenirlo. La designación del presidente de la Corte como presidente del Consejo es una salida momentánea que encontró la Corte mientras el Congreso legisle una nueva ley del Consejo. La Corte declaró inconstitucional la reforma -demasiado tarde a mi gusto- pero pidió una nueva ley al Congreso. Hay que salir de la situación actual lo antes posible con una nueva ley.

- Hoy la Corte está jaqueada con el juicio político

- Es un juicio político que todos sabemos como va a terminar aunque en Argentina, no se puede afirmar nada. Pero las mayorías de los tercios requeridas para acusar y para juzgar en las dos cámaras no parece estar. Lo que tenemos es una Comisión de Juicio Político que hace una investigación y va a usar o está usando para esmerilar la legitimidad de la Corte o de algunos de sus miembros. Es contra todos los miembros pero parece haber una cierta vehemencia contra algunos de los cuatro. El tema ya ni atrae demasiado demasiado la atención a los medios de comunicación.

- Es paradójico que busque esos dos tercios un gobierno que ni siquiera pudo designar el Procurador General de la Nación o una ministra de la Corte donde se necesitan dos tercios del Senado.

- Eso es un enorme fracaso de toda la clase política. Ya llevamos al menos dos gobiernos de distinto signo político que no logran elegir al Procurador General de la Nación que es el jefe del Ministerio Público Fiscal, el jefe de los fiscales, el que dictamina ante la Corte Suprema en casos de interés de la sociedad. Es curioso que el gobierno se la pasa atacando a ese procurador interino cuando, en realidad, no nombra al que tiene que nombrar. El presidente Alberto Fernández propuso a Daniel Rafecas apenas asumió el gobierno y su propia coalición no lo vota. Lo mismo pasó con el gobierno de Macri. Hace casi siete años no hay procurador elegido como dice la Constitución. Hace como quince años que no tenemos Defensor del Pueblo, varios años sin una ministra de la Corte. Es fracaso de la clase política en general, porque la Constitución requiere dos tercios y en la historia argentina siempre se lograron los dos tercios para para tener esos funcionarios. El daño que se ha hecho en estos tiempos, por acción o por omisión, al funcionamiento del Poder Judicial es grave.

- ¿Habrá que esperar la llegada del nuevo gobierno para ir acordando estos temas?

- Debería ser agenda prioritaria de cualquier gobierno que asuma y la sociedad civil debería estar reclamándolo. Así como cientos de mil personas le reclamaron a Netanyahu que no se lleve puesto a la Corte Suprema de Israel, acá no se escucha a la sociedad civil reclamando porque se designe un juez de la Corte, un procurador, un Defensor del Pueblo. Entiendo que tenemos problemas muy graves y urgentes pero también los hay en Israel. Es una prioridad, no solamente del gobierno que llegue, también de la oposición. Nunca hubo problemas con esto. Cuando asumío Raúl Alfonsín, tuvo que designar a toda la Corte y no hubo inconvenientes. El partido gobernante y el justicialismo se pusieron de acuerdo y, desde mi punto de vista, fue la mejor Corte que tuvo la Argentina en los últimos 40 años. Tenemos que volver a algún tipo de acuerdo, con procesos transparentes y participativos. Cuando Macri intenta nombrar dos ministros en la Corte sin pasar por el procedimiento participativo, hubo una reacción de la sociedad que obligó al gobierno a realizar el trámite del Senado y al publicación de los antecedentes. El procedimiento lleva tiempo para que la gente reaccione, pero los jueces llegan con legitimidad al cargo.

Perfil

Roberto Saba es abogado, recibido en la UBA, doctor en Derecho. Fue Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo donde actualmente dirige el Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad.

Co-Fundador y Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) (2001-2009) así como Director Ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparency International (1995-1998).

Ejerce como Profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de las Universidades de Buenos Aires y de Palermo (Argentina) desde 1997.