Rosario: diez jornadas de conmoción y miedo, y el mayor desafío para el gobierno a menos de cien días de gestión

El recrudecimiento de la violencia en Rosario con hechos inusitados y de crueldad extrema causó conmoción social y política. La ciudad se paralizó en términos literales; no hubo taxis, colectivos ni escuelas. Una foto de pandemia, aunque se evitó establecer formalmente algún tipo de restricción en la circulación. La actividad comenzó a normalizarse con el correr de los días, pero el temor que sigue condicionando la vida cotidiana, no desapareció.

"Estamos muy golpeados", había dicho el jueves 7 de marzo en las puertas de Tribunales, Maximiliano Pullaro, antes de que se inaugurase el año judicial. Así se expresaba el gobernador, después de conocerse el asesinato de dos taxistas "al voleo"; a esos crímenes se sumaron, luego, el de un chofer de colectivos y el de un playero. Todas las alertas se encendieron en el gobierno provincial que comenzó a hablar de "actos terroristas".

El término "terrorismo" comenzó a acuñarse para explicar las acciones del narcotráfico durante la gestión anterior. Se mencionó a fines de 2021, cuando la violencia innovaba con balaceras contra locales gastronómicos; y lo mismo se decía en 2023, a propósito de ataques similares contra escuelas, comisarías, dependencias penitenciarias, cajeros de entidades bancarias y hasta contra un canal de televisión. Todos habían sido hechos graves, pero ninguno de la dimensión del crimen a sangre fría de personas inocentes.

Terror

Sin titubeos, el Poder Ejecutivo atribuyó los hechos atroces y brutales de la semana a una embestida promovida desde las cárceles como reacción a las requisas rigurosas que se habían realizado en el penal de Piñero, y exhibido públicamente a través de fotografías que difundió el propio gobierno.

Una explicación similar –aunque sin fotos- se ensayaba durante la gestión anterior, cada vez que debía buscarse una fundamentación a las balaceras que se producían contra edificios públicos o sitios de alta sensibilidad social. Para la administración actual, sin embargo, la irritación intramuros que se traduce en violencia urbana radica en el fin de "los privilegios" de esos presos de alto perfil. "Se acabó el home office y los delivery", es el mensaje vehemente y recurrente del oficialismo que no desmienten – hasta ahora- los representantes de la gestión anterior.

Agenda

Los hechos obligaron a levantar todas las actividades de agenda. Pullaro se constituyó en Rosario desde el viernes, y allí permaneció durante toda la semana. Lo reemplazó Gisela Scaglia –vicegobernadora- en las reuniones previstas en Casa Rosada, y se conformó un comité de crisis para abordar la situación. La provincia volvió a reclamar a Nación fuerzas federales, que terminaron arribando el jueves a la región. Todo ello, después de discutir con el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, desde los roles y tareas que les serían asignados a las fuerzas, hasta el grado de honestidad de los efectivos policiales provinciales. Superadas esas tensiones, el desembarco implicó, incluso, la presencia de la funcionaria nacional a la par del mandatario. Pullaro logró, además, un apoyo unánime de sus pares, y hasta el envío de efectivos bonaerenses, cedidos por Axel Kicillof.

El miércoles, el gobernador reunió al gabinete, también en Rosario. La situación de la ciudad fue el tema excluyente. El cónclave dio lugar a una exposición de los funcionarios socialistas, molestos por las declaraciones de Javier Milei. Ante la escalada de violencia, el Presidente volvió a cargar contra el PS: "Haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis; todo lo que tocan lo destruyen", reprochó.

Pullaro instó a los integrantes del gabinete a "no ideologizar" la problemática. Y reiteró su intención de mantenerse firme tanto en las requisas como en las políticas que se despliegan desde el Ministerio de Seguridad. Sobre esa base, el oficialismo apura la aprobación en la Legislatura de la reforma al Código Procesal Penal en términos más severos aún que los que habían sido planteados en la versión original del proyecto.

En el devenir, fueron rechazados más de cuarenta recursos de hábeas corpus presentados después de las requisas en Piñero. Deberá aguardarse, sin embargo, la evolución de una denuncia penal contra el Servicio Penitenciario ingresada este viernes al Ministerio Público de la Acusación por "violencia institucional", en el marco de las mismas requisas.